Con motivo de avanzar en las tareas propuestas para dar curso a una mesa de conciliación entre el Estado y las partes afectadas en el marco de la denuncia internacional que se tramita desde la CTA-A ante la Organización Internacional del Trabajo contra la República Argentina por violación al Convenio 169 de la OIT: Consentimiento, Previo, Libre e Informado a pueblos indígenas tribales en condiciones de aislamiento.
Dado que es el Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, es el órgano que ha sido creado a tal fin mediante la Ley Provincial N° 10.316 y que estaría en condiciones de dar lugar al requerimiento de los organismos intervinientes ante la violación de un convenio en concurso real, cuyo daño aún no ha sido reparado, ni se ha procedido a dar lugar a una restauración de derechos, y que además tiene como corolario al gobernador Dr. Martín Llaryora insistiendo ante la prensa local de que las obras de Autovía van a continuar hacia el norte de Cosquín hasta La Cumbre.
En la reunión que se dio lugar en el edificio de Avenida Alvear Nº 15, 2° piso de Córdoba Capital, oficiaron de anfitriones por parte del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, Alicia Puga -ex Secretaria General de la CTA Río Cuarto-; Lucía Villarreal; Marcelo Márquez; Carlos Loza, y Leticia Zabala por parte del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y participante de este Consejo Provincial. De parte de la CTA Autónoma Punilla, se hicieron presentes Cecilia Carrizo por el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP); Fernando Guzmán, Secretario de Derechos Humanos de la Central, y su Secretario General, el periodista Juan Yacobs.
Se hizo entrega con el documento de la reunión del 5 de diciembre del 2023, donde se constataron más de diez testimonios y con documentación referida a la vulneración del Convenio. El compromiso del Consejo Provincial Indígena es el de hacer parte a la Secretaria de Derechos Humanos Tamara Pez, para que en un corto plazo de tiempo se pueda convocar nuevamente y con anticipación a todas las partes afectadas en el conflicto y para que se finalice dicha conciliación estableciendo con claridad cuáles fueron los hechos que se sucedieron durante el año 2022 en territorio de pueblo indígena Kamiar-Kamichingon.
La CTA-A Punilla también dejó constancia ante las autoridades allí presentes del Ministerio de Desarrollo Humano, de que hay seis compañeros/as defensores ambientales que son llevados a juicio por las protestas ante la falta de consulta previa. Y que el próximo 29 de julio se dará lugar a la audiencia oral de apelación ante la Cámara del Crimen en Villa Dolores. Audiencia para la que ya se está realizando una convocatoria regional y en la que se espera la adhesión de un amplio espectro de organizaciones del activismo ambiental como Pañuelos en Rebeldía, Pan y Caramelo, Votamos Luchar y la CTA-A Traslasierra junto al acompañamiento de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba que conduce Federico Giuliani y la UEPC Capital que ya ha expresado su colaboración ante dicha instancia.
La Mesa Socio-Ambiental de la CTAA Nacional también se encuentra en análisis de la situación junto a distintas provincias del país donde se están abriendo diversos frentes de lucha socio-ambiental. Al día de la fecha, el Consejo Provincial Indígena tiene en sus manos un escenario donde un Convenio Internacional que es de su competencia no se está cumpliendo, y donde la falta de derechos se tributa con detenciones y procesamientos.
La CTA-A Punilla ha expresado siempre su voluntad de diálogo pero con el compromiso de que se detenga y se reparen de inmediato esta vulneración de derechos.