Por Claudio Lozano*
Exigimos que se cancele inmediatamente la operación del radar británico en Tierra del Fuego, y respaldamos la declaración del Ministro de Defensa.
La Empresa Leolabs Argentina SRL, con domicilio legal en Gran Bretaña se encuentra instalando en la localidad fueguina de Tolhuin la Estación Satelital AGSR, en una clara violación de nuestra soberanía e integridad territorial.
En tal sentido, respaldamos la solicitud que el Ministro de Defensa dirige al Jefe de Gabinete, con copia a distintos funcionarios calificando dicha instalación no sólo como una violación a nuestra Soberanía, sino además por ser incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional.
Por medio de la extensa misiva que envía la cartera de Defensa nos enteramos que los sensores radar instalados en dicha estación tienen capacidad de uso dual. Resumidamente esta estación permitirá a quien la opera:
Desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja).
Interceptar datos, comunicaciones y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves.
Hacer seguimiento de trayectorias y lanzamiento de vectores.
Resulta alarmante que no se tengan en cuenta la magnitud de las consecuencias geopolíticas que tiene tamaña operación en manos de una empresa que por más que utilice el nombre “Argentina” en su razón social tiene domicilio legal en el Reino Unido.
Pero más incompresible aún resulta la decisión de entregar en manos de un operador británico tamañas cuotas de nuestra Soberanía, cuando ese Imperio mantiene la ocupación ilegal de nuestras Malvinas. A la vez autorizar su instalación en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una verdadera bofetada a la defensa de nuestra Soberanía.
En momentos que en la última cumbre UE-CELAC se reconoce el derecho a entablar conversaciones entre nuestro país y el Reino Unido para dar cauce al histórico reclamo de nuestro país, resoluciones como la de autorizar esta instalación, resultan incomprensibles.
En tal sentido, desde Unidad Popular exigimos el inmediato cese de dicha instalación y que se revoque cualquier autorización al respecto.
*Economista. Fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). Diputado Nacional (MC). Ex Director del Banco de la Nación. Presidente de Unidad Popular