“Las Cooperativas Federadas de Trabajo del Sur de Córdoba repudiamos el accionar del fiscal Ernesto de Aragón que eleva a juicio la causa armada contra seis luchadores sociales de nuestra provincia.
“Reclamar por más trabajo y salarios dignos, por alimentos y vivienda no puede ser catalogado como delito, menos aún cuando protestar es un derecho amparado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
“Es inadmisible esta criminalización de la protesta social, más aún cuando atravesamos una dura situación económica, con niveles de pobreza extremos y un endeudamiento que socava cualquier posibilidad de desarrollo económico con inclusión y equidad.
“Expresamos nuestra solidaridad con Federico Giuliani, Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba; Emanuel Berardo y Soledad Díaz García, militantes del PO-FIT; Marisa Cariddi, militante de Libres del Sur; Agustín Nazar del Movimiento Teresa Vive; y Roxana Carezano, del MTR Votamos Luchar, exigiendo su inmediata absolución”.