Por Candela Almaraz y Claudio Lencina*
La Cámara 9ª del Crimen de Córdoba sentenció al policía Lucas Carranza por “homicidio con legítimo ejercicio del cargo” a tres años de prisión condicional, por lo que seguirá en libertad. Al matar por la espalda al joven Rodrigo Sánchez, el exoficial vestía de civil, estaba alcoholizado y drogado. Más de ocho años de reclamo por justicia finalizaron –por ahora– con un altar frente a las rejas de Tribunales ll, en el desenlace del tercer juicio por gatillo fácil en contexto de robo desde la vuelta de la democracia.
El 19 de septiembre de 2015, Rodrigo Sánchez, de 17 años, fue asesinado por la espalda. Tres disparos gatilló el oficial Lucas Gastón Carranza, en la esquina de Colón y Sagrada Familia, bajo los efectos del consumo combinado de cocaína, marihuana y un ansiolítico como la benzodiazepina, más la impunidad de considerarse dueño de la ley.
“Muchas veces bajé los brazos, muchas veces dije ‘no quiero seguir más, se acabó’, porque la Justicia es muy injusta, hizo y deshizo con mis derechos y los de mi hijo. Sentí que me aplastaron muchas veces. La familia, mi hija, mi hermana, el acompañamiento de todos estos compañeros y compañeras me hicieron seguir adelante, me hicieron sentir más fuerte y acompañada, porque sola no hubiera llegado acá. Mirá (señala el altar), esto me mantiene parada y fuerte”, dice Gabriela Sanso, la madre de Rodrigo.
Desde el día del crimen, Gabriela y Romina Ludueña, tía de la víctima, iniciaron un largo recorrido para que la Justicia haga su trabajo. Bajo amenazas, cajoneos e impericias, la procesión no fue por camino fácil. Rápidamente se dieron cuenta de la necesidad de visibilizar mediáticamente el caso, de amucharse con otras familias víctimas del gatillo fácil.
Ceremonial y protocolos
A las 10.30 de la mañana del martes 9 de abril, la música y el canto de protesta marcan el inicio del ritual de espera, sobre Fructuoso Rivera al 700. La reja que separa al edificio de Tribunales II de la calle, lejos de ser un obstáculo, es ahora un soporte ideal para entrelazar hojas, flores, papeles de colores, y sostener una gigantografía del rostro de Rodrigo. A los pies, cada quién pone lo suyo, algo que haga memoria, como encendedores y monedas que le gustaba coleccionar a Rodrigo, o imágenes de su club, Talleres de Córdoba.
Desde este punto, se puede entender por qué los tribunales suelen tener tantas escalinatas. No cualquiera puede llegar arriba y para ingresar muchas veces hace falta entrar llorando o vestir un lindo saco. Había entusiasmo, la sensación de que por fin se llegaba a algo, después de que en octubre de 2023 se postergara el juicio para febrero de este año, cuando el acusado cambió de defensor y también se reemplazó al fiscal Gerardo Reyes por Laura Battistelli.
Hacia el mediodía, Gabriela, mamá de Rodrigo, saluda, conversa con su abogado, Adolfo Allende Posse, y las personas que se le acercan. El brillo de sus ojos revela que tiene los sentimientos a flor de piel, está conteniendo el desborde. Aún así no deja de agradecer el apoyo a todos los presentes.
“Sí, soy muy creyente. No te miento que alguna vez deje de creer en Dios cuando se llevó a mi hijo, pero luego los enojos pasan y me reconcilié y él sabe que me tiene a sus pies. Peregriné y luché ocho años y medio para llegar acá y lo logré porque lo hice desde el amor de madre. Lo hice desde mi corazón y con la verdad, siempre desde la verdad. A Rodrigo lo mataron por la espalda, indefenso, desarmado. Mi hijo estaba desarmado”, afirma Gabriela.
A las 13 horas, se anuncia por el micrófono abierto que la sala recién estará disponible una hora después. “Nos están boludeando”, se escucha entre las pibas y pibes. Cuando por fin dan paso al edificio, se enciende nuevamente el aliento, se disparan las fotos y se alzan las banderas. Cada acción es un grito que dice “estamos acá”, “existimos”, “nos van a escuchar”. Una especie de arenga para la batalla final.
Las condiciones para entrar a la sala son claras, diez familiares y cinco periodistas, no más que eso. El resto de los que sortean la puerta de acceso puede acceder a una sala espejo donde se transmite la sentencia por un televisor. Beneficios que dejó la virtualidad en pandemia. Y como la Justicia gusta mucho de los procedimientos y protocolos dentro de las salas no se puede ingerir alimentos. Digamos que después de tantas horas de espera hay hambre y muchos aprovechan el café del edificio. Nadie se queja, no hay lugar para discusiones banales, algo más importante está por suceder.
Los celulares marcan las 14.30 horas. En la antesala de la Cámara 9ª hay que seguir esperando, algunos familiares al lado de la puerta por temor a no poder ingresar. Los comentarios de pasillo cuestionan el tamaño de la sala elegida y la poca voluntad para que todos puedan participar de un juicio oral y público. “No les vamos a hacer nada”, se escuchará después.
Media hora más tarde, se da comienzo al acto. El acusado, bajo su derecho a una última palabra, considera que no hay más nada que decir. La mamá de Rodrigo reclama hablar, según la legislación internacional sobre los derechos de las víctimas, pero sus palabras finales se consideran una “excepción” al protocolo. Con un nudo en la garganta, manifiesta su esperanza de salir victoriosa y poder romper la barrera del clasismo y el prejuicio.
La sentencia y el legítimo ejercicio de fusilar
Transcurrido el cuarto intermedio, se da lectura a la sentencia. El tribunal está conformado por Roberto Cornejo, Gustavo Rodríguez y Martín Bertone. De manera unánime, Carranza es declarado autor del “homicidio con legítimo ejercicio del cargo” y sentenciado a “tres años de prisión en forma de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación especial para formar parte de cualquier fuerza de seguridad o policial”. Esto implica que el homicida no perderá su libertad y que consideran su acción, a pesar de los “excesos”, como parte del cumpliento de su función en la escena de un robo: matar por la espalda a un adolescente mientras huía. Un joven de 17 años, desarmado.
La decisión coincide con lo solicitado por la fiscal Battistelli y rechaza el pedido de absolución que planteó la abogada defensora, Andrea Bruno, como también la figura de “homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de arma” que denunciaba la querella. Además, el jurado niega la existencia de “violencia institucional”, pero da lugar a la demanda civil contra el acusado Lucas Gastón Carranza y el Superior Gobierno de la provincia de Córdoba, por daños morales, lo que habilita el reclamo de una compensación económica por parte de Gabriela Sanso, mamá de Rodrigo.
Todo termina. Se escuchan gritos. Como si hubiera un tiempo correcto para manifestar la indignación. La policía cerca a los familiares y la prensa y los escolta hacia la salida. Una periodista que filma la situación sufre un golpe por parte del oficial sentenciado. La foto del día será el rostro de Carranza. Hasta ese momento, si uno googleaba, la única imagen era su perfil lejano en el banquillo de acusados.
El silencio y los gritos, el dolor y la bronca
En medio del silencio del gigante edificio siguen retumbando los insultos y el llanto, rugidos de una verdad que no encuentra cabida en documentos oficiales. Gabriela baja las escaleras abrazada a su hija. Ambas lloran. Por fin pueden liberar tantas horas de tensión. “Lo condenaron, por lo menos lo condenaron, ya está…”, dice. El resto guarda silencio. La pena hace agachar un poco la cabeza, no en señal de sumisión, más bien de introspección. La conexión con el dolor del otro, con la bronca del otro, con el cansancio. Empatía, eso que últimamente el poder político y económico parecen querer destruir.
En el exterior, suenan de nuevo un bombo de protesta y cánticos llenos de bronca: “Vamos a llenar de ratis el paredón”. “La Policía jala el gatillo porque tiene la orden de un poder político. A ellos les sirve eso, porque necesitan estos pibes, para dar a cierta clase de la población la idea de que están haciendo algo. Sin justificar si las víctimas han cometido errores o no. Siempre digo de Facu: si cometió un error, bueno, haganlo aparecer, lo juzgan y ya está, pero nadie tiene por qué hacerlo desaparecer. Si Rodrigo cometió un error, como a veces dice Gaby, ¿por qué matarlo por la espalda? Entonces, ellos van a seguir y ahora la represión va a ser peor. Están apaleando a trabajadores que reclaman por sus despidos, a gente de los comedores y merenderos que les falta para comer. Están matando al pueblo”, denuncia Viviana Alegre, quién todavía espera la aparición de su hijo Facundo, desaparecido el 19 de febrero de 2012.
La mamá de Rodrigo parece querer sortear la situación: “Hacemos la foto y cada uno a su casa”. Por segundos, cuando la dejan habitar el silencio, su rostro entra en trance, un loop temporal que la lleva a revivir otra vez la muerte de su hijo. Pero son solo conjeturas. Nadie sabe que hay dentro de una persona en una situación así. Nadie sabe que hay dentro de la mente de los Carranza que jalan el gatillo. Pero si no hay dudas de que en el medio existe un sistema perverso, clasista, racista, inhumano, y una economía del delito que se beneficia de tanto dolor. “El que las hace las paga”, sostiene el Gobierno nacional, pero siempre hay un depende.
“Yo soy madre de los que algo estaban haciendo”
“Llegar hasta un tribunal ya es obtener justicia”, le había dicho la cuestionada fiscal Laura Battistelli a Gabriela Sanso. Lo que parecía un mensaje que buscaba dar ánimo, consolar, felicitar, más bien pretendía conformar a una madre para que el simple hecho de llevar la causa a juicio fuera suficiente.
Durante las audiencias, sistemáticamente se intentó hacer foco en el robo cometido por Rodrigo Sánchez, cuestión que ya había sido juzgada en 2018. Al insistir en sus antecedentes, se buscó desviar la atención del homicidio cometido por un efectivo policial con problemas de consumo de drogas, quien a la fecha ya cuenta con otros actos delictivos: el robo en un shopping y un intento de robo con arma punzante a un remisero, acciones por las que sí fue separado de la fuerza.
En su alegato final, la fiscal Battistelli acusó a Leonardo Sanabria de mentir en su testimonio y de abandonar a Rodrigo en el lugar de su asesinato. Sanabria estaba con él al momento de los hechos. En la sentencia, el jurado solicitó la investigación de Sanabria por falso testimonio.
Durante el transcurso del debate, la fiscal se mostró muy interesada en dar lecciones de moralidad sostenidas en una comparación constante entre las actividades y los gustos de sus hijos (“Como madre, si me dicen que no está en inglés, seguramente está jugando al rugby en el club”) y en una delimitación clasista y prejuiciosa de hasta dónde llega la delincuencia. Es de esta manera que el aparato judicial distingue abiertamente entre los pibes bien que vienen de familias bien, y las madres de los pibes que seguramente “algo estaban haciendo”.
Tres disparos, tres años, tres casos impunes
El policía victimario disparó tres proyectiles, uno de los cuales impactó en el cuerpo de la víctima. Como los tres años a los que fue condenado por asesinar por la espalda. Un año por cada balazo, que en tiempo de condena son tan pocos como el espacio de tres metros entre el policía que disparó y la víctima.
Con el de Rodrigo Sánchez, son tres los casos de miembros de la Policía juzgados por asesinar a una persona en la escena de un robo en Córdoba. En marzo de 2023, el sargento ayudante Esteban Adavid fue condenado a un año y seis meses de prisión por “homicidio en exceso de la legítima defensa”. Adavid había asesinado por la espalda a Isaías Luna, de 21 años, luego de cometer un robo en barrio Urca. Luna estaba desarmado, pero los efectivos se encargaron de “plantarle” un arma, mover el cuerpo y modificar la escena del crimen, un modus operandis que se repite y se volverá a repetir más adelante en el caso de Rodrigo Sánchez.
Otros cinco policías fueron condenados por encubrimiento y recibieron penas mayores a la del homicida, aunque también con prisión condicional. Por otro lado, los otros autores del robo, sentados en el banquillo junto al resto de los acusados, fueron condenados a tres años de prisión efectiva.
El otro caso es el de Lucas Rudzicz. Tenía 13 años cuando el sargento ayudante Martín Murúa lo asesinó de dos disparos, uno en la nuca y otro en la espalda, mientras escapaba con una moto guadaña que acaba de robar al padre Mariano Oberlin en barrio Müller. En noviembre de 2018, Murúa fue acusado de “homicidio cometido con exceso en la legítima defensa de un tercero” y condenado a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo por cinco años (siguió en libertad); mientras que David Luna, cómplice del robo que se declaró culpable, recibió una condena de cinco años.
Que parezca un enfrentamiento
El encubrimiento, la manipulación de las pruebas, la modificación de la escena del crimen, no sólo responden a un modus operandis de las fuerzas que se aplica en contexto de robo, también se ha visto en otras situaciones, como en el caso más conocido de gatillo fácil en el último tiempo: el Blas Correa. El 31 de marzo de 2023, el tribunal reconoció que hubo violencia institucional, condenó a perpetua los dos efectivos que dispararon al auto que había eludido un control policial en el que viajaba Blas y sus amigos, y a otros nueve que intentaron encubrir el delito, ocultar pruebas y plantar el viejo revólver calibre 22 en la escena.
Estos procedimientos para que la escena de un homicidio aparezca como enfrentamiento, son el común denominador en estos casos de gatillo fácil en contextos de robo. El año pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitó a la Cámara 9ª del Crimen presenciar el debate oral y público por el homicidio de Rodrigo Sanchez, “por tratarse de un grave caso de violencia institucional, cuya impunidad podría implicar una responsabilidad internacional para el Estado argentino”. Pese al cambio de gobierno y los nuevos lineamientos que desmantelan la secretaría, un abogado presenció la totalidad del juicio.
“Cuando esto termine voy a ir a ver a mi hijo. Le voy a decir que cumplí con él. Y voy a seguir luchando, a seguir marchando y visibilizando otros casos que han aparecido y dejando que Rodrigo descanse tranquilo”, sostuvo la mamá a la espera de que lleguen los fundamentos de la sentencia y la querella resuelva o no una apelación.
Fotos: Candela Almaraz
*Estudiantes en prácticas de trabajo final de grado de la FCC-UNC, en el proyecto “Cobertura periodística de juicios con impacto social y político”, coordinado por Alexis Oliva
Fuente: www.que.fcc.unc.edu.ar