Por Juan Yacobs*
El viaje del Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani. en diciembre del año pasado a la ciudad de Ginebra, Suiza, tuvo un resultado institucional concreto: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirmó la recepción formal y el avance de la reclamación internacional contra el Estado argentino por la violación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales.
La denuncia, presentada personalmente por Giuliani en la sede de la OIT en Ginebra, fue recibida por Rosinda Silva, integrante del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES), en el marco del artículo 24 de la Constitución de la OIT. La presentación fue impulsada por la CTA Autónoma, ATE Nacional, ATE Córdoba y el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA), y tiene como eje central el incumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada en relación con la obra vial conocida como Autovía de Punilla, además de la criminalización de la protesta ambiental y territorial en la región.
En una nota oficial fechada el 23 de diciembre de 2025, el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES) de la OIT informó que la documentación y las ampliaciones remitidas por las organizaciones sindicales serán puestas en conocimiento del Gobierno argentino y del Comité Tripartito ad hoc del Consejo de Administración, órgano que tendrá a su cargo el análisis de la reclamación por el presunto incumplimiento del Convenio 169.
La presentación elevada en Ginebra amplía una reclamación ya existente y denuncia hechos nuevos vinculados al avance de la obra sin consulta a las comunidades indígenas afectadas, la afectación de territorios ancestrales, sitios sagrados, cementerios y espacios ceremoniales, y el hostigamiento judicial y represivo contra quienes defienden el territorio y el ambiente en el Valle de Punilla.
Según detalla la documentación, el Estado argentino —tanto a nivel nacional como provincial— continúa con la ejecución del proyecto vial pese a las obligaciones asumidas internacionalmente, mientras se profundiza la persecución penal contra integrantes de comunidades originarias, organizaciones sociales y referentes sindicales que participan de manifestaciones pacíficas y acciones de protesta.
La denuncia subraya que los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 obligan a los Estados a garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus territorios o recursos naturales, algo que no ocurrió en el caso de la Autovía de Punilla, configurando una violación grave y continuada del derecho internacional.
Además, las organizaciones alertaron a la OIT sobre la criminalización sistemática de la protesta social y ambiental, que incluye causas penales, elevaciones a juicio y el uso abusivo de la fuerza pública, en un contexto de creciente estigmatización de quienes defienden derechos colectivos y bienes comunes.
La confirmación de la OIT representa un paso clave en la estrategia de internacionalización del conflicto, ya que obliga al Estado argentino a dar explicaciones ante un organismo multilateral y coloca bajo observación internacional la situación de las comunidades indígenas y la protesta ambiental en Córdoba.
Desde la CTA Autónoma Córdoba destacaron que esta respuesta no es meramente formal, sino que activa los mecanismos de control previstos por la OIT, refuerza la legitimidad de las denuncias y fortalece la lucha por el respeto al derecho a la consulta, a la organización y a la protesta, pilares fundamentales de una democracia real.
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla