“Recibimos al Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, quien se encuentra procesado junto a otros compañeros, por participar de protestas sociales en esa provincia.
“Giuliani nos contó que hay una creciente criminalización de la protesta social y que el gobierno provincial envió un proyecto de ley a la Legislatura, en el cual se aumentan penas en casos de protestas, especialmente a los empleados públicos, y se habilita la represión policial, tal como estamos viendo también en Salta y Jujuy.
“La protesta social está estrechamente vinculada a la petición a las autoridades y, como voz directa del pueblo, es una de las garantías más básicas para asegurar el respeto a los derechos humanos en un Estado democrático.
“Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación vemos con preocupación cómo algunas provincias avanzan en proyectos o normas que cercenan derechos. Participó de la reunión el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybyski”, finaliza el comunicado institucional.