Organismos de Derechos Humanos denunciaron ante el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del Fiscal Ernesto Rafael De Aragón en la represión de una protesta realizada el pasado 28 de agosto, en Córdoba Capital, en reclamo de alimentos para comedores y merenderos populares, y en la detención del Secretario General de ATE y la CTA Autónoma, Federico Giuliani, y otros 14 dirigentes y manifestantes. La grave denuncia se extiende a la “animosidad manifiesta” por parte del Fiscal respecto de Giuliani, e incluye un planteo para que intervengan la Oficina de DD.HH. en defensa del gremialista y el Tribunal de Ética del Poder Judicial para que analice la conducta del funcionario judicial.
También expusieron las agresiones e impedimento de realizar su trabajo a los periodistas que cubren este tipo de sucesos, lo que configura entre otras afectaciones, “censura y atenta contra el libre ejercicio de trabajar, informar y expresarse”.
La demanda, presentada este viernes, es impulsada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Agrupación Ex Presos Políticos por la Patria Grande, e Hijos. Lleva las firmas de Mabel Sessa, Carlos Hugo Vicente, Adriana del Valle Ochoa, Juan José López, Silvia Salamone, María José Loto y Jorge Mario Lewit.
Dice el escrito de los organismos de DD.HH. que “en esta avanzada contra los derechos del pueblo, sus trabajadoras y trabajadores observamos el uso de la prepotencia y tácticas de limitación en el libre ejercicio de derechos constitucionales, que pretenden profesar un amedrentamiento, censura y disciplinamiento, con el claro intento de limitar el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, de manifestación y circulación, mediante tratos inadecuados provenientes de funcionarios públicos”.
Agrega que “como colorario, de más está decir que el uso de tácticas de persecución, represión y vigilancia masiva como éstas, no sólo invaden el derecho a la privacidad de las personas que protestan, sino que también las intimida, para que sea menos probable que deseen asistir a marchas”.
Y concluye que “es claro el proceder abusivo y desproporcionado de las autoridades de seguridad provinciales y demás responsables que menoscaban derechos constitucionales de los manifestantes; y que con ello amedrentan a quienes se manifiestan; a lo que se le podría sumar un oculto interés de disciplinar a los trabajadores, criminalizar la protesta social y los reclamos por los legítimos derechos avasallados a amplios sectores de la sociedad cordobesa”.
Los graves hechos denunciados
Recuerda el escrito de los organismos de DD.HH, que la protesta en Córdoba se desarrolló en el marco de un plan de lucha de la CTA-A a nivel nacional. Resalta que “la concentración se estableció (en) cercanía de la oficina de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba que asiste a los comedores y merenderos, debido a la falta de asistencia a los mismos que desde hacía unos meses se venía incumpliendo; es decir se estaba marchando para reclamar alimentos para los comedores locales y ayudas sociales para los sectores populares más postergados de la ciudad”.
Agrega que “en horas del mediodía, un grupo de manifestantes sociales y sindicales que, ya frente a la secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, a cargo de Raúl La Cava, y también periodistas que cubrían la protesta, sufrieron una feroz represión llevada a cabo por la Policía de la Provincia de Córdoba a cargo del Subcomisario Edgardo Pérez y el Subcomisario Ezequiel Ulises Romero, bajo el comando del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros en un operativo desmedido”.
Sigue diciendo que “ya ingresados una veintena de personas por autorización y con control del subcomisario Romero, incluidos periodistas, fueron emboscados, acorralados, hostigados, agredidos, golpeados, heridos y detenidos por personal policial, quienes con alevosía y crueldad llevaron a los manifestantes a una especie de corralito improvisado dentro de predio municipal, hasta que fueron trasladados a Tribunales II”.
Dentro de ese contexto, Giuliani fue herido de gravedad por la Policía de Córdoba, y tuvo que recibir asistencia médica, “siendo el único que ha permanecido detenido arbitrariamente hasta el día 01/09/2025; por su parte el abogado César Theaux relata que los otros 14 detenidos fueron trasladados a la cárcel de Bower; las mujeres detenidas eran ocho, y estuvieron más de tres horas sin saber dónde estaban ya que no les brindaba información certeras a los abogados defensores sobre el lugar de alojamiento de los detenidos”. Theaux también reveló que “fue trasladado a Bower sin provisión de agua ni bebida durante las 14 horas de encierro, no se le permitió ir a los sanitarios y recién fue liberado del penal alrededor de la 1:00 de la madrugada del 29/08/2025, junto a otros 13 detenidos”.
“Animosidad manifiesta”
El escrito de 14 carillas detalla que el fiscal De Aragón “desde hace tiempo, observamos tendría una animosidad manifiesta contra Federico Giuliani y sus representados, al igual que el Ministro de Seguridad de la Provincia y la Policía de Córdoba a cargo de los operativos anti-protestas. Recordamos que dicha Fiscalía tiene bajo su intervención en todas las protestas gremiales y sociales, por designación específica de la Fiscalía General”.
Plantea luego que “observamos del Fiscal De Aragón que a través del Poder Judicial criminaliza la protesta social y tiene en la mira la persecución de Federico Giuliani y demás dirigentes que lo acompañan en su labor gremial y social”.
Y precisa que “este dirigente sindical ha sido imputado por el Fiscal denunciado en varias oportunidades, habiendo sido absuelto y eximido de dichas acusaciones por parte de la Justicia”, a la par que apunta que “lamentablemente tenemos que acuñar nuevamente la categoría de ‘preso político’ de las últimas dictaduras argentinas, que creíamos ya desterradas, para quienes luchan por la justicia social”.
El momento en que el secretario General de ATE y la CTA-A, Federico Giuliani es detenido por la Policía. (Gentileza El Doce / Archivo).
Graves antecedentes
“Esta práctica organizada desde el poder estatal se viene dando desde hace tiempo, sobre todos en las movilizaciones llevadas a cabo por ATE y los movimientos sociales de los sectores más postergados de nuestra provincia. Es por ello por lo que como organismos de derechos humanos nos invade una gran preocupación, ya que no podemos naturalizar estas prácticas represivas que remedan las que se hacen a nivel nacional, como por ejemplo cada miércoles en CABA, cuando las Fuerzas de Seguridad apalean a jubilados que reclaman una mejora jubilatoria, alimentos, medicamentos, etc. y los periodistas que cubren las manifestaciones son heridos y maltratados por trabajar. En Córdoba se están afirmando estas prácticas nocivas para la sociedad en su conjunto”, afirma la presentación de los organismos de DD.HH. ante el fiscal general de la Provincia.
Luego denuncia “las restricciones ilegítimas que afectan en la provincia de Córdoba, el derecho a la libertad ambulatoria, que criminalizan la protesta social y que ponen en riesgo la integridad de los manifestantes por la aplicación del protocolo anti-protesta utilizado por el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia de Córdoba, y la Fiscalía de De Aragón, protocolo no legislado, ni publicado, cuasi desconocido, y que en parte aplica lo resuelto de manera unilateral por el Juez Control y Faltas Nº 10 en autos “EXPEDIENTE SAC: 11363867 – HÁBEAS CORPUS COLECTIVO -DENUNCIA DE LIMITACIÓN DE LIBERTAD AMBULATORIA Y DE TRABAJAR LIBREMENTE SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE Y ALTERACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA – HÁBEAS CORPUS” mediante sentencia N° 53 del 31/03/2023”.
En ese sentido indica que “hemos tomado conocimiento de su existencia (Protocolo Anti-protesta) por medios periodísticos, y en la cual ninguno de los actores sociales contra quien va dirigido fueron legítimamente citados ni escuchados en las referidas actuaciones” y acusa a De Aragón de “autoerigirse seudo facultades legislativas vedadas al Poder Judicial, con el único fin de criminalizar la protesta social, limitando derechos constituciones y legislación internacional”.
Posteriormente señala que “(las) disposiciones del cuestionado “Protocolo” de hecho aplicado por el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia de Córdoba y la Fiscalía DISTRITO 4 TURNO 1, a cargo del Fiscal De Aragón, constituyen la suspensión ilegal de derechos amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Denuncia, además, “la persistencia y desarrollo de posibles acciones de inteligencia ilegal realizadas por la Policía de la Provincia de Córdoba que encuadrarían en los delitos tipificados en especial los arts. 248 y 249 del Código Penal (Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público), incumplimiento de la ley 23.554 de Defensa Nacional (1988), la ley 24.059 de Seguridad Interior (1991) y la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional (2001); además de que habrían incurrido en actos discriminatorios normados en la Ley 23.592; que fueran ejecutadas en la concentración y protesta pacífica del día 20/12/2023, las del día 21/12/2023 y el 27/12/2023 entre otras”.
Finalmente, para completar el cuadro, asegura que “estos hechos fueron denunciados oportunamente ante la Fiscalía en lo Penal Económico N°2 de la ciudad de Córdoba, pero lamentablemente hasta la fecha está paralizada la tramitación de dicha denuncia, a pesar de haber sido presentada con fecha 29/12/2023”, esto es, hace un año y nueve meses atrás.
El Caso Giuliani
El escrito presentado por los organismos de DD.HH. hace especial hincapié en las condiciones de detención, la violencia institucional y la violación de derechos humanos que padeció Federico Giuliani, el principal dirigente de ATE Córdoba y la CTA-A de la segunda provincia argentina. Por ese motivo es que pide la intervención de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial.
Detalla textualmente: “La familia de Federico Giuliani nos informa que el día 28.8.2025 luego de ser trasladado a dependencias de Tribunales II, fue derivado al Hospital Misericordia donde fue asistido por sus lesiones en codo y hombro (por la noche estuvo esposado con custodia y el desfile de la cúpula policial); el viernes 29 de agosto recibió el alta médica siendo trasladado desde el Hospital a Tribunales II para su indagatoria. Allí el Fiscal De Aragón no quiso tomarle la declaración indagatoria y lo trasladaron directamente al Penal de Bower, estando hasta el 01/09/2025 allí alojado, incomunicado, sin su medicación de ingesta habitual; sin ropa ni elementos de higiene”.
El secretario General de ATE y la CTA-A, Federico Giuliani, esposado en el Hospital Misericordia, donde fue atendido por una luxación de su codo derecho que luego se comprobó era fractura. (Foto: Gentileza @leoguevara80 / Archivo).
Fuente: www.enredaccion.com.ar