Desde el recientemente creado Departamento de Géneros y Diversidades de ATE Córdoba se debatio y consensuó un documento que alerta que “se está ante un fenómeno producido e inherente al capitalismo global, patriarcal, colonialista y racista que sumerge a la inmensa mayoría de la población a condiciones de vida incompatibles con pleno ejercicio de los derechos humanos”. Desde el espacio, además, remarcan la importancia de “analizar las consecuencias de la emergencia sanitaria en la vida de las mujeres y la población LGTTTBI+”.
Reproducimos, a continuación, el documento:
Ante la emergencia sanitaria se necesitan respuestas urgentes, es con nosotras y nosotres
“La pandemia desatada a nivel mundial por la aparición del Covid-19 ha generado una crisis sanitaria sin precedentes y ha profundizado las desigualdades de todo tipo a escala global. En Argentina que ya se encuentra con una grave crisis económica y social, la pandemia ha agudizado el cuadro social de pobreza, indigencia y la afección en provisión de servicios básicos para atender el hambre de vastos sectores de la población, sumada la alarmante inestabilidad y precariedad laboral que resulta difícil revertir luego de cuatro años de desguace del Estado por el gobierno macrista. Se está ante un fenómeno producido e inherente al capitalismo global, patriarcal, colonialista y racista que sumerge a la inmensa mayoría de la población a condiciones de vida incompatibles con pleno ejercicio de los derechos humanos.
“Frente a esta crítica situación las integrantes del Departamento de Géneros y Diversidades del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba consideran necesario analizar las consecuencias de la emergencia sanitaria en la vida de las mujeres y la población LGTTTBI+ teniendo tres ejes de análisis:
“El primero, cómo está afectado el Aislamiento Social Obligatorio (ASO) dispuesto por el gobierno nacional a las vida cotidiana de mujeres y personas LGTTTBI+. En ese sentido resulta alarmante el aumento de números de femicidios y travesticidios desde el comienzo de la cuarentena el día 12 de marzo hasta el 4 de abril se potenciaron, produciéndose 1 cada 29 horas en todo el territorio nacional. Superando el promedio de 2019 que se perpetraban 1 cada 31 horas. Siguiendo los datos aportados por el Observatorio de Mumalá en 2019, el 62% de los femicidios fueron perpetrados en las viviendas de las víctimas o viviendas compartidas con victimarios y el 63% fue en manos de su pareja o ex pareja. Estos datos manifiestan que ante contextos que obligan a estar permanentemente en convivencia con violentos, en una situación de aislamiento obligatorio, generan las condiciones para el aumento del grado de violencia traducida en altas tasas de femicidios y travesticidios. Frente a esta situación el gobierno nacional y el provincial han reforzado los equipos que están frente a la atención telefónica como en las unidades judiciales para la recepción de dichas denuncias. En la provincia de Córdoba, el Polo Integral de la Mujer víctima de violencia ha recibido más de 5000 llamadas, unas 300 llamadas diarias en promedio. De las consultas y denuncias, el 66% corresponden a violencia de género, abuso sexual y violencia familiar, el 23% a violaciones a las medidas de restricción; un 11% a situaciones de violencia cometidas sobre terceras personas, sean vecinas, amigas o conocidas.
“Si se pone el foco en la población LGTTTBI+, las medidas de aislamiento imposibilitan que ejerzan la prostitución o trabajo sexual, única fuente de ingreso de subsistencia de gran parte de la personas travesti-trans. La violencia institucional se agrava y son perseguidas por las fuerzas de seguridad, principal causa de los transfemicidios. Frente a la vulnerabilidad social a la que está sometida esta población es necesario generar lineamientos claros de acceso y pautas en los sistemas de salud, generar capacitaciones para los efectores a fin de remover las barreras discriminatorias que conducen al incumplimiento de la Ley de Identidad de Género y vulneran el derecho a la identidad autopercibida.
“Si bien los esfuerzos y medidas tomadas por el gobierno nacional y provincial intentan dar respuesta a este flagelo desde la contención, no alcanza, se deben avanzar en medidas preventivas. Se observa que a nivel de las provincias muchas no han conformado comités de crisis y en el caso de la conformación de los Comités de Crisis a nivel local en la provincia de Córdoba carecen de representación las mujeres y la comunidad LGTTTBI+, por lo que obviamente las decisiones y medidas van carecer de perspectiva de género. Se hace indispensable fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones de gobierno, en donde la constitución de los Comités de Crisis, también suponga la participación de todas las áreas de trabajo involucradas donde no pueden estar ausentes las organizaciones sociales y sindicales siguiendo una paridad de género. También se observa una falta de coordinación interministerial (entre el nuevo Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Seguridad y estos dos con el Ministerio de Desarrollo Social) y un abordaje integral de la problemática que busque romper con la matriz de violencia y de poder patriarcal que se lleva la vida de mujeres y personas LGTTTBI+.
“El segundo, cómo está siendo el impacto de la crisis económica y sanitaria en las condiciones de trabajo de los servicios de atención, declarados como actividad esencial, siendo sectores altamente femenizados y precarizados laboralmente. Los empleos precarios son los primeros que se pierden en una situación de recesión económica, y son las mujeres las que están sobre representadas en estos sectores. El primer escalón de mayor afectación están siendo las vendedoras ambulantes, la población travesti y trans en situación de prostitución, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casas particulares. En segundo escalón están las empleadas de empresas tercerizadas del Estado, las trabajadoras de la cultura sin contratos estables, las artesanas, cocineras, sectores de salud monotributistas como enfermeras particulares, acompañantes terapéuticas, o psicólogas, las cuales han dejado de percibir o han mermado sensiblemente sus ingresos. En un tercer escalón, es el caso de las trabajadoras de áreas esenciales del Estado, que siguen funcionando sin poder acogerse al asilamiento social obligatorio. Aquí nos detendremos porque el sector sanitario argentino está siendo primera línea de fuego de la pandemia. Es una tarea en su mayoría feminizada, puesto que entre el 60-70% son mujeres. Tras años de desfinanciamiento, la Argentina y en particular la provincia de Córdoba enfrenta una de las peores pandemias de la que se tenga memoria sin herramientas básicas de protección social para las y los trabajadores de la salud. La degradación y desfinanciamiento refleja el desinterés por el sistema público de salud con falta de personal, de insumos para la protección personal, salarios hasta por debajo de la línea de pobreza, una marcada precariedad laboral que afecta más a las mujeres y se siente más fuertemente en los sectores más alejados de los centros urbanos.
“El sistema de salud es uno de los compromisos asumidos por el actual gobierno nacional, haciendo una fuerte inversión en el sector que es valorable pero si consideramos que la política de salud depende en su mayoría de los gobiernos provinciales, el panorama es alarmante. En el caso de Córdoba, siguiendo el informe del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIIS), explica que el total de camas críticas, que recibirán pacientes con coronavirus, en la provincia de Córdoba asciende a 1535, las cuales han prometido ser reforzadas por el gobierno provincial con 563 para llegar a un total de 2098 unidades. Pero según lo expresado por Héctor Oviedo, vicepresidente del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba en un escenario de crisis, no solo se debe contemplar la compra de camas, respiradores e insumos, sino también se debe contar con los profesionales adecuados. De este modo, en plena contingencia, la provincia de Córdoba contaría con un médico por 10,6 camas, siempre que los profesionales trabajen en jornadas de ocho horas sin franco. Cuando la pandemia llegue a su pico, el 100% de las camas estarán ocupadas por pacientes que necesitan ventilación mecánica. En ese escenario de máxima, se recomienda 1 especialista cada 4 camas, pero solo se tendrá una distribución de un medico/a cada 10,6 camas. La exigencia profesional superaría en un 163% del nivel recomendado. Eso supone que faltaría más del doble del personal. Por eso, resulta imperioso volver a jerarquizar el sistema de salud en provincia e instamos al Gobernador y sus funcionarios hagan los esfuerzos necesarios para llevar certidumbre a los y las trabajadoras de la primera línea para que puedan enfrentar el pico más álgido con recursos, además de ser reconocidos salarialmente con el pago de una compensación salarial de un sueldo más. Necesitamos que el personal sanitario cuente con las condiciones para dar respuestas eficientes y eficaces a la población.
“Tercero, el impacto en sectores de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a áreas no consideradas como esenciales ha forzado situaciones laborales que profundizan las situaciones de desigualdad que la propia pandemia ocasiona. El teletrabajo tensiona la garantía de las licencias por cuidado, obliga a la recarga de doble tarea. Principalmente es el caso de las trabajadoras de la educación, que en su mayoría son mujeres que tienen la tarea de “trasladar el aula a la casa” generando una doble jornada laboral tanto para los docentes como para los padres/tutores de los niños, niñas y adolescentes. De la mano de esta situación hay un impacto en el trabajo de cuidado, ya que el cuidado de niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores es una responsabilidad social asumida mayormente por mujeres por lo cual, en tiempos de aislamiento se genera una mayor presión y carga de tareas que antes se resolvían derivando el cuidado a otra institución, persona sea familiar o una trabajadora en condiciones muchas veces de informalidad. No hay que olvidar que el cuidado es una responsabilidad social, por ende urgen políticas de cuidado donde sea responsabilidad del Estado garantizarlas.
“Asimismo, las trabajadoras provinciales del Polo Integral de la Mujer víctima de violencia, hoy se encuentran asumiendo vía teletrabajo las denuncias por demás abultadas, sometidas a contratos precarios y sin recibir compensación alguna por su trabajo esencial en tiempos de crisis sanitaria.
“Otra arista de esta situación es el caso de las cuidadoras, las que limpian, las que cocinan, son trabajadoras que trabajar en su mayoría en la informalidad y para garantizarse los medios de subsistencia no pudieron quedarse en casa, exponiéndose a condiciones precarias con salarios por debajo de la canasta y en condiciones laborales de riesgo, con falta de reconocimiento
“Para finalizar, desde el Departamento de Géneros y Diversidades de ATE Córdoba se considera que la prevención y erradicación de la violencia de género debe ser una política de Estado con presupuesto para atender esta emergencia sanitaría, económica y social. Para ello se necesita la implementación de políticas públicas cuyo lineamiento político tenga claro la coordinación interministerial entre niveles de gobierno e incorpore a todos los actores de la sociedad. En el marco nacional reclamamos al gobierno la suspensión del pago de la deuda externa y cree un gravamen a los grupos concentrados de la economía como fuente central para financiar acciones de prevención y atención directa a la emergencia en violencia de género. Se requiere avanzar con la reincorporación de las compañeras despedidas durante el macrismo en el Estado Nacional y pase a Planta Permanente de les Precarizades. También se amplíe el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las poblaciones en situación de emergencia por violencia de género y población LGTTTBI+. Se pueda hacer extensivo el reconocimiento/bono otorgado para Trabajadores del Estado de las áreas de salud al resto de las y los trabajadores esenciales (auxiliares de educación, áreas de cuidado de niñas y niños y adultos mayores, áreas de atención a víctimas de violencias, mantenimiento, agentes de tránsito) para trabajadores del Estado Nacional, provinciales y municipales.
“En el plano provincial y municipal, se exige el aumento del presupuesto en salud tanto para la compra de los insumos necesarios como para el pago de un salario más para el personal que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia. Reconocer como trabajo esencial al personal que está desempeñando su laboral en la atención de víctimas de violencia de género. Se debe promover en los municipios la creación de los Comités de Crisis cuya composición contemple todos los actores de sociedad y la paridad de género y población LGTTTBI+”.
Fuente: www.atecordoba.org