Son bien conocidas las revoluciones latinoamericanas ocurridas a principios del Siglo XIX, todos hemos oído hablar del derrotero libertador de San Martín por lo que hoy es Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Pero ¿fueron estos los únicos intentos de liberación ocurridos en América a lo largo de 300 años de dominio español? En esta nota, les invito a explorar una serie de rebeliones que, por plantear la inversión del orden social y estar protagonizadas por indígenas, quedaron ocultas en la historia oficial tras la sombra de las posteriores independencias emprendidas por criollos blancos.
Por Bianca Tosco para La tinta
El dominio colonial en América fue cuestionado en varias ocasiones: levantamientos organizados por los mismos españoles, Estados paralelos como el montado por los incas en Vilcabamba y movimientos milenaristas como el Taki Onqoy abrieron alternativas al sistema social impuesto. Sin embargo, ninguno de ellos logró poner en jaque al orden colonial con el alcance territorial y la masividad de los levantamientos que son objeto de esta nota. Durante la década de 1780, la región andina se vio sacudida por revueltas radicales anticoloniales; la más conocida es la encabezada por José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. Sin embargo, esta se insertó en una serie de alzamientos que iniciaron a principios del siglo XVIII y hallaron su máxima expresión a finales de este. Las rebeliones, si bien fueron llevadas a cabo fundamentalmente por indígenas, a veces contaron con la participación de criollos y mestizos que, por diversas situaciones, se veían perjudicados por las políticas de la corona española.
Los motivos del descontento
Muchas fueron las motivaciones de quienes decidieron rebelarse. Entre otros atropellos, a fines del siglo XVI, los campesinos del Perú y del Alto Perú habían sido expulsados de las tierras que habitaban desde hacía siglos para que pasasen a residir en aldeas organizadas al estilo español los llamados pueblos de reducción. Allí se aglomeraron comunidades que anteriormente vivían a kilómetros de distancia entre sí, a las cuales les fueron designadas terrenos delimitados para su sustento. Tanto las zonas que debieron abandonar como las que efectivamente ocuparon fueron paulatinamente apropiadas por los españoles. Llegado el siglo XVIII, el crecimiento demográfico y la necesidad de producir más alimentos generó una presión sobre el suelo que hizo insostenible la producción y la subsistencia.
Además, la vida cotidiana estaba atravesada por la explotación permanente. El sistema de extracción de riquezas estaba organizado alrededor de la explotación de Potosí ―el centro minero argentífero más importante del mundo en ese momento― y el circuito comercial que movilizaba. Para garantizar trabajadores indígenas para las minas, existía el sistema de la mita, que consistía en la obligatoriedad de servir en la extracción del metal durante determinado tiempo. A la par, las comunidades pagaban el tributo por el mero hecho de ser vasallos del rey y, para fines del XVIII, debían enfrentar el problema del “reparto de mercancías». Mediante este sistema, los corregidores ―funcionarios encargados de, entre otras cosas, cobrar los tributos y administrar justicia― obligaban a los indios a comprar bienes de consumo cobrados a precios excesivos y adquirir con ello una deuda que luego debían pagar con su trabajo o en productos.
Sobre el reparto, Tupac Amaru decía en 1781: “Nos amontonan con violencia por diez o doce pesos la vara; el cuchillo de marca menor que vale un real nos dan por un peso; la libra de fierro más ruin, también a peso, la bayeta de la tierra de cualquier color que sea no pasa de dos reales y ellos nos la dan a peso; fuera de esto, nos botan alfileres, agujas de Cambray, polvos azules, barajas, anteojos, espejitos, estampitas, trompas de muchachos, sortijas de latón y otras ridiculeces de esta especie que no nos sirven. A los que tenemos alguna comodidad, nos botan fondos, terciopelos, piñuelas, sarguillas, calamacos, medias de seda, encajes, hebillas de metal, platillos, ruanes en lugar de olanes y cambrayes, como si nosotros los indios usáramos estas modas españolas, y luego en unos precios tan exorbitantes que, cuando llegamos a vender, no volvemos a recoger la veintena parte de lo que hemos de pagar”.
Explotación laboral, mita minera, pago de tributos, reparto de mercancías, presión sobre la tierra, todo incitaba al descontento generalizado. La gota que rebalsó el vaso fueron las reformas borbónicas, una serie de cambios ejecutados por la Corona que se profundizaron durante la segunda mitad del siglo XVIII. Mediante estas medidas, se buscó afianzar y centralizar el control de la metrópoli sobre sus dominios coloniales y, fundamentalmente, acrecentar sus rentas y extraer más beneficios económicos para el rey.
Entre otras cosas, se crea el Virreinato del Río de La Plata (1776); pero lo primordial es que esta serie de reformas involucraron un aumento en las cargas fiscales a las que estaban sometidos los vasallos coloniales. A la expoliación, se sumaron el establecimiento de monopolios estatales, aumentos en los impuestos a la circulación de mercancías ―como las alcabalas―, más puestos de cobro (las aduanas) y la imposición de nuevos aranceles a bienes que estaban exentos.
Las rebeliones andinas: La inversión del orden social
¿Qué proponían los sublevados como alternativa al sistema vigente? Dentro del universo de levantamientos, las propuestas fueron diversas, no obstante, tenían en común la intención de restituir la facultad de gobernar a las comunidades originarias y un espíritu anticolonial. Las revueltas andinas cuestionaron las bases del orden político vigente: la soberanía española y la subordinación política de los indios, esto es, los fundamentos raciales bajo los que se justificaba el sometimiento. Desconocieron al rey de España y las autoridades que lo representaran, afirmaron la autonomía indígena y reinterpretaron lo que debía ser un “buen gobierno”.
Cuatro regiones se constituyeron en epicentros de la lucha: el norte de Potosí, el Cuzco, La Paz y Oruro. En la primera de ellas, ubicada en la provincia de Chayanta, una de las tantas comunidades andinas exigieron el reemplazo de “caciques intrusos” por verdaderos representantes de la comunidad, entre ellos, Tomás Katari, quien fue apresado en múltiples ocasiones. Previo al estallido de la violencia, habían dirigido sus reclamos a las instituciones judiciales, a las cuales les recordaron su derecho de autogobierno. Como respuesta al repetido incumplimiento por parte del corregidor Joaquín Alós de las órdenes ―emitidas por tribunales regionales y por un decreto del virrey― de destitución del cacique ilegítimo Blas Bernal, los machas sometieron a la humillación pública al primero, ajusticiaron al segundo, reclamaron la liberación de su líder y tomaron el control de la provincia.
Meses más tarde, en la región del Cuzco, el cacique José Gabriel Condorcanqui se proclamaba Inca Rey y tomaba el nombre de Tupac Amaru II en honor al último inca que resistió la conquista en Vilcabamba hasta 1572. En esta zona, la rebelión se inició con el ahorcamiento del corregidor de la provincia de Tinta, Antonio de Arriaga, y proclamó el fin de la mita y del pago de impuestos. Miembro de la aristocracia andina, las acciones de Amaru ponían de manifiesto el cuestionamiento sobre quiénes debían ejercer la soberanía y cómo se debía gobernar al pueblo, recuperando la tradición imperial incaica. Al mismo tiempo, al ser arriero, Amaru supo alinear los intereses de diversos sectores sociales ―incluidos criollos y mestizos― que se vieron perjudicados tanto por la disrupción del circuito comercial surandino como por los impuestos que afectaron a esta ruta, quienes se sumaron, al menos temporalmente, a la insurrección.
La conformación del ejército rebelde se basó en la estructura social andina, es por ello que no debemos imaginarnos una formación militar de línea, sino familias enteras campesinas. Las mujeres participaron activamente de la rebelión: recientemente, se ha recuperado el rol primordial de Micaela Bastidas, esposa y lugarteniente de Amaru. La represión luego de la derrota fue terrible y las penas más violentas cayeron sobre quienes llevaban sangre indígena: Bastidas fue sentenciada al ahorcamiento y descuartizamiento, tortura a la que se sometió también a Amaru. Frente a la imposibilidad de desmembrarlo con caballos, fue decapitado y las partes de su cuerpo fueron repartidas por el territorio en señal de escarmiento.
Luego de la muerte de Tupac Amaru II, el centro de la rebelión se trasladó hacia el sur, en La Paz. En marzo de 1781, Tupac Katari (Julián Apaza) ―a la cabeza de un ejército de 40.000 indígenas aymaras― tomó el control de El Alto para bloquear los accesos de la ciudad, generando una crisis y hambruna generalizada. Los cercos de La Paz tuvieron como objetivo dar muerte a todos los habitantes de la urbe y deshacerse del yugo español para restaurar un orden andino libre del dominio colonial. La fase aymara de la rebelión tupamarista tuvo como característica la horizontalidad en la dirigencia del movimiento, una concepción política igualitaria y su base en las comunidades.
Se produjo una radicalización de la violencia contra lo español y lo blanco como resultado del fracaso de una alianza entre criollos e indígenas en Oruro en febrero de 1781. Durante los cercos de la ciudad, Bartholina Sisa se tituló virreina y fue capitana de los rebeldes, mientras que Gregoria Apaza ―reconocida como cacica entre los suyos― se constituyó como nexo entre la rebelión cuzqueña y la paceña, organizando y participando de la toma de la ciudad de Sorata.
De la represión al olvido
Una vez sofocados los alzamientos, los rebeldes fueron juzgados y sentenciados a castigos escabrosos. Pero la represalia no se expresó solo sobre los cuerpos, sino que cayó sobre toda la cultura andina. En los años inmediatamente posteriores a las rebeliones, la corona ejecutó una campaña iconoclasta de “purificación cultural” contra todo aquello que recordara la identidad étnica, la cual fue asociada a ideas subversivas: fueron borrados todos los simbolismos incas, los caciques indios reemplazados por funcionarios no indígenas, se prohibieron las danzas, las músicas rituales, el uso de vestimentas tradicionales e, incluso, se intentó impedir hablar en quechua.
Las rebeliones andinas pusieron en cuestión el ordenamiento social y la sujeción de los indígenas a los estratos de poder. Luego de las revoluciones de independencia, los nuevos gobernantes de las elites criollas procuraron mantener inalterada la pirámide social y el recuerdo de los levantamientos amenazaba su posición de privilegio. A pesar del discurso de la libertad, las nacientes repúblicas mantuvieron intacta la estructura de castas, asegurándose de que la población indígena permaneciera anclada a su rol de mano de obra subordinada y, por ello, los relatos oficiales nacionalistas se ocuparon de omitir las rebeliones andinas de sus historias fundacionales. A pesar de la invisibilización, las referencias a lo indígena perduraron en lo simbólico. Al grabador y platero Juan de Dios Rivera ―nada más y nada menos que el sobrino de Tupac Amaru II― se le atribuye imprimir el sello andino al escudo de las Provincias Unidas del Río de la Plata: el Sol de Mayo es, al fin y al cabo, el Inti o sol incaico.
Para conocer más de esta historia, recomiendo el libro Revolución en los Andes: La era de Tupac Amaru de Sergio Serulnikov.
Fuente: www.latinta.com.ar