Las graves situaciones de violencia sucedidas dan cuenta de la falta de políticas oficiales que garanticen los derechos del infancias, juventudes y trabajadores. Todas y todos sufren las consecuencias de un sistema arrasado por la falta de inversión, los negocios con ONG fantasmas, la precarización laboral generalizada y los bajísimos salarios del sector, la falta de espacio y la simulación de políticas socioeducativas que son solo un anunció de marketing. “Con trabajadores sin derechos tampoco hay derechos para las infancias y juventudes”, explica la delegada de ATE, Irina Silberman.
Los graves incidentes sucedidos en diversas dependencias de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de Córdoba, confirmaron nuevamente las advertencias que vienen haciendo públicas las y los trabajadores del sector, donde a la falta de infraestructura adecuada y de cantidad de personal se agrega una política en clave punitivista que no acierta a abordar la problemática compleja de los usuarios del sistema.
Con trabajadores lastimados y varios episodios de violencia en institutos del Complejo Esperanza y en Residencias Abiertas, que dejaron un saldo de varios compañeros heridos y uno de ellos al punto que debió recibir una cirugía en la cara, ATE lanzó el “estado de alerta” reclamando al Ministerio que dé un cambio de políticas, invierta en infraestructura, desplace a las fundaciones fantasma que tercerizan servicios y precarizan a las y los trabajadores, y mejore las condiciones laborales generales porque “son los trabajadores quienes garantizan los derechos de las infancias y juventudes” a cuidado del Estado.
En tal sentido, la delegada de ATE Irina Silberman, trabajadora del área socioeducativa, explicó con una mirada aguda desde el interior del sistema que “la SENAF está funcionando por trabajadoras y trabajadores precarizados, la mayoría madres sostén de familia, con trabajos que se imponen por medio de becas y monotributos, así como otras figuras de fraude laboral propias de la Administración Pública. Sumado a eso, el último tiempo tuvimos varias situaciones conflictivas en el Complejo Esperanza, donde es de público conocimiento que se generaron revueltas en varios institutos que terminaron con varios compañeros de personal y asistencia golpeados. Por eso hay muchos trabajadores que están con licencias ordenadas por la ART, producto de la violencia que se vive diariamente”.
La delegada comentó que “también hubo una revuelta en la Casa de Achaval, Residencia de Puertas Abiertas de SENAF, donde un grupo de jóvenes destruyó el lugar, amenazó y golpeó un cuidador”. Y agregó que “por eso informamos al Ministerio que estamos en estado de alerta y hacemos responsable a la cartera de Justicia por lo que podamos sufrir mientras prestamos servicio para la SENAF”.
Condiciones de trabajo
El Complejo Esperanza es un centro socioeducativo, y es importante rescatarlo esto porque en tanto centro de encierro, se incorporó en 2016 la figura de la educadora social, un cambio de paradigma en la mirada que se tiene respecto a las juventudes y específicamente a las juventudes en conflicto con la ley penal.
“Pero atento a la situación contractual de las y los trabajadores, creemos que lo de socioeducativo solo queda en el título, en una concepción teórica, pero en la práctica no se puede sostener el discurso. En las residencias el 90% de los trabajadores está facturando como monotributistas a ONG fantasmas, las trabajadoras con salarios de pobreza, sin ART ni seguros. Las profesionales no somos reconocidas a pesar que nos capacitamos todos los días para estar en el espacio y brindar un servicio que garantice derechos para las juventudes en encierro”, denuncia Silbernan. Por supuesto ATE viene informando al Ministerio sobre la situación hace mucho tiempo.
Respecto al servicio de asistencia y seguridad “también hay mucho contratado, con algunos de planta permanente, pero son considerados administrativos para el gobierno, por lo tanto tampoco se reconoce la tarea de personal de seguridad, quedando expuestos a sufrir los ataques que venimos dando a conocer”.
En esa línea, la delegada de ATE asegura que “las residencias están sostenidas con trabajadores monotributistas pero también con becarios y becarias que cobran 60 mil pesos, tampoco cuentan con seguro ni ART. En todo el organismo los trabajadores somos pobres, ningún salario supera la línea de la pobreza que marca el INDEC”.
Imágenes del vaciamiento
Además, la delegada de ATE afirma que “el vaciamiento se expresa también en residencias que se caen a pedazos, con faltas de recursos humanos y edilicios, porque hay sobrepoblación en algunas residencias, con casos donde los chicos duermen en colchones en el suelo”.
“Todo configura un estado lamentable. Nos encontramos en estado de alerta y organizados para resguardarnos. Porque con trabajadores sin derechos tampoco hay derechos para las infancias y juventudes”.
Diálogo trucho
Cabe señalar que el Gobierno de Juan Schiaretti dejó sin respuestas cada uno de los reclamos interpuestos por ATE en una presunta Mesa de Diálogo creada el año pasado por el Ministerio de Justicia, orquestada solo a los fines de desmovilizar al sector, sin resolver ninguno de los graves problemas existentes, cuando se renovó parte del equipo de funcionarios por las gravísimas denuncias de abusos que se sucedieron en la SENAF y la crisis política que enfrentó el gobierno de Córdoba, que obligó a reemplazar varios ministros.
En esa instancias el Ministerio convocó a ATE a un espacio de diálogo, atento que es la única organización que representa efectivamente a las y los trabajadores, pero pasado el clima político, el Gobierno de Schiaretti volvió a su política de siempre. Por eso no es extraño que las revuelas se sucedan regularmente.
En ese marco, la delegada alerta sobre la confluencia entre las problemáticas de los usuarios del sistema y las del personal del organismo. “Con trabajadores sin derechos tampoco hay derechos para las infancias y juventudes”, concluye.
Fuente: www.atecordoba.org