Por Juan Carlos Giuliani*
Entre los muros de los señoriales Palacios de Justicia anida buena parte de la consagración de la desigualdad social que impera en nuestro país. No tan solo porque no mide con la misma vara a los delincuentes de “guantes blancos” que al hombre y la mujer común, sino porque los magistrados gozan de un blindaje de parte del poder constituido que los convierte en privilegiados en el seno de una sociedad generalmente empobrecida y violentada en sus derechos más elementales.
Esta Justicia, que se muestra tan obediente para procesar y condenar a los luchadores sociales, es la misma que mira para otro lado frente al crimen organizado, que es posible gracias al maridaje de las mafias con la corrupción política, judicial y policial. La plata sucia envenenó la superestructura de una Democracia Colonial que, a casi cuarenta años de recuperada, mantiene los mismos estándares de pobreza y marginalidad: Una inequidad que duele hasta los huesos.
Resulta fundamental avanzar en una verdadera democratización de la Justicia comenzando por la selección de los jueces. Los criterios principales pasan por la participación popular en la designación de los magistrados, la transparencia y el debate público, la exclusión de los postulantes que tengan vínculos con los golpes de Estado, las dictaduras, las corporaciones mediáticas y los grandes grupos económicos.
La idoneidad de los magistrados tiene que tener parámetros que se vinculen con la trayectoria democrática, con el nivel académico y con la defensa de los derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra.
Sin Justicia Social no hay paz. Y mientras el Poder Judicial siga siendo el botín de guerra del Gobierno de turno, la distancia para alcanzar ese anhelo se agiganta. En medio de la degradación política de esta democracia vigilada, se ha naturalizado el contubernio de la Justicia con la prensa hegemónica y el submundo de los “servicios” montando operaciones nauseabundas para difamar, procesar y condenar a los que piensan y actúan diferente a lo que manda el poder real.
En Comodoro Py y en los pasillos judiciales de las provincias, la mayor parte de los señores magistrados son duchos en olfatear los cambios del humor social y, consecuentemente, la variación del rumbo político.
De allí que no extrañe el accionar de tantos “jueces panqueques”, que de la noche a la mañana modifican la orientación de sus fallos para agradar a los inquilinos del poder y, sobre todo, para cumplir su misión de custodios doctrinarios del andamiaje legal del capitalismo. De este modo, la Justicia se transforma en garante de la Injusticia Social, el combustible que hace funcionar el régimen de saqueo y explotación.
La Justicia es el poder más retrógrado que queda en la Argentina, y a esta altura del partido es una barbaridad que siga existiendo un Poder Judicial que formalmente y de fondo tiene una concepción feudal del manejo de la cosa pública. Desde el hecho que uno tenga que referirse a un juez como “Su Señoría”, “Su Usía”, como si fuera un ser superior; el entramando que tienen -por ejemplo en nuestra provincia- las familias cordobesas de doble apellido manejando los juzgados y las fiscalías más importantes; la sensación justificada del hombre de a pie de que existe una Justicia para los ricos y otra para los pobres es una cuestión absolutamente certificada. La democracia ha llegado a amplios estratos de la vida social argentina. Y uno de los que apenas ha abierto algunas rendijas es la Justicia. Hay que tratar de que entren huracanes transformadores a los tribunales de Córdoba y de toda la Nación.
Una Justicia injusta es el arma que utilizan la oligarquía y el Imperialismo para disciplinar y escarmentar a los movimientos populares. El servicio de Injusticia ha sido apropiado por las clases dominantes como herramienta de control político. El “Partido Judicial” es el garante de la gobernabilidad del régimen colonial mediante resoluciones, fallos, persecución y ‘aprietes’ para esmerilar la resistencia popular al ajuste.
Para que vuelva a imperar la Justicia Social habrá que eludir las tentaciones cortoplacistas y avanzar en la construcción de un nuevo Pacto Constituyente, que siente las bases de una sociedad de iguales, establezca la democratización y federalización del Poder Judicial de la Nación, y transforme esta democracia fallida en otra de carácter participativa y plebiscitaria, con poder para la revocatoria de mandatos y un fuerte protagonismo popular.