Por Fabián García
Rubén Arroyo hacía el mejor pejerrey frito que recuerde. Hincha de Talleres hasta la médula, testarudo como pocos, militante convencido de izquierda, abogado lúcido y peleador, memorioso de los detalles, buscador incansable de los testimonios para echar luz con los casos del Terrorismo de Estado, hombre generoso y amante de las mesas con buen vino, lector inteligente, enemigo declarado de los jueces y funcionarios judiciales que fueron parte o cómplices de la dictadura cívico-militar, padre compañero y también, amigo fiel. Dueño de una risa socarrona, no dejaba pasar ninguna afirmación o acción que contradijera lo que consideraba su línea teórica o sus convicciones y lo que consideraba que eran traiciones, quedaban marcadas a fuego, sin olvido. Poseedor de una audacia inagotable, siempre jugaba una ficha por donde ningún otro se hubiera animado.
Murió a los 85 años, el día de la primavera. Nació en Mar del Plata y vino a Córdoba a estudiar medicina, pero, capricho del destino, terminó recibiéndose de abogado en 1966. Nunca dejó de serlo más allá de la formalidad de la matrícula profesional. Lo mismo que militante de la izquierda y los derechos humanos. Fue afiliado del Partido Comunista y secretario General de esa fuerza política. También integró la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y en la última década co-presidió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Córdoba. Fue abogado de dos gremios emblemáticos en la lucha popular de los años 60’ y 70’, SMATA (mecánicos) que conducía René Salamanca y Luz y Fuerza con Agustín Tosco al frente. Durante los ’70 fue defensor de presos políticos y a partir de los ’80, uno de los abogados que encabezó las presentaciones de las víctimas contra las violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, como en la vida de todos, hay capítulos, momentos, que sobresalen por sobre otros. Aún para personajes tan multifacéticos e hiperactivos como Rubén. Uno de ellos ocurrió en septiembre de 1979, durante la visita al país de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, cuando fue uno de los abogados que presentó testimonios sobre lo que sucedía en Córdoba bajo el mando del jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Y el otro, a partir de febrero de 1984, cuando fue designado integrante de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), creada a instancias del presidente Raúl Alfonsín, que elaboró el informe Nunca Más, donde se detalló el plan sistemático de exterminio orquestado por la dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
Arroyo fue uno de los que tomaba y buscaba testimonios, con la perseverancia y la creatividad de un orfebre. Ese tiempo lo marcó y le impuso una responsabilidad que sobrellevó con decisión hasta sus últimos días. Los testimonios y las pruebas que allí se reunieron permitieron construir los casos de Lesa Humanidad contra Menéndez y sus secuaces del Tercer Cuerpo de Ejército.
A pesar de ese enorme cúmulo probatorio, la Justicia Federal de Córdoba protegió demorando los juicios a los militares, jueces y funcionarios judiciales que protagonizaron el Terrorismo de Estado y pateó al último lugar de la fila a dos casos centrales: La acción del Comando Libertadores de América desde marzo de 1975 hasta 1976 (52 secuestros y desapariciones); y los 31 fusilamientos de la Unidad Penitenciaria 1.
Dentro de ese esquema, Arroyo había impulsado la realización de dos o tres grandes juicios para sancionar las responsabilidades por los crímenes de Lesa Humanidad, una tesis que no pudo coronar, porque salvo la megacausa de La Perla el resto de los expedientes se atomizó.
Para Arroyo, esta estrategia vigente desde mediados de los años 2000, buscaba dilatar los tiempos para determinar responsabilidades, tanto de militares como de civiles (causa UP1); reducía su impacto político en la sociedad; e impedía avanzar sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas antes del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. No se equivocó.
Igual, ninguno de esos obstáculos lo hizo bajar los brazos. En noviembre de 2006, Arroyo, y otros abogados presentaron una denuncia por genocidio contra los integrantes del Comando Libertadores de América (CdeA). Decía la denuncia: “No sólo no se investigan los crímenes de la dictadura, tampoco se investigaron los hechos cometidos por el CLdeA que no pueden ser tratados como hechos aislados. Son delitos de lesa humanidad que configuran un típico genocidio”, aseguró Arroyo.
La Justicia Federal también congeló hasta 2017 el juicio a los funcionarios judiciales por la causa de los fusilamientos de la UP1, en los que 31 presos políticos fueron fusilados con anuencia del aparato judicial. Allí fueron juzgados el ex juez federal N°2, Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, los defensores oficiales Ricardo Haro y el ex secretario penal del Juzgado Federal N° 1, Carlos Otero Álvarez. Quedó afuera porque había fallecido, el titular del Juzgado Federal N°1, Adolfo Zamboni Ledesma.
Rubén Arroyo junto a su socio, el abogado Luis Reinaudi, y Pancho Delgado.
Dentro de esa línea recordaba en una entrevista que le hizo Sergio Carreras en La Voz del Interior en 2014, que “a la Justicia Federal llegaban personas que habían sido torturadas, secuestradas, y esas denuncias nunca las llevaron adelante (durante la dictadura)” e indicaba que “las dos funcionarias que luego se dedicaron a las causas de derechos humanos fueron la jueza Cristina Garzón de Lascano, que era secretaria de Zamboni Ledesma, y la fiscal Graciela López de Filoñuk, que era secretaria de Ricardo Haro, quien en 1976 pasó de defensor a camarista federal. Todos esos funcionarios en la época de la dictadura sabían que se torturaba. Recibían denuncias, veían los pedidos de habeas corpus”.
Respecto a los hechos previos al 24 de marzo de 1976, recuerda la APDH, en su comunicado por el fallecimiento de Arroyo, que “cuando el gobernador cordobés Ricardo Obregón Cano fue derrocado por la Policía cordobesa, en febrero de 1974, Arroyo tuvo una activa participación en defensa de los perseguidos por el golpista Antonio Navarro, el interventor Raúl Lacabanne y las bandas paraestatales del Comando Libertadores de América”. Resalta una frase del abogado: “El genocidio no comenzó con la dictadura, no hay que olvidar que a un gobernador constitucional como (Ricardo) Obregón Cano lo derrocaron dos años antes del 24 de marzo del ’76; que el Terrorismo de Estado comenzó en 1974 y que el Comando Libertadores de América operó bajo el amparo del Estado”.
El abogado Rubén Arroyo.
En esos hechos se puede observar otro pliegue de su personalidad: La unidad del militante, el abogado y las convicciones. Arroyo era comunista, pero un izquierdista heterodoxo para estas tierras, porque se alineaba con los republicanos españoles que fundaron “La República” en España y que luego combatieron al dictador Francisco Franco. Por lo tanto, Arroyo era un antifascista convencido y decidido. Su compromiso era una cuestión de fidelidad con sus ideas y la lucha de la que participaba.
Pero también era lealtad con sus compañeros de militancia, su memoria y sus familias. En los secuestros y desapariciones ocurridas entre 1975 y 1976 había muchos de ellos, como por ejemplo Alberto Caffaratti. Su empeño por ellos y a partir de ellos parecía multiplicarse.
No era un hombre frío o calculador, más allá de que una dosis de ello tenía. Lo alimentaban los sentimientos. Recuerdo que sus pequeños ojos solían mostrar la indignación que lo empujaba contra los funcionarios judiciales que protegían a Menéndez o sus esbirros en las audiencias judiciales. Muchas veces pude observar eso cuando se tramitaba la causa de la UP1.
Otro rasgo que rompe estereotipos, es que fue crítico del alineamiento de distintos organismos de Derechos Humanos con el Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (“(…) Todos los organismos deberíamos ser independientes de los gobiernos, porque los que violan los derechos humanos son los gobiernos, que son el rostro del Estado”, solía decir). También renegaba de que el foco principal de los organismos continuara casi con exclusividad sobre los juicios de delitos de lesa humanidad. En los últimos años resaltaba, desde su participación en la APDH, la autonomía de las organizaciones de los gobiernos e impulsaba sumar a la agenda clásica, el abordaje de la nueva agenda de derechos humanos.
Personalidades como las de Rubén Arroyo necesitan de la perspectiva para poder ser analizadas y valoradas en su dimensión. Su valentía y convicciones se hacen enormes frente a los tiempos y hechos que transitó y vivió al máximo; y en los que su vida muchas veces estuvo en juego. Con seguridad, con el tiempo, se irá construyendo su legado con mayor precisión, pero sin duda, el punto de partida de su trascendencia es el no haber flaqueado para reunir caso por caso y prueba por prueba desde la CONADEP primero; y desde la defensa de los DD.HH. después; para que Menéndez, los militares, los funcionarios judiciales y el Terrorismo de Estado en Córdoba, fueran sentados en el banquillo de los acusados. Esa tarea, de la que fue uno de sus protagonistas, terminó siendo clave en términos históricos. Los Derechos Humanos y la historia de las luchas populares deberían reservarle un lugar de privilegio.
Fuente: www.enredaccion.com.ar