El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) cumple un inestimable rol: alienta la producción agroecológica, asiste a poblaciones rurales fomentando su arraigo y facilita el acceso a tecnologías para mejorar la infraestructura productiva. Su desmantelamiento, más allá de los argumentos oficiales, parece obedecer a cuestiones ideológicas.
Por Miguel Apontes*
Días atrás se conoció la decisión del Gobierno nacional de cerrar el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci). “El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena luego de una revisión de datos calamitosos y desoladores”, dijo en una de sus diarias conferencias de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni. Como es ya rutina, el presidente Milei compartió en sus redes sociales los argumentos.
Con su habitual compostura y decoro –nunca exento de conceptos clasistas y regodeo por el despido de empleados públicos- el vocero anunció la cesantía de 900 trabajadores y adelantó las razones que llevaron a tal medida: “fiesta en el gasto público” y “puestos de no trabajo”. Le salió al cruce la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y dijo que no son más que “mentiras que dice el Gobierno para justificar el ajuste”.
También se pronunciaron organizaciones campesinas de todo el país. La Federación Campesina le recordó al funcionario el papel de los técnicos del organismo, “que permitieron llevar adelante múltiples proyectos en los territorios, además del pedido recurrente por mayor presupuesto expresado en distintos ‘feriazos y verdurazos’”.
El Inafci en primera persona
Clarisa Mensa es trabajadora social y fue Coordinadora de la Región Centro del Inafci hasta diciembre. En diálogo con La Nueva Mañana destacó del organismo el papel de los técnicos y su distribución en los territorios.
“La vinculación directa entre los técnicos y los productores en el territorio, permite la cercanía para aportar conocimientos en las distintas cadenas productivas, e implementar políticas públicas, con las provincias, los municipios”, explica.
También refiere a la valoración, por su inserción territorial, que tienen los técnicos (ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos, profesionales de las ciencias sociales como trabajadores sociales, psicólogos sociales y otros técnicos agropecuarios) de parte de otros organismos con los que se articula, como el INTA, el INTI o las reparticiones que abordan la agricultura familiar, en este caso de la provincia de Córdoba.
– Sobre la regularización del sector, ¿relevaban los campesinos en los territorios?
– El Instituto tiene como política principal la formalización del sector de la agricultura familiar con lo que es el Renaf, el Registro Nacional de Agricultura Familiar. Se llevó adelante un despliegue territorial impresionante, sobre todo post pandemia, revalorizando el rol productivo en la provisión de alimentos de cercanía, en especial en estos momentos tan difíciles. Y a partir del registro, la posibilidad de diseñar políticas propias de acuerdo a las cadenas productivas de cada región. Entonces, cada provincia va armando su plan de trabajo con capacitaciones en agroecología, en mercado de cercanía, en cómo gestionar un posnet.
– ¿Y sobre el arraigo de las poblaciones campesinas?
– Además de las capacitaciones específicas en la producción, que contemplan por ejemplo el sistema de riego, o la sanidad animal de las cabras en el norte de Córdoba, una de las políticas centrales en este abordaje de la agricultura familiar campesina e indígena, tiene que ver con recuperar las costumbres, el arraigo de poblaciones marginadas por mucho tiempo y el reconocimiento a los modos de producción, a los modos de vida. Se apoya esto en la necesidad de generar ingresos en las cercanías o en los territorios para que las familias no tengan que dejar el campo. Volver a las raíces y plantear formas de producción, de comercialización y de intercambio que lleven al desarrollo de cada lugar.
– ¿Cómo es el financiamiento?
– Hay líneas financiadas por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, por el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) o el Banco Mundial. Créditos que se ejecutaron durante el último gobierno, porque el macrismo los había desechado. Entonces, cuando Adorni plantea que el 90% del presupuesto se iba en sueldos, en realidad no contempla todo el financiamiento externo recibido y ejecutado. Hay programas como el Procanor, específico para la producción de cabras. Y está el programa “Nuestras Manos”, para el desarrollo rural de mujeres de la agricultura familiar. También el programa Pisear (para la inclusión socio-económica en áreas rurales) y Agro21, que son programas que ejecutan las provincias con sus ministerios de Agricultura.
Los programas de Asistencia Crítica y Directa (Pacyd) y de Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal), tenían financiamiento nacional, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy Secretaría). El resto de los programas tenían financiamiento internacional.
El Protaal en los últimos años se ejecutó en Córdoba, a propósito de las granizadas en el cinturón verde o para perforaciones por la sequía del arco noroeste; se trata de aportes no reintegrables a personas que sufrieron alguna catástrofe natural, como pueden ser incendios forestales que afectaron su producción.
“No somos un sector cualquiera, producimos alimentos”
La Federación Rural para la Producción y el Arraigo, una de las organizaciones que trabaja junto al Inafci, repudió con dureza la decisión del Gobierno de Javier Milei de cerrar el Instituto. La Federación Rural resaltó que “desde hace más de 30 años existen en el Estado nacional, en provincias y municipios, organismos para el acompañamiento y la asistencia técnica para el desarrollo productivo del sector”, sugiriendo a las autoridades que “en lugar de cerrar el Instituto, el Gobierno debería estar gestionando políticas públicas para el acceso a la tierra, a los créditos, y el fortalecimiento productivo en una coyuntura donde la inflación de alimentos es cada vez mayor”.
La Nueva Mañana conversó con Edgardo Barboza, coordinador en Córdoba de la Federación Rural. “Lo que pasó por estos días, con el anuncio del cierre del Inafci, debe analizarse en un marco más general, porque todos los días nos levantamos y nos encontramos con una nueva. Hoy es una cosa, mañana otra. Las organizaciones, los sindicatos, los laburantes, formales e informales, no están pudiendo encontrar un eje conductor para hacer fuerza y plantear un plan de lucha”, lanzó el dirigente.
– ¿Cómo afecta a las organizaciones campesinas el cierre del Inafci?
– Nos ha golpeado muy fuerte, porque hemos aportado mucho a ese espacio, con aciertos y errores, pero me parece que hay un ataque a la cuestión simbólica y al sentido que genera el Instituto. Es un espacio institucional del Estado con más de 30 años, para atender a la agricultura familiar y campesina indígena. En algún momento fue dirección, en otro una secretaría, pero siempre ha estado esa figura representativa del sector. Y que no es un sector cualquiera, es un sector que produce alimentos, que labura en el campo. Entonces, ahí me parece que hay una intencionalidad del Gobierno, que todo lo que huele a pobre, huele a negro, huele a lucha y laburo, tiene que desaparecer. En las últimas semanas, primero tuvimos la eliminación del programa Potenciar Trabajo y la transformación en otros dos programas, que no se sabe bien cómo se implementarán. Hemos trabajado muy cerca del Instituto, básicamente nos garantizó proyectos con líneas de financiamiento para grupos asociativos, para unidades productivas de valor agregado. Y, desde ya, el asesoramiento técnico: en todos los lugares donde tenemos base territorial, se lleva adelante la articulación con algún técnico. Ya sea para el asesoramiento en la producción, para el desarrollo de proyectos o el fomento para la asociación de productores. Es un espacio que brinda asesoramiento desde una perspectiva integral y eso funcionaba ramificado en toda la provincia.
– ¿Afectó a la agricultura familiar la apertura de importaciones?
– La apertura de importaciones de alimentos frescos, se inscribe en lo mismo: hay una intencionalidad del Gobierno con sus medidas hacia quienes producen alimentos. La importación nos parece algo muy delicado, porque la introducción de alimentos frescos de países limítrofes pone en riesgo la producción interna, que de por sí ya está ajustada en términos de costos de producción. Ni qué hablar de lo que pasa en el tramo productivo interno con fuentes laborales, con la dinámica de los pueblos rurales, con las ciudades que se sustentan o dinamizan a partir del arraigo rural. No es casualidad: la agricultura familiar produce más del 60% de los alimentos frescos que cada día consumen las familias argentinas.
El Inafci en Córdoba
Con una planta de 33 técnicos, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena contaba con una delegación en la ciudad de Córdoba. El instituto funcionó hasta el año pasado en un edificio frente a Plaza de las Américas, pero a partir de diciembre (desde el momento que asumió el actual gobierno) no cuenta con un espacio físico.
“A partir de diciembre se cortaron los canales de comunicación institucionales. El mensaje que se le envió a los delegados y a los técnicos fue que se iban a establecer nuevas líneas de comunicación. Eso nunca pasó. Lo que sí sucedió fue que se retiraron las llaves de los vehículos con los que se hacían las visitas a los territorios, al campo, y no hubo más novedades hasta hoy”, dijo a LNM Edgardo Barboza.
*Periodista. Secretario Adjunto del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA)
Fuente: www.lmdiario.com.ar