Este viernes 16 de febrero se realizará la audiencia preliminar al juicio contra el estudiantado procesado de la UNC. En esta instancia se abrirán todas las pruebas que se han presentado hasta el momento.
Se reactiva la causa que criminaliza la defensa de la educación pública, que tuvo una convocatoria multitudinaria durante el gobierno de Mauricio Macri en el 2018.
Luego de seis años, se fijó la fecha de audiencia preliminar al juicio contra 27 estudiantes procesados. Esta instancia está a cargo del juez Pablo Montesi, el magistrado quedó frente a la causa luego de que el juez federal Bustos Fierro se jubilara.
En diálogo con EL RESALTADOR, el colectivo de “estudiantes procesadxs” explicó que se abrirán todas las pruebas que se han presentado hasta el momento. Hay más de 400 testigos en defensa de las y los alumnos, y material fílmico que muestra la magnitud política de este conflicto que tuvo escala nacional, con más de 57 universidades tomadas.
Ante este panorama, convocan a acompañar la concentración por la audiencia. Llaman a organizaciones estudiantiles, centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones de DDHH, feministas, socioambientales, territoriales, partidos políticos, asambleas y a la sociedad en general en la puerta de Tribunales Federales -esquina de Avenida Concepción Arenal con calle Wenceslao Paunero- el día viernes 16 de febrero a las 9 horas.
Desde “estudiantes procesadxs” expresaron que “en 4o años de esta democracia, es la primera vez que un conflicto con ocupaciones dentro de las universidades públicas se judicializa involucrando a tantos estudiantes. El otro caso fue también en 2018 en la Universidad Nacional de Río Negro, pero la causa fue sobreseída gracias a las movilizaciones populares en 2022”.
Aun así, resaltaron que después de años de lucha y a pesar de la represión, siguen firmes en defensa de la educación pública, gratuita, laica y al servicio de los trabajadores y el pueblo.
Las y los estudiantes consideran que mediante la movilización y la organización se puede lograr la absolución, e hicieron un paralelismo con la presión social que impulsó la caída de la Ley Ómnibus.
“La criminalización de la protesta social es una práctica que se profundiza mientras el actual gobierno ataca todos nuestros derechos mediante el DNU y reformas profundas del estado como el intento de la Ley Ómnibus. Anuncia más desfinanciamiento a la educación, la cultura y al CONICET; pone en pie un protocolo anti-protesta, con la intención de reprimir toda expresión y manifestación callejera que cuestione esos planes”, concluyeron.
Fuente: www.elresaltador.com.ar