Por Pablo Callejón*
Desde su radicación en diciembre de 2003, los slots se llevaron de Río Cuarto el equivalente a todo un presupuesto anual del municipio. El dato surge de un análisis elaborado por el contador Matías Scasso para el bloque de Juntos por el Cambio. El informe precisó que hasta diciembre del año pasado, el Casino recaudó mil 868 millones de pesos en términos nominales. Sin embargo, cuando el monto se actualiza por el índice de precios al consumidor del INDEC, la concesión a cargo del grupo Roggio se llevó la friolera de 14 mil 540 millones de pesos, una cifra superior a todo el presupuesto anual del municipio de Río Cuarto para este año.
El mecanismo insaciable de recaudación de las tragamonedas, con un alto costo social entre los sectores más vulnerables, se reveló en el estudio contable que midió mes a mes el volumen de dinero que se dilapidó en el juego durante 18 años. En ese periodo, el municipio solo recibió el 4 por ciento de la recaudación. En total, ingresaron a las arcas riocuartenses 74 millones 726 mil pesos, que se elevan a 562 millones cuando se actualiza el monto por inflación.
La plata que se fue a través del juego en este periodo equivale a 12 presupuestos de obras públicas y es casi el doble de la inversión en servicios sociales para el 2022. El estudio de los asesores económicos del bloque opositor destacó, además, que el dinero derivado a los slots hubiera permitido construir unas 3 mil viviendas de 45 metros cuadrados.
El plazo de mayor crecimiento para los slots fue el comprendido entre 2013 y 2017. Luego, hubo una moderada baja hasta que irrumpió la pandemia. Durante el 2020 y parte del 2021, el Casino vio fuertemente resentida la actividad por cierres temporarios y los cupos de admisión para el ingreso a las salas. Sin embargo, este año la actividad volvió a ser normal y se pueden observar largas colas en el acceso al edificio ubicado en Capitán Manuel Giachino al 500.
La firma CET pertenece al poderoso grupo cordobés Roggio, que comenzó a vincularse con negocios del Estado desde 1978, en plena dictadura militar, cuando estuvo a cargo de la construcción del estadio Chateau Carreras, hoy Mario Kempes. También apareció implicado en la “causa de los cuadernos”, que investigó presuntas coimas durante el gobierno del kirchnerismo, y en la investigación por supuestas irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras, en el denominado caso Odebrecht.
Según surge de su página oficial, la concesionaria cuenta con más de 1000 personas empleadas directamente y 800 empleos indirectos. A pesar de los miles de millones de pesos de recaudación, la empresa promociona “los aportes a las actividades de bienestar social, como construcción de escuelas y hogares para familias de escasos recursos”.
CET comenzó a operar en Río Cuarto en el 2003, pero un año antes resultó adjudicataria de la licitación convocada por el Gobierno de Córdoba para lo que se denominó un “Programa de Desarrollo Turístico” que ocultaba, en realidad, el impulso del millonario negocio del juego.
Los intentos de la Municipalidad por regular los horarios de apertura y cierre del Casino confrontaron con el rechazo del Tribunal Superior de Justicia y posteriormente, con el fallo adverso de la Corte Suprema, que declaró inadmisible el recurso planteado por el Estado local. El ex secretario de Gobierno, Ignacio Fernández Sardina, opinó que el máximo tribunal ratificó el fallo del TSJ “porque la Municipalidad ya había aprobado el convenio que vence a fin de año y no podía desconocerlo”. Para el abogado radical, el vencimiento del acuerdo habilita a una nueva oportunidad para incidir sobre el funcionamiento de las tragamonedas, aunque desde el oficialismo consideran que la regulación es solo potestad de la Provincia.
La empresa CET habían calificado de “inconstitucional” que el municipio intentara en 2014 regular los horarios y habló de “una amenaza a la relación jurídica o a un derecho en trance de ser lesionado”, en su defensa ante el Tribunal Superior. El planteo central apunta al poder que tiene la Provincia en la “concesión de una licencia para explotar una determinada actividad (juegos de azar) y bajo un régimen determinado, que incluye la posibilidad de instalar y explotar máquinas de juego o slots en las diferentes localidades existentes en la Provincia y de fijar un determinado horario y los días de funcionamiento”. Para los empresarios, los derechos son “otorgados y asegurados por la Provincia en el marco de competencias constitucionalmente atribuidas”.
La Ley 8655 le asigna a la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, bajo el control del Poder Ejecutivo, “todas las atribuciones y derechos con respecto a las actividades vinculadas con los juegos de azar en todas sus expresiones”.
El 16 de diciembre de 2021, la Legislatura de Córdoba aprobó una prórroga de cinco años para que la Concesionaria de Entretenimientos y Turismo continúe hasta 2027 con la explotación de las 5.700 tragamonedas que funcionan en todo el territorio cordobés. La empresa se garantizó en exclusividad un negocio millonario que seguirá convertido en un insaciable recaudador de las apuestas de los riocuartenses.
*Periodista. Póster Central