Por Fermín Boloquy*
La CTA Autónoma Córdoba marchó el martes 12 de mayo con estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores de todos los sectores, jubilados, organizaciones sociales, movimientos de mujeres y diversidades. Lo hizo porque lo que está en juego no es sólo el Presupuesto Universitario: Es el modelo de país. Quién paga el ajuste, quién tiene derechos y quién no. Esta no fue una Marcha sectorial, sino una Marcha del pueblo.
Sería un error reducir los alcances de esta Marcha a un conflicto universitario. El desfinanciamiento de la Educación es parte de un patrón más amplio y deliberado: El retiro sistemático del Estado de todos los espacios donde se garantizan derechos sociales. Los trabajadores y trabajadoras cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. Tener empleo formal ya no garantiza una vida digna. Los adultos mayores que dedicaron su vida al trabajo deben seguir trabajando para sobrevivir porque las jubilaciones mínimas no cubren una canasta básica ni el acceso a medicamentos.
Las redes territoriales de organizaciones sociales que durante décadas articularon la presencia del Estado en los barrios más vulnerables fueron desmanteladas: Se retiraron alimentos, insumos y programas sin ninguna política alternativa. Las personas con discapacidad enfrentan auditorías masivas, recortes en pensiones y dificultades para acceder a tratamientos -precisamente el área desde donde se tejió uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno-. Los dispositivos de prevención y atención de consumos problemáticos se deterioran: Donde el Estado se retira, las redes narco crecen. La asistencia social deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un acto de caridad. La pobreza no es una falla personal: Es el resultado de decisiones políticas.
El achicamiento del Estado no es una medida técnica: Es una elección ideológica que transfiere al mercado espacios que antes eran derechos. Los acuerdos con el FMI funcionan como techo de la inversión social, subordinando salarios, jubilaciones y políticas públicas al equilibrio fiscal. Y mientras se nos dice que no hay recursos, los bienes estratégicos del país —litio, petróleo, minería— se entregan bajo regímenes de excepción como el RIGI, que blindan a las grandes inversiones del control estatal y de la distribución justa de la riqueza.
Ajuste y corrupción son dos caras del mismo proyecto. Mientras el Gobierno recorta derechos y exige sacrificios, sus funcionarios más cercanos son investigados judicialmente por enriquecimiento ilícito y corrupción. El caso $LIBRA involucra al Presidente en la promoción de una criptomoneda que derivó en una estafa millonaria con causas judiciales abiertas. El escándalo de la ANDIS —la agencia que debía asistir a personas con discapacidad— reveló un presunto esquema de sobreprecios en medicamentos con retornos hacia la cúpula del Gobierno, con Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem señalados judicialmente como beneficiarios. El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica y los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios completan un cuadro que, según encuestas recientes, convirtió a la corrupción en la principal preocupación de la ciudadanía argentina. No es un Gobierno que ajusta por necesidad y gobierna con austeridad. Es un Gobierno que ajusta los derechos del pueblo mientras sus funcionarios son investigados por robar al Estado.
La ofensiva sobre la Educación no es solo presupuestaria: Es ideológica. Se busca transformar la educación en un servicio de mercado y reemplazar la lógica del derecho por la lógica del mérito individual. Bajo esa lógica, quien no puede pagar no estudia; quien no estudia queda excluido del conocimiento, de la movilidad social, de la participación plena en la vida democrática.
La Educación Pública, gratuita y de calidad es una conquista histórica del pueblo argentino. Defenderla es defender un proyecto de país donde el origen no determina el destino. Una democracia donde el Ejecutivo elige qué leyes acata y cuáles ignora es una democracia debilitada. La CTA Autónoma reivindica la democracia no como un procedimiento formal, sino como el sistema que debe garantizar derechos reales para la mayoría del pueblo. No hay democracia plena con jubilados en la pobreza. No hay democracia plena con trabajadores que no llegan a fin de mes. No hay democracia plena con universidades desfinanciadas, leyes incumplidas y funcionarios corruptos.
*Secretario de Formación de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto