El Tribunal Superior de Justicia de la provincia admitió una demanda para que la Ley 10830, promovida por el gobernador Juan Schiaretti y su Secretaría de Ambiente hace un año, sea declarada insconstitucional, al tratarse de una modificación regresiva de la Ley de Política Ambiental al dar una protección menor a la anterior.
Las asambleas y organizaciones cordobesas consideran que está decisión judicial significa que el gobierno de la provincia deberá someterse a un juicio acusado de haber pergeñado, promovido y ejecutado una modificación regresiva de la Ley de Política Ambiental, es decir que protege menos que la anterior.
Cabe recordar que en agosto de 2022 la legislatura provincial modificó, por pedido del Ejecutivo cordobés, esta norma de manera intempestiva en una sesión exprés.
Las modificaciones eliminaron exigencias para la presentación obligatoria de Estudios de Impacto Ambiental y convocatorias a Audiencias Públicas para los casos más sensibles en materia socio-ambiental, favoreciendo a corporaciones inmobiliarias, grandes empresarios rurales, empresas constructoras viales y compañías de telecomunicaciones.
En aquel momento, el rechazo de organizaciones ambientales, asambleas de vecinos y referentes provinciales fue unánime porque adviertían que esta nueva ley habilitaba “más desmontes para loteos, rutas, caminos y producción agroindustrial contaminante, acopio de insumos agrícolas (semillas transgénicas y curadas, agrotóxicos) en áreas urbanas y minería a cielo abierto”.
“Es evidente que las modificaciones tienen como único objetivo eliminar exigencias para desarrollar ciertas actividades que, no solo favorecen a los desarrollistas inmobiliarios y megaempresarios de la agroindustria y al sector minero, sino que son perniciosas para la vida de las personas, provocando más enfermedad y empobrecimiento en las poblaciones, tanto urbanas como rurales”, agregaban.
Esta acción judicial había sido interpuesta por la Asamblea de Vecinos del Chavascate (Sierras Chicas), ADARSA ONG (Valle de Punilla) y el Foro Ambiental de Traslasierra, a través de los abogados Juan Smith, Marcela Fernández y René Amsler.
Fuente: www.redeco.com.ar