Cruz Alberto Martín, Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba, es Licenciado en Enfermería -actualmente jubilado luego de trabajar muchos años en el Hospital Regional de Laboulaye, ciudad ubicada a 364 kilómetros al sur de la capital provincial- y dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS-CTA).
“Cacho” Martín subrayó que “la problemática de la discapacidad es transversal y abarca muchas temáticas para garantizar la plena participación social de las Personas con Discapacidad. La acción gremial para la obtención y conservación de trabajo; la eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas; la adecuación de puestos de trabajo; el acceso a la salud; combatir la discriminación por género; transporte accesible, entre otros”.
El dirigente señaló además que entre un 7 y 10% de la sociedad tiene alguna discapacidad y hoy el Gobierno ha desmantelado la poca protección que se había conseguido. “La CTA abrió un espacio de organización y lucha para el colectivo de las Personas con Discapacidad desde la perspectiva de los trabajadores”.
A su juicio, “la discapacidad está estrechamente ligada a las condiciones sociales y políticas. La inmensa mayoría de los discapacitados provienen de las clases bajas, donde el hambre y la pobreza extrema dejan secuelas para toda la vida. También los accidentes laborales son una de las principales causas de la discapacidad: El trabajo en negro, la flexibilización laboral, la ausencia de leyes que protejan la salud de los trabajadores, son todos factores promotores de la discapacidad”.
Martín denunció que no se cumple con lo previsto por la Ley 22.431 del año 1981, que en su artículo 8 establece: “El Estado Nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Para el dirigente de la CTA-A, “nunca se vivió una situación tan adversa para el acceso a los derechos para las Personas con Discapacidad. Se lucha, se resiste, pero no alcanza”.
“Si hablamos de discriminación en relación al empleo, uno de los colectivos más afectados son los trabajadores con discapacidad. Ello a pesar de que en nuestro país existe una frondosa legislación de protección y promoción del empleo para trabajadores discapacitados”, explicó.
“En un contexto donde el desempleo afecta al 90% de trabajadores con discapacidad, el Gobierno Nacional lejos de mejorar los programas de empleabilidad, inserción y estabilidad en el empleo, ha dispuesto medidas que directa o indirectamente afectan a ese colectivo de trabajadores. Desde la CTA-A rechazamos los reiterados intentos de dar de baja las pensiones por invalidez”, remató Martín.