El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma publicó un informe sobre estadísticas, reclamos y propuestas elaborado con sindicatos de todo el país y de distintas centrales.
Las trabajadoras de casas particulares han sido desde siempre uno de los sectores más precarizados y con menos derechos, situación que se vio agravada con la crisis económica y la pandemia. Para elaborar este Informe, las licenciadas en Relaciones de Trabajo Jimena Frankel y Mariana Campos, investigadoras en el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, contaron con la participación de trabajadoras de distintos gremios, vinculados a otras centrales sindicales en todo el país.
“Es una actividad sumamente feminizada, ya que un 97% de las trabajadoras son mujeres y además es uno de los sectores más precarizados de toda la economía laboral. La amplia mayoría, más del 70% se encuentra no registrada, es decir, no cuenta con aportes, no tienen obra social, no tienen atención médica, se encuentran absolutamente desamparadas y son quienes estuvieron más golpeadas en la pandemia.”, explicó Frankel.
Al mismo tiempo, explican, muchos patrones aprovechan y no respetan los derechos laborales: “No se pagó en los casos de despidos ni las doble indemnizaciones, y también en muchos casos se les cambió de categoría a muchas trabajadoras para que vayan a su lugares de trabajo sin tener en cuenta los riesgos a los cuales se iban a enfrentar por posibles contagios”. Más allá de la situación, las trabajadoras lograron articularse e iniciar una serie de reclamos urgentes.
En primer lugar, exigen que se respete la la ley 26.844 sancionada en 2013, y que implica el reconocimiento del trabajo de las empleadas domésticas, sus salarios y sus derechos. Piden, por lo tanto, que el sueldo se equipare a la canasta básica, ya que muchas cobran por debajo de los 28.000 pesos. El informe subraya la necesidad de que cada trabajadora tenga asegurada una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión, así como la antigüedad equivalente al 1% por año trabajado y la zona desfavorable.
Campos remarcó que si bien hay un alto nivel de trabajo no registrado, quienes están registradas también atraviesan situaciones de pobreza. “También tienen problemas con su obra social, o porque no las atiende o porque tienen que asociarse a otras obras sociales que tampoco las quieren atender”, señaló.
Respecto de la prioridad en el plan de vacunación, Campos indicó que “las únicas trabajadoras que han podido acceder son las que se dedican a las tareas de cuidado, pero lamentablemente es una minoría de ellas las que están registradas como tarea de cuidado y es un sueldo poco superior a las que se encuentran con tareas generales”.
El trabajo contiene los aportes del Sindicato del Personal de Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de San Juan; Asociación Personal de Casas de Familia de Río Cuarto; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Entre Ríos; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de San Nicolás; además del Observatorio del Derecho Social de la CTAA y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma.
Mirá el informe completo aquí.
Fuente: www.canalabierto.com.ar