El ajuste no cierra sin represión y el Gobierno a través de la Justicia adicta criminaliza la protesta social y condena a dirigentes sindicales por ganar la calle en protesta contra las políticas de saqueo y entrega.
El Secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Mendoza, Roberto Macho, acaba de ser condenado a tres meses de prisión en suspenso por encabezar una protesta contra despidos frente a la Casa de Gobierno, en tanto que un referente de los municipales de Neuquén fue condenado por cortar calles y pedir la reincorporación de trabajadoras de la comuna. El fallo atenta contra los derechos laborales y constitucionales. “La protesta no es un delito”, explica Juan Carlos Capurro.
Macho fue castigado por encabezar una protesta colectiva contra el ajuste y los despidos masivos frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, durante 2016. Lo acusan de obstaculizar el tránsito justo delante de la sede del Poder Político, el lugar por excelencia donde el pueblo puede manifestar su acuerdo o desacuerdo con sus representantes.
Pero la Justicia adicta a los intereses políticos de minorías no tiene frontera. Así como intenta disciplinar a Macho por segunda vez, aplicó los mismos métodos en Río Negro encarcelando al Secretario General de ATE y la CTA-A, Rodolfo Aguiar, y así podrían citarse casos en todas las provincias argentinas.
En Neuquén
Santiago Baudino, referente sindical de los trabajadores municipales de Neuquén, fue llevado a juicio por el Municipio por realizar un corte de calle en 2017. La protesta fue para pedir la reincorporación de compañeras despedidas de la institución. La Justicia falló a favor del órgano gubernamental y condenó al sindicalista.
Mauricio Zabala, juez de garantías, avaló su decisión en la afectación del derecho al libre tránsito “en horario complejo y en el centro de la ciudad”. La próxima semana se conocerá la pena que deberá cumplir el titular del sindicato afectado.
Sobre esta situación, Juan Carlos Capurro, abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, explicó: “No sólo es una violación a los derechos laborales, sino también a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales que contiene esta Constitución sobre los derechos humanos universalmente reconocidos. En nuestro país, la jurisprudencia del máximo tribunal en materia penal, que es Casación, ya ha determinado en reiteradas veces que cortar una calle o una ruta, o entorpecer el tránsito en condiciones de ejercer un derecho como es el de peticionar o protestar, no es un delito, no es ni siquiera una contravención”.
Lo mismo ocurrió con trabajadores del INTI agrupados en ATE. Las numerosas asambleas que se llevaron a cabo en las puertas del instituto quisieron ser judicializadas a través de una contravención, y fue desestimado en la misma Justicia.
La pena para Baudino será conocida la semana que viene. De ser apelada tendría posibilidades de ganar, ya que –como lo explicaba Capurro- es una condena inconstitucional. “Esta sentencia sólo tiene que ser tenida en cuenta para demostrar la impotencia por parte del poder político para tratar de acallar a los trabajadores en sus reclamos. Y es una impotencia porque si lo que los trabajadores reclaman fuese absurdo, caería por su propio peso. Cuando lo que reclaman es justo y corresponde se quiere echar mano al aparato represivo. Eso ha fracasado en el pasado con la caída de la dictadura y con algunos gobiernos que quisieron hacer lo mismo y así terminaron. Y este va en camino a la misma situación”, finalizó Capurro.