La CTA Autónoma Córdoba rechazó y repudió “el juicio en la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje que seis defensores ambientales de la provincia enfrentarán a partir del 18 de diciembre por haberse manifestado colectivamente en la ciudad de Cosquín en agosto de 2022, en el marco de la resistencia contra la construcción de la Autovía de Punilla sin licencia social”, sostiene un comunicado.
Y agrega: “Dicha avanzada judicial en la criminalización y judicialización de la protesta por parte del Gobierno de Llaryora, en sintonía con el de Javier Milei, pretende disciplinar cualquier reclamo colectivo mediante condenas ejemplificadoras para mantener invicto el modelo del agronegocio que gobierna la provincia desde hace más de un cuarto de siglo”.
Para la Central, “esta decisión busca advertir a todas las luchas territoriales, gremiales, sociales y políticas de la provincia que las autoridades están dispuestas a poner en riesgo el derecho a la protesta, recurriendo a la persecución y judicialización – incluida la pérdida de la libertad como lo fue en el caso de los compañeros y compañeras de la FeNaT y la CTA-A el 28 de agosto pasado- para defender incondicionalmente los intereses empresariales que representa”.
“En Córdoba y el país se avecinan luchas mucho más profundas contra el extractivismo -como ocurre ahora mismo en Mendoza-, y en los conglomerados urbanos otras tantas contra una Reforma Laboral regresiva. Ambos planos pondrán a prueba la capacidad de articulación entre las asambleas ambientales -generalmente recelosas de la militancia social y sindical- y las organizaciones populares, proclives a confundir eco socialismo con hippismo. Resolver esas contradicciones secundarias que conviven entre los damnificados por el sistema de saqueo y explotación, es un requerimiento urgente de la hora”, sentencia la declaración de la CTA Autónoma Córdoba.