En su evaluación de un año plagado de conflictos, Federico Giuliani, Secretario General de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba valoró el crecimiento cuantitativo porque la CTA “pasó de 20 mil a 33 mil afiliados, sumando gremios privados. Pero el crecimiento también es cuantitativo por los cuadros que se integraron como los territorios políticos y administrativos donde hoy estamos y que hace tiempo no había nada. Es el caso de Bell Ville, Punilla, Traslasierra o el Norte provincial”.
En una larga charla con el trabajador del SENASA donde se repasó el panorama nacional y local para hacer un balance de lo actuado desde ATE y la CTA en 2022, Giuliani dio su mirada sobre la realidad que nos toca vivir a las y los trabajadores.
Entrevistado por el programa radial “Entre Todos y Todas”, que emite la Secretaría de Prensa de ATE Córdoba los martes a las 18 horas por GENFM 107.5, Giuliani respondió sobre la alta conflictividad que está ocurriendo este fin de año.
-No hay sectores sin conflicto. ¿Por qué llegamos así a Fin de Año?
-Todos los años son difíciles porque la puja por la distribución de la riqueza es permanente. Tenemos patronales privadas y públicas que cada vez quieren ajustar más sobre los sectores populares, empujando la pirámide salarial para abajo cada vez más y las organizaciones libres del pueblo, como en este caso la Central, que pelean por condiciones dignas de trabajo y por un proyecto de sociedad distinta van a dar pelea.
Este año es como todos los demás, con la particularidad de haber estado atravesado por la salida de la pandemia, que ahora vemos que no es tal porque el virus continúa, pero sobre todo porque los coletazos de la pandemia no los pagamos de la misma manera, de la forma equitativa que debió darse. Claramente los sectores concentrados siguen concentrando y los asalariados y desocupados cada vez tienen menos.
En esa tensión, el año tuvo muchas peleas y hoy vemos como en Río Primero no podemos cerrar un frente de conflicto porque la patronal de la Municipalidad no quiere dar el brazo a torcer por un Bono de Fin de Año, que tampoco es la solución a nada, pero por lo menos significaría tener algo más en la mesa. Esa es la síntesis de la CTA este año, cruzada por su elección, tanto a nivel nacional como provincial y las seccionales y regionales.
Se mostró un crecimiento cuantitativo porque esta Central pasó de 20 mil a 33 mil afiliados, sumando gremios privados. Pero el crecimiento también es cuantitativo por los cuadros que se integraron como los territorios políticos y administrativos donde hoy estamos y que hace tiempo no había nada. Es el caso de Bell Ville, Punilla, Traslasierra o el norte provincial.
–En los conflictos dentro del Estado a ATE le toca enfrentar patronales del peronismo, el radicalismo o el PRO. ¿Qué relación tiene el acuerdo con el FMI más allá de estas diferencias partidarias para que el ajuste vuelva a recaer sobre los sectores trabajadores?
-La primera definición es que el patrón es patrón más allá del partido político que integre y donde podemos tener un acercamiento mayor o menor. Cuando llegan a las gestiones se olvidan de las promesas de campaña y se comportan como patrones de estancia. Y ahí surge la puja: si nos dejamos llevar por delante por funcionarios que están de paso -porque las y los estatales desarrollan una carrera desde que entran al Estado hasta que se jubilan- o nos paramos para defender la dignidad del trabajador, que es el mandato que tenemos de nuestras bases.
Por otro lado, el acuerdo con el Fondo va direccionado a achicar el gasto público, y cuando se habla de gasto sabemos que apuntan contra los trabajadores, eso significa perder salarios y derechos. Pero esto implica también achicar servicios que el Estado (sea nacional, provincial o municipal) brindan a la sociedad, no como un negocio sino en tanto derechos de la población. Así, se afecta la salud pública, la educación, faltan viviendas o son indignas, no hay acceso a la tierra ni para el que quiere construir ni para el que quiere trabajarla.
En ese marco, el contrato inmoral que firmó el gobierno con le FMI por una deuda que no generamos nosotros, sino que sabemos que Macri la fugó la exterior y este gobierno ni siquiera la auditó, la aceptó y la está pagando. Los números son evidentes: la mitad de la población es pobre y la mitad de los pobres son indigentes. Con esos números es impensable plantear una paz social. Por eso la CTA estará a la vanguardia de los conflictos que se sucedan.
–La FENAT como pata territorial de la CTA tiene un desarrollo importante y alcanzó a poner algunos parches en las carencias cotidianas como es el acceso a los programas Potenciar Trabajo. ¿Cómo evaluás la política del Gobierno hacia los territorios que no genera trabajo genuino sino una asistencia con gusto a poco?
-Es un paliativo con una mirada caritativa que solidaria e inclusiva. En Argentina sobra trabajo. Si tuviéramos un Estado Nacional que construya viviendas, arregle escuelas y hospitales hasta nos faltaría mano de obra. El problema es que no la quieren pagar, o la pagan de manera miserable. Estos planes que no superan la línea de indigencia imponen una visión asistencialista, muchas veces trabajadas por organizaciones sociales de manera punteril y replicando el clientelismo político lamentable.
Ahora, a partir de una denuncia donde decían que algunos beneficiarios de la asistencia social compraban dólares, está investigando la Justicia. Nosotros decimos, por qué no poner la lupa de la AFIP en los que evaden de verdad, las cerealeras, los grandes mercados concentradores de hacienda, todo lo que sale del puerto y no se audita ni se tarifa, los que tienen ahorros en dólares en el exterior. Evidentemente este gobierno hace rato que dejó de ser nacional y popular, pro más que digan otra cosa, y su punto de inflexión fue Vicentín, cuando se tuvo la posibilidad de recuperar una empresa alimentaria en un país con hambre y no se quiso hacer. A partir de ahí hay una política de persecución a los que menos tienen y lo de los Potenciar Trabajo es evidente.
Esto no se soluciona con un manguito mas o menos, acá hay que generar trabajo y empezar a hablar del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), refundarlo a partir de la perspectiva de la práctica. Está contemplado en la Constitución Nacional, pero hoy el Estado no lo cumple ni lo hace cumplir a las patronales privadas. Según el Consejo del Salario, hoy un SMVyM es de 57 mil pesos, la línea de la indigencia, cuando debería garantizar que podamos vivir dignamente. ¿Por qué un obrero no puede salir a comer una pizza con la familia o ir al cine o vestir a sus hijos? Estamos en una dualidad entre pelear para sobrevivir o empezar con un proyecto para vivir dignamente. En eso estamos y no me cabe la menor duda que para este Gobierno y para los que mandan siempre es más fácil adoctrinar, verduguear y perseguir a los que menos tienen que a los poderosos de verdad que se la siguen llevando en pala.
Fuente: www.atecordoba.org