El Instituto de Estudio y Formación de la CTA Autónoma (IEF-CTA) difundió un trabajo en donde aborda el análisis del Proyecto de ley del Presupuesto de la Administración Pública Nacional del año 2021. A continuación una síntesis del trabajo y el documento completo para descagar.
El Presupuesto 2021 presenta un planteo fiscal de una economía que ha superado por completo la actual condición sanitaria y las medidas de cuidado y restricciones a la circulación que operan hasta el momento. Es verdad que el futuro es incierto pero esta apuesta, a pesar de las advertencias que invocan a la capacidad por flexibilizar los planes dispuestos, supone un forzamiento de la realidad más importante que el que implicaría suponer la continuidad del escenario actual. Más aún considerando que a tan sólo dos meses de finalizar el 2020 la Argentina se ha posicionado décima en el ranking de la cantidad de muertes por millón de habitantes y primera en el promedio de muertes diarias, una escalada que nos llevó a superar el millón de contagiados. Evidentemente la ausencia de una cura o vacuna efectiva convierte en una utopía comenzar un enero sin rastros de la pandemia.
De todos modos, en este punto es importante aclarar que el hecho de que la pandemia llegue a su fin es una cuestión muy distinta que suponer que los efectos sociales y laborales desaparezcan con ésta. La crisis sanitaria ha dejado al descubierto serias problemáticas sociales que debieran constituirse en la guía de prioridades para la asignación presupuestaria: el hambre, la pobreza, hacinamiento habitacional y acceso a los servicios públicos esenciales con el agua potable, la salud y la educación en primer término. Como adelanto de este exagerado optimismo respecto de la recomposición de algunos sectores el gobierno parece haber descartado la continuidad del pago del IFE para lo que resta del corriente año dando comienzo a un 2021 sin el pago de un ingreso universal.
Uno de los rasgos más saliente de la lectura general del proyecto de ley es el sesgo neodesarrollista de la política económica que como tal desplaza todo intento de política de ingresos de shock y en reemplazo ofrece un rol público destinado principalmente a sostener garantías favorables para la inversión productiva. Estabilidad, sostenibilidad, tranquilidad macroeconómica son parte de los principales objetivos que orientarán el accionar del sector público junto al acompañamiento de la infraestructura necesaria. De esta manera, la política de ingresos no será, según una lectura textual de la letra de los planes de gobierno, la palanca para la reactivación económica. La apuesta del gobierno es exactamente al revés, sería el repunte de la actividad privada la que recomponga el empleo y así los ingresos. Sin lugar a duda, se eligió el camino lento para la recomposición del cuadro social por ser la que minimiza el impacto presupuestario, aunque resulta claramente inoportuna si tenemos en cuenta la urgencia que significa el momento histórico actual con tasas récord para los niveles de pobreza e indigencia. Un precio demasiado alto para cumplir con el imperativo de reducir el rojo en las cuentas públicas.
La apuesta es doble y fundamentalmente incierta: por un lado, por la confianza depositada en que sucederá una reacción del empleo de relevancia sabiendo que los pronósticos de crecimiento de la actividad económica son lentos e incluso los requerimientos de mano de obra vienen siendo drásticamente reducidos con mayor énfasis luego del adelantamiento tecnológico en diversos sectores y actividades, y por otro lado, porque la recuperación salarial tampoco adquiere una perspectiva de despegue interesante considerando los resultados de las paritarias hasta ahora convenidas y el escaso margen de recuperación del salario mínimo.
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Fuente: www.agenciacta.org