Por Carlos Cafure*
El discurso oficial del Gobierno de Córdoba y del Palacio 6 de Julio, suele articularse en torno a una narrativa de responsabilidad fiscal y defensa del federalismo. Desde los atriles, se denuncia con firmeza la asfixia financiera de la Nación y se encienden alarmas apocalípticas sobre el déficit crónico de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Sin embargo, detrás de esta retórica de la escasez y el orden, se esconde una contradicción flagrante: el equilibrio macroeconómico cordobés, se sostiene mediante un ajuste feroz sobre los hombros de sus propios trabajadores públicos.
La primera gran incoherencia se evidencia en la política previsional. Mientras el Ejecutivo provincial se queja de los recortes federales, aplica un hachazo directo al bolsillo estatal exigiéndoles a los empleados activos aportes jubilatorios que, en algunos regímenes, alcanzan un insólito 26%.
Este nivel de retención no es previsión social; es un recorte salarial encubierto y liso y llano que erosiona el poder adquisitivo de manera inmediata.
Pero el cinismo del sistema no termina allí. Mientras el discurso público se desvela por la sustentabilidad de la Caja, tanto la Provincia como la Municipalidad de Córdoba actúan como los principales promotores de la informalidad laboral institucionalizada.
A través de un entramado de monotributistas, becarios, pasantes y contratos precarios, el propio Estado desfinancia el sistema previsional que dice proteger.
Miles de personas trabajan en la órbita pública sin realizar aportes a la Caja cordobesa, funcionando como mano de obra barata y como un perverso mecanismo de ahorro fiscal.
El resultado de esta pinza, es una distorsión económica alarmante.
En el mejor de los escenarios, un empleado estatal en Córdoba termina percibiendo de bolsillo apenas el 48% de su sueldo bruto.
El 52% restante se esfuma en una gigantesca maquinaria de descuentos: aportes jubilatorios asfixiantes, el regresivo impuesto a las ganancias, la obra social, cuotas sindicales y otros fondos extraordinarios.
La matemática es cruel y exime de mayores análisis: en Córdoba, los trabajadores estatales trabajan mensualmente para que el Estado se quede con más de la mitad de su esfuerzo.
Cuando los descuentos superan al salario neto, la frontera de los mismos se cruza para ingresar en el terreno del despojo.
Este bestial ajuste, ejecutado bajo el amparo del “Cordobesismo”, está empobreciendo a pasos agigantados a la fuerza laboral de la provincia y la ciudad, demostrando que la famosa “gestión Córdoba” cierra sus números, pero con la gente afuera.
Hasta el día de hoy también, todas las trabajadoras y trabajadores de los gremios aportantes a la Caja Jubilatoria Provincial, siguen esperando de sus conducciones sindicales un verdadero plan de luchas (que incluya paros provinciales) y no medidas tibias que pretendan hacerles creer a las personas que hacen algo, cuando en realidad no vienen haciendo nada serio y contundente al respecto.
El norte de qué clase sindicalismo queremos y merecemos tener en Córdoba, lo dejaron grandes dirigentes gremiales de la talla de Agustín Tosco, Atilio López y René Salamamca.
* Abogado laboralista
Fuente: www.enredaccion.com.ar