Criminalización de la protesta: Giuliani declara en Tribunales

El Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, herido y detenido en el penal de Bouwer producto del accionar represivo de la Policía de la Provincia contra su persona y otros catorce compañeros y compañeras el 28 de agosto en el interior de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Capital tras finalizar una movilización reclamando comida, fue citado a declarar hoy a las 10 horas en Tribunales por el controvertido Fiscal Ernesto Rafael de Aragón.

A los militantes procesados por protestar se les imputa responsabilidades penales por “resistencia a la autoridad” y “lesiones leves”, mientras que a Giuliani se le agrega el de “amenazas” -ninguna de ellas son pasibles de cárcel como ocurrió con el Secretario General de ATE y la CTA-A que estuvo 4 días detenido en Bouwer y el resto que pasó 8 horas en el mismo penal-, según las acusaciones impuestas por el alfil de la Justicia adicta al “Cordobesismo”, el Fiscal De Aragón, denunciado por Organismos de Derechos Humanos ante el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, por su actuación en la represión.

La grave denuncia se extiende a la “animosidad manifiesta” por parte del Fiscal respecto de Giuliani, e incluye un planteo para que intervengan la Oficina de Derechos Humanos en defensa del gremialista y el Tribunal de Ética del Poder Judicial para que analice la conducta del funcionario judicial.

La demanda es impulsada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Agrupación Ex Presos Políticos por la Patria Grande, e Hijos. Lleva las firmas de Mabel Sessa, Carlos Hugo Vicente, Adriana del Valle Ochoa, Juan José López, Silvia Salamone, María José Loto y Jorge Mario Lewit.
Las incriminaciones están basadas en las declaraciones del personal policial actuante en el arbitrario, irregular y abusivo procedimiento llevado adelante en el interior de las oficinas del secretario del área de Desarrollo Social, Raúl La Cava, que estaba participando de la campaña electoral y no se encontraba presente en el lugar para atender el reclamo en respaldo de la urgente demanda de alimentos para los comedores y merenderos en las barriadas populares.
Giuliani, que es asistido legalmente por los abogados de ATE Córdoba Claudio Orosz y Eugenio Biafore, denunció la situación procesal de los compañeros y compañeras detenidos arbitrariamente. “No solo fueron detenidos sin justificación, también nuestras compañeras sufrieron vejámenes y maltrato psicológico. Esto no puede quedar impune. La criminalización de la protesta social es el verdadero rostro de este Gobierno”.

Las indagatorias a las y los compañeros injustamente detenidos el 28 de agosto se iniciaron el jueves 17 de septiembre, en lo que significa una nueva vuelta de tuerca de la judicialización de la protesta social que aplica sin anestesia el Gobierno de Martín Llaryora contra los que se animan a salir a la calle a denunciar que el hambre es un crimen en una provincia hecha de trigo y de pan y a defender en la calle el principio constitucional de que la protesta es un derecho.

Entre los que desfilaránn por los pasillos de tribunales figuran Giuliani, el abogado, Secretario de Derechos Humanos de ATE y Secretario de Formación de la CTA-A, César Theaux, y el trabajador de prensa del sindicato estatal, Fermín Denipoti.

El abogado Jorge Chalup, Secretario Gremial de ATE y Secretario General de la Regional Córdoba Capital de la CTA Autónoma, actúa como defensor del resto de los compañeros y compañeras víctimas de la celada tendida por las “fuerzas del orden” -con el visto bueno del Ministerio de Seguridad de Juan Pablo Quinteros- para dejarlos encerrados en la Secretaría de Políticas Sociales y ejercer contra ellos la Violencia Institucional que caracteriza el accionar de la Policía de Córdoba.
Desde ATE y la CTA-A “ya hemos recopilado registros fílmicos que prueban la falsedad del procedimiento policial y dejan en evidencia la complicidad de la Justicia Provincial en esta causa armada que busca disciplinar la protesta social. No vamos a permitir que se criminalice a quienes luchan porque la verdad está de nuestro lado”, señala un comunicado gremial.