Por Fermín Boloquy*
Estamos lejos del ejercicio pleno de la democracia. Nuestra democracia es joven y debemos cuidarla y garantizarla. Aún hoy convivimos con resabios de regímenes antidemocráticos que emergen, se agudizan y cesan. Como todo hecho social, la democracia se instituye en la conciencia colectiva de los pueblos a lo largo del tiempo y de los procesos históricos.
Como pueblo argentino, nuestros procesos de democratización —principalmente la práctica democrática y la participación política— han sido sistemáticamente obstaculizados y boicoteados por intereses oligárquicos internos e imperialistas externos, que actúan de manera articulada con el objetivo de acumular capitales a costa de los sectores populares.
Nuestro régimen político es democrático: La Constitución lo establece y es el gobierno quien debe garantizar la legitimidad del Estado. Debe generar las condiciones para que el régimen se instale en la subjetividad de los habitantes a través de sus instituciones, reflejadas también en la sociedad civil.
Un gobierno elegido por el voto popular conduce el vehículo del Estado. Según su definición política puede inclinarse hacia la derecha, la izquierda o mantenerse en la senda del medio. Esa orientación está respaldada por el voto de los habitantes de la nación.
A mi criterio, nos encontramos en un escenario de incertidumbre respecto del futuro de nuestro pueblo. La crisis institucional y representativa viene profundizándose desde hace años y pareciera no haber un horizonte distinto.
Las dirigencias políticas que ocuparon el gobierno en defensa de los intereses de los sectores populares y trabajadores no han logrado responder a las problemáticas de la gente, ya sea por acciones poco eficaces u omisiones frente a las desigualdades estructurales generadas por el modelo capitalista. También por subestimar al pueblo, por mezquindades o por prácticas clientelistas que impiden construir fuerza y poder en el tiempo, no con recursos, sino con ideas.
Tampoco podemos olvidar los intereses imperialistas que operan en las decisiones de los pueblos, apoyando candidatos que —con el voto popular— llegan al gobierno para sabotear la legitimidad del Estado. Así ponen en crisis el sistema democrático, erosionan la soberanía y empobrecen al pueblo, provocando retrocesos que afectarán a generaciones. Lo más grave es el debilitamiento de la cohesión social y el descontento generalizado, que lleva la condición humana al extremo, donde ante un reclamo la ciudadanía se ve desprotegida y reprimida por el propio Estado.
Debemos tener presente también el rol de la opinión pública. Los votos están condicionados por las experiencias de vida de cada persona, por el clientelismo, el oportunismo político y por la formación e información disponible. Hoy esta no proviene solo de libros, radios o televisión, sino también de los dispositivos digitales que tenemos en la mano de forma inmediata y cotidiana. Los medios de comunicación influyen en el clima social y en la toma de decisiones.
La toma de deuda externa, los decretos de necesidad y urgencia, la persecución judicial y la proscripción de la máxima referente de la oposición, el gobernar por decreto, la pérdida de soberanía y la subordinación a intereses extranjeros, así como el no respeto al Congreso y a la división de poderes en general, son prácticas inconstitucionales. Implican la violación de la norma suprema.
O no lo sabemos o no queremos verlo, pero es evidente que debemos hacer pedagogía política. No para enseñar —esa es función de la escuela, también en crisis— sino para movilizar el pensamiento, fomentar la crítica, generar espacios democráticos y pensar un proyecto de país. El sujeto social, que será quien padezca o disfrute la ejecución de dicho proyecto, debe al menos comprenderlo y opinar al respecto. Es difícil ser parte de algo que no conocemos, que no nos incluye ni reconoce, en lo que no creemos o que no escucha lo que tenemos para decir.
También es difícil pensar un proyecto de país, reflexionar y participar políticamente cuando no hay tiempo. Muchas personas deben ayudar a sus padres, garantizar alimentos a sus hijos o resolver la reproducción cotidiana —techo, comida, salud— y ni siquiera tres trabajos alcanzan para vivir. Ese esfuerzo no compensa el poco descanso. Por eso la gente necesariamente opta por no participar y delega en representantes barriales, locales, provinciales o nacionales la toma de decisiones. Muchos se sienten defraudados, y la baja participación electoral da cuenta de ello.
Es importante ocupar lugares de poder para defender los intereses de las mayorías, pero de nada sirve preocuparse únicamente por permanecer cada cuatro años en un cargo. El cargo debe ser consecuencia, no fin. No alcanza pensar a corto plazo si a largo plazo no hay un cuerpo social que sostenga. De lo contrario, sin quererlo, se termina favoreciendo a la derecha.
Hoy el discurso de la oposición es “frenar la motosierra”, una necesidad real y legítima. Se requiere que cada uno, desde su lugar y capacidad, aporte para frenar efectivamente a la derecha en nuestro país. Sin embargo, debemos estar atentos tanto a los ajenos como a los propios, porque al igual que el Estado, cuya división de poderes garantiza el equilibrio, también la ciudadanía debe controlar a las dirigencias y candidatos. Ellos a veces olvidan que ejercen facultades delegadas por el pueblo y caen en la tentación o la traición por intereses individuales.
*Secretario de Formación de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto. Integrante del Área Administrativa del Consejo Económico y Social (CEyS)