Por Luis Campos*
En mayo de este año los haberes de los jubilados y pensionados cayeron un 13% en términos reales en comparación con el mismo mes de 2020. Ello fue producto de una inflación anual del 48,8%, que estuvo muy por encima del aumento del 29,4% de aquellas prestaciones. Este ajuste no se modificará sustancialmente luego del aumento previsto para este mes que llevará la jubilación mínima a $ 23.064,70 mensuales.
En efecto, si proyectamos una inflación mensual del 2,5% hasta agosto (supuesto optimista dada la evolución reciente de los precios), el retroceso en términos reales continuará cercano al 10% en comparación con el mismo mes de 2020 al menos hasta el próximo incremento del mes de septiembre.
Este nuevo retroceso de las jubilaciones en términos reales muestra la insuficiencia de la nueva fórmula de actualización de los haberes aprobada por el Congreso en diciembre de 2020. Por entonces se sostuvo que la ley 27.609 venía a corregir los errores de la reforma a la movilidad jubilatoria también aprobada por el Congreso durante el gobierno de Cambiemos en diciembre de 2017. Sin embargo, los resultados de ambas reformas han ido en la misma dirección y la caída acumulada desde mayo del 2015 es del 29,4%.
La caída de las jubilaciones en términos reales no es una consecuencia no deseada de la ley de movilidad o del actual plan económico. Por el contrario, se trata de un objetivo deseado por el equipo económico dado que es una de las formas más rápidas de licuar el gasto público y con ello reducir el déficit y tener las cuentas “ordenadas” de cara a la negociación de un programa con el FMI que previsiblemente tenga lugar luego de las elecciones de noviembre.
Sin embargo, este ajuste entra en tensión con las necesidades electorales del Gobierno Nacional por lo que es muy posible que se implementen paliativos por vía de bonos o sumas por única vez. En lo inmediato ello podrá tener un impacto muy importante en el bolsillo de jubilados y jubiladas, pero de ninguna manera constituye una solución para el continuo deterioro de los haberes, ya que una vez pasado el efecto de dicho bono volverán a estar ubicados en uno de los valores más bajos en más de una década.
Resulta urgente, en este contexto, volver a poner en discusión la cuantía de los ingresos que perciben jubilados y jubiladas, impulsando políticas que generen una recomposición real en el plazo más corto posible, algo que las últimas reformas legislativas han estado lejos de promover.
*Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma