Por Juan Carlos Giuliani*
Abatido por la paliza electoral de octubre, Llaryora avanza en la aplicación de políticas contrarias a los intereses de los trabajadores activos y jubilados, acentúa el punitivismo para sofocar cualquier atisbo de protesta y de presencias “desagradables” en las calles, y se dispone a satisfacer las demandas del electorado de derecha en un desesperado intento por recuperar parte del terreno perdido.
Ni que hablar de la manipulación de la Justicia adicta que hace y deshace causas a medida de los requerimientos del poder real al que responde Llaryora, otro de los gobernadores del “Cordobesismo” que se ufana en ser la cabeza de un Gobierno del Agronegocio en la provincia.
Córdoba ostenta el penoso privilegio de ser una adelantada en materia de criminalización de la protesta social y, para ello, cuenta como alfil con el Fiscal Ernesto de Aragón, hostigador serial de ATE y la CTA Autónoma, que es una figura clave dentro del aparato judicial cordobés a la hora de aplicar el garrote al reclamo callejero. Fue el que libró la primera represión en la era Milei: El desalojo a un “Cacerolazo” en el centro capitalino cordobés, en rechazo al DNU 30/2023.
La Reforma Previsional aprobada entre gallos y medianoche después de una masiva marcha de trabajadores estatales (provinciales y municipales) -que copó el centro de Córdoba- para rechazar el proyecto del Gobernador Llaryora de hacer responsables a los laburantes del desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, la Legislatura lo aprobó la madrugada del 18 de diciembre. Es unánime el rechazo gremial a la suba de aportes a la Caja de Jubilaciones y a la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), lo que implica una transferencia de ingresos de los bolsillos de los trabajadores a Rentas Generales para enjugar el sobreendeudamiento del Estado. Esta pelea, por la envergadura de los contendientes –entre los que se cuenta el legendario Secretario General del SUOEM, Rubén Daniele-, da la impresión que recién empieza.
La política de “mano dura” que sostienen Llaryora y su Ministro de Seguridad, el ubicuo Juan Pablo Quinteros, va a contramano de la vigencia plena de los derechos humanos y se subordina a la concepción represiva de Milei, Bullrich y la casta. La Legislatura de Córdoba aprobó recientemente la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, un organismo nuevo con competencia en establecimientos penitenciarios y dispositivos de privación de la libertad, lo que no impide afirmar que Córdoba sigue sin mecanismos de prevención de la tortura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene bajo la lupa al Poder Judicial y al Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC), señalando el uso “abusivo” de la prisión preventiva y las condiciones de hacinamiento extremo en las cárceles provinciales. En Córdoba, las cárceles están saturadas y la prisión preventiva se volvió la norma. Datos del Servicio Penitenciario Provincial y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura revelan un sistema que encierra más de lo que puede contener, mientras la CIDH advierte que el hacinamiento y la deliberada lentitud judicial transforman la preventiva en un castigo anticipado.
La última iniciativa destinada a “prestar oídos a la gente de bien” estigmatiza y persigue a los sectores más vulnerables de una comunidad golpeada por la pobreza y el desempleo. Llaryora avanza con la sanción de un nuevo Código de Convivencia que prohibirá a los trapitos y a los limpiavidrios callejeros –que generan malestar en sectores medios altos y altos, porción del electorado que no votó por el “Cordobesismo” en la última elección- medidas que le darán a la Policía Provincial –que tiene a buena parte de sus jerarcas presos en el penal de Bouwer por distintos hechos de corrupción- nuevas facultades. El debate del nuevo Código de Convivencia -que apunta a criminalizar la pobreza- también sirve para tapar el escándalo que hay en la Legislatura por la designación de los procuradores penitenciarios, cargos vitalicios que estarán en la cúspide salarial del Estado Provincial.
Quinteros, uno de los tantos “canguros” de la política cordobesa, adscribe a la doctrina fascista de Bullrich y avala la política del garrote contra los “Naranjitas” y todos los que se animan a salir a la calle a protestar contra la escandalosa desigualdad social que impera en la provincia. El propósito del poder consiste en castigar a los que piden.
No hay espacio para asombrarse por el apoyo de los legisladores de Llaryora a los proyectos de ley reaccionarios que envía Milei al Congreso –aparentemente despreocupado por el festival de actos de corrupción que salpican a su Gobierno- y que aprueban a mano alzada sus patéticos congresistas y la “oposición dialoguista”, de la que forma parte el “Cordobesismo”.
Habrá que ver si la voluntad de bañarse en las aguas turbias de la ultraderecha libertaria no le acarrean a Llaryora otro tropezón en las elecciones de 2027. Al fin y al cabo, la gente siempre opta por el original y desdeña las fotocopias.
*Periodista. Escritor. Congresal Nacional de la CTA Autónoma en representación de la provincia de Córdoba