El Gobierno Nacional informó que cerrará el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. Esta decisión, en continuidad con el desfinanciamiento o cierre de otras políticas públicas, implica un nuevo intento de negar el acceso a derechos básicos por parte del Gobierno Nacional.
El aporte de agricultura familiar a la mesa de los argentinos es innegable. No sólo porque provee a millones de familias de una parte importante de la dieta alimentaria, sino que además agrega valor y provee al mercado interno de alimentos de calidad, y acompaña a las comunidades originarias en la revalorización de la cultura en sus formas ancestrales de producir alimentos.
Es de notar, además, que en este sector se sostiene con trabajo mayormente de mujeres, por lo que una vez más se va a contramano de los derechos de género.
Claramente, al dar de baja a Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, el gobierno apuesta a beneficiar a los agro negocios exportadores y al complejo agrotóxico.
Desde la Federación Nacional Territorial -FeNaT-CTAA se le exige al Gobierno Nacional que revea esta decisión que, además de dejar sin empleo a más de 900 trabajadores y trabajadoras, deja en la más absoluta desprotección a miles de familias productoras.
Fuente: www.ctaa.org.ar