Despidos, pases compulsivos, prácticas extorsivas hacia el personal contratado, presión para una mayor productividad y violencia institucional por parte de las autoridades son algunas de las situaciones que, con mucho temor, sufren y se animan a contar algunes trabajadores/as de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba. También denunciaron que no se aplica un abordaje integral de la salud como un derecho, priorizando lo cuantitativo y exigiendo que la atención que se brinda a las personas con consumo problemático sea de 15 minutos, como si se tratara de un servicio de comida rápida. Un “McDonald’s de la salud”, según – aseguran – expresaron las autoridades. El reclamo lo tomó el gremio UTS-CTA.
A partir del año 2016 comenzó a funcionar la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba – antes Sepadic – bajo la órbita del Ministerio de Salud. Desde allí, se propugnan una serie de buenas prácticas en el marco de un proyecto que busca prevenir y brindar atención a la personas con consumo problemático a través de dos áreas: Asistencia y Prevención Territorial. Sin embargo, sus trabajadores parecen no recibir el mismo trato: con mucho temor, algunes se animaron a denunciar pases compulsivos, despidos, extorsiones al personal contratado (monotributistes y becaries), presión para lograr una mayor “productividad” y violencia institucional. “Rige la selección natural y el ambiente exige una práctica atomista y descorazonada para sobrevivir”, relataron.
A su vez, señalaron que en el año 2019 les trabajadores de planta se negaron a realizar tareas que no estaban relacionadas con su función específica ni con el área– como participar de los testeos de enfermedades de transmisión sexual y/o campaña de vacunación antigripal – las cuales aceptaron hacer algunes monotributistes – presionados – para así garantizar la continuidad de sus contratos. En relación a la atención que se brinda a las personas con consumo problemático, manifestaron que se aplica un paradigma vinculado a las neurociencias y no un abordaje integral y con enfoque de “la salud como un derecho”, priorizando así una cuestión cuantitativa en la que se les exige a los profesionales que reduzcan a 15 minutos el primer contacto con las personas y a 30 minutos el tratamiento psicológico, como si fuera un servicio de comida rápida o “un Mc Donald’s de la salud”, según escucharon decir a las autoridades.
Desde la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba (UTS-CTA), tomaron los reclamos y visibilizaron una campaña la última semana de junio en donde daban a conocer esta vulneración de derechos a les trabajadores y el clima hostil en el que desarrollan sus tareas. “Había 30 cuadrantes con más de 200 profesionales y talleristas. Hoy sólo quedan 50 profesionales”, señalaron. La legisladora del MST, Luciana Echevarría, denunció en la Unicameral, a principios de mayo, la violencia institucional que viene sufriendo –sobre todo– el personal del área de Asistencia, además de los cinco pases compulsivos y los nueve despidos que se produjeron entre marzo y abril en el Programa de Prevención Territorial. También exigió la implementación de la Ley de Salud Mental en el ámbito provincial como una garantía de protección de los derechos de las personas con consumo problemático, contra la intervención estatal desproporcionada en su vida íntima y en su salud.
El personal de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones estába conformado por trabajadores sociales, psicólogos, operadores terapéuticos, profesores de educación física, recreación y fotógrafos, entre otros.
Fuente: www.alreves.net.ar