Por Lea Ross
“Y entonces acá, digamos, o sea… al que fuga se lo acusa de ser un delincuente… ¡Es un héroe! El que fuga es un héroe, porque logró escaparse de las garras del Estado”, dijo el viernes pasado el Lord Jamón, Javier Milei, en el Foro Llao Llao realizado en la majestuosa mansión ubicada en el Bariloche. El reducido grupo de magnates le aplaudió con risas, donde algunos de ellos tienen sus casas matrices en guaridas fiscales. De hecho, el par uruguayo, Luis Lacalle Pou, viajó en avión desde su país de origen junto con algunos empresarios argentinos dedicados a las plataformas digitales, como Marcos Galperín, creador de MercadoLibre. A esa nueva generación empresarial, mucho más joven, se los llama los “unicornios”. Pero también los denominan los “uruguayos”, a pesar de ser argentinos.
Un estudio publicado el año pasado por el sociólogo Alejandro Gaggero y el economista Gustavo García Zanotti, titulado Cruzar fronteras para cosechar, advierte que las grandes corporaciones argentinas han creados firmas con domicilio charrúa para “eludir el pago de impuestos”, privando así “recursos que podrían ser destinados al desarrollo económico y social”. A lo largo del siglo 20, Uruguay se convirtió en una “plaza financiera” para atraer inversiones extranjeras, en especial desde Argentina por ser “un país con inestabilidad macroeconómica y crisis recurrentes”. El país vecino exime el cobro de impuestos referidos a las ganancias. También tiene una tributación benigna para la compraventa de mercaderías extranjeras y a la intermediación de servicios. Se calcula que hay mil empresas radicadas en las costas rioplatenses del lado oriental.
Además de los unicornios charrúas (MercadoLibre, Globant, Despegar, OLX…), las más longevas y que manejan mayor tamaño de divisas son las del agronegocio, sean extranjeras (Cargill, Dreyfus, Glencore, LDC, Bunge…) como locales (ACA, Vicentín, Aceitera General Deheza…). Según el mencionado estudio, facturaron US$ 42 mil millones en 2021, del cual tienen sus respectivas capas offshore en Uruguay. Todas venden su mercadería a sus respectivas filiales en Uruguay, y éstas las venden a otros conglomerados: “La diferencia entre el precio de compra y el de venta constituye su ganancia”, señalan Gaggero y García Zanotti. El mencionado monto equivalente al 72% del PBI del vecino país y al 300% de sus exportaciones. Esto se debe a que las ventas uruguayas no ocurrieron, son “una ficción contable” y en los hechos las mercaderías “de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”. Ergo: subdeclaran lo que exportan acá y ponen los valores reales con el domicilio extranjero.
Mientras Milei proclama la fuga de capitales como si fuera el cruce de los Andes, el Mago sin Dientes de las Finanzas, Toto Caputo, se toma un Ibuprofeno al no convencer a los sojeros y maiceros para que abran los silobolsas, y solo recibe una palmadita en el hombro del FMI, que lo felicita por la gestión económica, pero que por el momento no está dispuesto a prestarle más dólares para compensar la ausencia de pesos.
Es mucho
Martín Llaryora, quien ganó el año pasado la gobernación de Córdoba con el 45% de los votos, ratificó que va a firmar el “Pacto de 25 de Mayo”, y que también cree que se va a aprobar la Ley Bondi Zombi, al igual que el clip Reforma Fiscal, porque considera que ahora sí se logró un “consenso político y productivo”. Al día siguiente, Luis Juez, quien tuvo un ajustado segundo lugar contra Llaryora al juntar 42% de los votos, reveló que, el mes pasado, tuvo una cena en Olivos con el Lord Jamón, invitado por este mismo. Lo consideró una “revelación”, porque contempló a un presidente que “sabe lo que hace”, porque “sabe de economía”.
Ambos momentos fugaces televisivos ratifican lo que su humilde servidor publicó el domingo pasado de porqué ésta triada chiflada entre el palermitano, el sanfrancisqueño y el cordobés capitalino son una multitud.
Lo productivo
El afán de Martín Llaryora es ser candidato a presidente en el 2027. Para eso, ante un presidente liberal en lo discursivo, pero trastabillado entre la ortodoxia y la heterodoxia, contempla que la ausencia de la lectura productiva de su gestión económica, reducida a lo meramente fiscalista, le permite ser él quien lleve la bandera de quienes generan las divisas requeridas por el país. En particular: de lo que emana la pampa gringa.
De ahí que arengó con sus pares de Santa Fe -Maxi Pullaro- y de Entre Ríos -Rogelio Frigerio- en fortalecer lo productivo federal en el Encuentro de las Autoridades de la Región Centro. Resaltó que los tres gobernadores son “de distintos partidos políticos”, y que representan más del 50% de los granos del país, más del 70% de la lechería y reúnen más de 29 universidades con más de 560.000 jóvenes.
La “identidad subnacional” de la región centro pretende ser una contracara de lo que es la política centralizada en el AMBA, donde se pretende endigarle de ser centralista. Más aún cuando el Partido Justicialista está teniendo fuertes discusiones internas sobre quién será el nuevo dirigente (cristinistas vs. kicillofistas vs. gobernadores vs. sindicalistas vs. …). Para Llaryora, más que disputar el PJ lo esencial será el reclutamiento de figuras que vienen de la UCR, el PRO e incluso de La Libertad Avanza, ante un no descartable panorama de reproche contra el papá de Conan.
Como “testa” no la ven
Por su parte, Luis Juez arenga con subrayar el curro de la casta, como le gusta la ex-pareja de Fátima Florez. Su protagonismo se resalta con la aprobación de las dietas de los senadores, que pasarían de recibir de sus bolsillos de un 1 millón de pesos a 4,5 millones. Incluso, el oportuno registro de las cámaras le permite contemplarlo como alguien de los pocos que no ha levantado la mano. Ahora pretende retroalimentarse asegurando que presentará un proyecto de ley para anular esa suba.
Pero el afán de Juez es ser gobernador de Córdoba para 2027, con la venía de Milei y sin descartar de que Llaryora intente una re-elección. Por eso pisa el acelerador en su denuncia por supuestos desvíos en los subsidios del transporte durante la gestión capitalina del sanfrancisqueño y de la detención, por parte de la justicia federal, del empresario Federico Máscolo, quien ha recibido contratos con el gobierno provincial de obra pública y que ha sido amigo entrañable del dos veces intendente de la capital, y frustrado gobernador de Córdoba, Ramón Mestre Junior.
En un trabajo de investigación que participó su humilde servidor para el portal Striptease del Poder, se resaltó que las empresas del enigmático empresario, al que se le encontraron inmuebles en countrys y departamentos en Miami, recibió entre 2007 y 2017 una estimación de más de 6 millones de dólares, según cómputos revisados por el Tribunal de Cuentas, que abarcan desde trabajos de redes cloacales hasta reparación y pintura para escuelas. Lo curioso es que entre los años 2010 y 2012, los trabajos se concentraron en el departamento San Justo, donde Llaryora obtuvo el mayor porcentaje de votos durante las elecciones gubernamentales. Incluso, según reveló el diario Perfil, citando otra investigación de su humilde servidor publicado hace unos años atrás, la ex-exposa del amigo de Mestre, Ángeles Avendaño Ferrero, es directiva de la constructora Raven, que fue aportante para la campaña de Schiaretti Gobernador, para el sello de Unión Por Córdoba en 2015.
Números manejados por el Tribunal de Cuentas sobre los montos que recibió las empresas de Máscolo.
Juez insiste en que los gobiernos de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota fueron quienes empujaron el ascenso de Mestre en las elecciones a intendente capitalino para así dividir el voto opositor que estaba centralizado en el Frente Cívico. Instala la sospecha de una posible triangulación del dinero recibido por Máscolo para bancar la campaña del radicalismo autóctono, quien obtuvo el triunfo municipal en 2011 y su re-elección en 2015, dejando a Juez en un desastroso cuarto lugar.
Sin embargo, en base a los números que revisó el autor de esta nota, cuesta creer que los fondos recibidos desde Provincia logren solventar una docena de departamentos en Florida, un Porsche, una Ferrari, inmuebles en barrios privados y otros tantos. La hipótesis que se manejaría desde la fiscalía de instrucción, del cual hasta ahora no han encontrado información que involucre a funcionarios públicos, es que Máscolo sería uno de los cabecillas de una organización que manejaba ingresos por distintos delitos, emprendidas por sujetos desconocidos, sacados de algún capítulo de las series Breaking Bad o Better call Saul. Choreos que van desde el contrabando de electrodomésticos de Paraguay, hasta la fuga cambiaria a Uruguay. Para muchos, una manga de delincuentes. Para el Presidente, son la Liga de la Justicia.
Desde el juecismo presionan, tanto a la justicia como a los medios de comunicación, para que esta causa judicial sea considerada como la versión autóctona de Lázaro Báez. Su humilde servidor: no la ve.
Desarraigados
El loas desarrollista productivo de Llaryora y el afán de cercenar el “marxismo cultural” y la casta de Juez son las dos caras de una misma moneda, de la cual Milei lo arroja en el aire.
El punto 1 del Pacto de Mayo ratifica “la inviolabilidad de la propiedad privada”, algo redundante al estar ya estipulado en la Constitución Nacional. Pero a la vez, ensambla un panorama que ratifica la máxima del anarquismo tradicional de izquierda parisina: “la propiedad es un robo” (Proudhon dixit). Eso, con el pesar de la acotación del anarquismo posmoderno de derecha neoyorquina: “robar está mal” (Milei dixit).
Así se contempla sobre estos recientes sucesos:
Miércoles 27 de marzo: La campesina Isolina Vargas, de 72 años, es desalojada de su establecimiento en la localidad de Guachín, departamento de Chilecito, provincia de La Rioja. Destrozaron su establecimiento donde vivía cuarenta años. Se dedica a la cría de cabras y a los yuyos. “Desarraigados”, comenta la doña, mientras filma los sucesos.
Viernes 5 de abril: El campesino Fabián Martínez es asesinado de un escopetazo por una banda de matones, en el paraje San Francisco, del departamento Alberdi, en el sudeste de Santiago del Estero. Hace doce años que no ocurrió una situación como ésta en el campesinado del norte, desde el asesinato de Miguel Galván. Y a nivel país, los últimos homicidios contra activisitas territoriales y ambientales que se tendrían registro son los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017 en la Patagonia. Según información que brindaron desde el MOCASE-VC a La luna con gatillo, quien estaría detrás de esto es un empresario cordobés, que dice ser los dueños de las tierras con papeles de dudosa legalidad. Por el momento, esperan ser cautos en cuanto al avance de la investigación.
Jueves 11 de abril: Una represión policial emergió en el cerro Alto de Salle, en el departamento de Belén, provincia de Catamarca. La comunidad diaguita Peñas Negras se manifestó allí contra los trabajos de exploración de la empresa minera Elevado Gold SA, cuyo afán es localizar oro en el cerro. Se registró el momento en que don Félix Escalante, comunero, fue atacado y quedo hospitalizado. En el momento que se escribe esto, la organización indígena llegó a un acuerdo con las autoridades para revisar lo permisos de la compañía, previo a iniciar un corte en la Ruta 43.
Los tres hechos ocurrieron después del cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y la quita presupuestaria del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como parte de la proeza de pasar la motosierra sobre todo aquello que se considera parte del “marxismo cultural”, que implica derroche de fondos, como es la cuestión indígena, campesina, agroecología, cine, teatro, artes, peñas, ayudas a personas con problemas sanitarios, educación pública y organizaciones sociales.
En ese contexto, de arriba y de abajo se toma nota de lo que ocurra el martes 23 de abril (Marcha por la Educación Pública) y el jueves 9 de mayo (marcha y paro de las centrales sindicales), sobretodo desde la tranversalidad y acompañamiento de ambas movilizaciones, frente a una reconfiguración de la resistencia argentina, donde lo obrero y la clase media tienen sus embates para lograr consensos. Que en Córdoba, las autoridades universitarias, docentes y estudiantes hayan decidido que la movilización capitalina sea en un horario tan laboral como son las 11 de la mañana es un ejemplo tajante.
Fuente: www.lalunacongatillo