Por Rodolfo Aguiar*
Se deben lograr correcciones futuras que aseguren la reactivación de la economía a partir de una fuerte recuperación salarial.
El proyecto de ley para el Presupuesto del 2021 genera una gran preocupación porque se advierte una norma condicionada por el FMI y que no está orientada a atender los efectos devastadores de la pandemia, como si estos hubieran desaparecido mágicamente.
Debemos pensar en lograr una reformulación o correcciones, que aunque sean futuras, aseguren una rápida reactivación de la economía por vía de los consumos populares.
Se considera por su gran importancia para la Nación que el presupuesto anual es la ley de leyes y que es en ella donde los gobiernos fijan sus prioridades políticas. En este caso, si uno analiza el proyecto ya aprobado en diputados se advierte que la gestión ha decidido que la pandemia desaparecerá a partir del primero de enero. Y aunque haya incertidumbre o pudiera aparecer la vacuna, lo cierto es que los efectos sociales y laborales no desaparecerán.
La emergencia sanitaria dejó al descubierto graves problemáticas que debieran ser una prioridad y no lo son, como la pobreza, indigencia, hacinamiento, crisis habitacional y acceso a servicios esenciales como el agua potable, salud y educación.
Tampoco es una buena noticia que el presupuesto no contemple la continuidad del IFE y las ATP.
Esperamos que la letra de esta ley sea para convencer a la nueva misión del FMI y que cuando llegue el momento de su ejecución real la recuperación salarial de los activos y las jubilaciones adquieran centralidad para lograr salir de la crisis.
*Secretario General de la CTA Autónoma Regional Río Negro. Secretario Adjunto del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA)