Una trabajadora social que se desempeñó por 11 años en el Municipio de Villa María fue recientemente despedida. A través de un telegrama rechazó la decisión y desde uno de los gremios municipales, cuestionaron la medida, entre otros puntos, por darse a contramano de un DNU que prohíbe las cesantías en pandemia.
“La trabajadora del Área Salud del Municipio de Villa María que recibió un telegrama de despido firmado por el abogado municipal Santiago Tovo, asesorada por la Unión de Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTAA), presentó una Carta Documento al Municipio rechazando ese despido”, indicaron desde el gremio, para informar que comenzaron las acciones de rechazo a la cesantía impuesta a la trabajadora social.
La mujer, recordamos, es de Pozo del Molle y hace 11 años que está integrada a los equipos de salud de la Municipalidad de Villa María. Con la pandemia, se complicó su traslado por la falta de transporte público, por lo que ofreció seguir haciendo las tareas de manera virtual, con la misma dedicación que le imprimió a su trabajo durante más de una década. La respuesta fue un telegrama de despido con el argumento de que se había finalizado el contrato.
“Desde lo gremial entendemos que despedir una trabajadora, con más de once años de antigüedad, escudándose en la supuesta finalización del contrato laboral no es más que pretender justificarlo con el mismo instrumentos que el municipio usa para concretar el fraude laboral. Es decir, mediante los contratos el municipio miente la relación de dependencia que mantiene con cientos de trabajadoras y trabajadores. No se trata de relaciones laborales para trabajos eventuales sino que se extienden por años y resuelven necesidades permanentes del municipio”, indicó UTEM.
El gremio encabezado por Jesús Chirino, Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María, remarca que “no es tolerable que buen día el abogado pretenda dejar sin trabajo alguien porque ‘se terminó el contrato’. En realidad ese ‘contrato’ existe porque el municipio no asume su deber de tener los empleados y empleadas registrados como corresponde y lo establecen las normas legales vigentes”, ratifica.
Por otra parte, expresa que “los despidos laborales están expresamente prohibidos mientras dure el especial período que vivimos con la pandemia. El Gobierno nacional plasmó esta prohibición en el DNU 329/20. No entendemos cómo el municipio local, cuyo intendente, Martín Gill, pidió licencia para integrar ese gobierno, despide personal”.
Agregan que “el actual intendente, Pablo Rosso, no salió a apoyar a Tovo y tampoco desautorizó o confirmó este y otros despidos producidos en el municipio. No sabemos si se trata del accionar independiente de un área municipal o Rosso no está interesado en lo que pasa con lo/as empleado/as. También puede ser que directamente pretenda ir en sentido contrario al establecido por el gobierno nacional y caminar por fuera de la norma legal dictada por el mismo”.
Lo desconocen
A través de un argumento legal esgrimido por la abogada de la CTA Autónomas que asesora a la mujer despedida, entienden que al darse fuera del marco legal, esa comunicación de cesantía no es válida.
“Si bien no entendemos mucho de estos vaivenes políticos, si tenemos en claro que, debido entre otras cosas, a esa prohibición; el despido firmado por el abogado municipal es fallido y se basó en términos falsos, arbitrarios, discriminatorios e ilegales. Por ello la trabajadora debería cobrar sus haberes en tiempo y forma y le hacemos saber a Rosso, que el municipio debería otorgarle tareas remotas hasta que se restablezca el transporte público”, concluyeron desde UTEM-CTA.
Fuente: www.eldiariocba.com.ar