Por Jorge Conalbi*
El Caso Oscar González no sólo le arruinó al Gobierno Provincial el lanzamiento de la candidatura a Gobernador de Martín Llaryora, que quedó envuelta en el trágico accidente protagonizado por el legislador y la creciente indignación social a medida que se sucedían informaciones: a la velocidad excesiva y la doble línea amarilla le siguieron el BMW judicializado entre los cuatro vehículos de alta gama asignados al presidente provisional de la Legislatura, el audio de su pareja, la licencia de conducir tramitada en Las Tapias para evitar el registro provincial de multas y descuento de puntos…
Si bien en el entorno de Juan Schiaretti se tiene la semiplena certeza que la carrera política de González está acabada y que sus días en la Legislatura están contados, sigue llamando la atención el silencio imperante en las esferas del Centro Cívico.
A pedido del propio González, la Unicameral de Córdoba le concedió los 15 días de licencia en sus funciones.
Sin embargo, ningún legislador ni dirigente político ha cuestionado -al menos hasta el momento de escribir este artículo- que el representante de Traslasierra no haya renunciado a su cargo en el Juri de Enjuiciamiento, que integra junto a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, y las legisladoras Julieta Rinaldi (Hacemos Por Córdoba), Silvia Paleo (Juntos Por El Cambio) y Verónica Garade Panetta (Juntos UCR).
De acuerdo a la Constitución de Córdoba, “los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a que hace referencia el Artículo 144, inciso 9, no sujetos a juicio político, pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo ante un Jurado de Enjuiciamiento, al solo efecto de su destitución, fundado en las causas que la autorizan, con actuación del Fiscal General”.
La familia de Alejandra Bengoa -la víctima fatal en el accidente que protagonizó González- y sus representantes legales, vienen reclamando medidas para el cuidado y preservación de la prueba que explicará las razones del siniestro y determinará las responsabilidades. Y no han disimulado sus sospechas hacia el accionar de la Justicia.
El abogado Germán Romero Marcón consideró, días atrás, que “si estuvieran en igualdad de condiciones (con situaciones similares), (González) estaría detenido”, aludiendo a que implica “riesgo procesal” que el legislador esté libre, ya que tiene “cierta influencia” que podría alterar el curso de la investigación.
El legislador fue imputado de “homicidio culposo agravado” y “lesiones culposas agravadas” por la fiscal Analía Gallarato. Tras esas imputaciones, junto al pedido de licencia, Oscar González debió haber presentado la renuncia al Juri de Enjuiciamiento.
No lo hizo. Y nadie se la solicitó.
Tal el estado de situación actual, en apenas 13 días, González bien podría estar abocado al estudio de algún eventual pedido de destitución de la magistrada que lo imputó y lo está investigando. Sí, es un escándalo.
*Periodista. Director de Sumario Noticias de Alta Gracia (diariosumario.com.ar)