Se ríen las teclas de la computadora, para no llorar. Se ríen de resignación cuando uno las obliga a tipear las respuestas que el 25 de julio último dieron los emisarios de la Justicia y el Gobierno de Córdoba al ser interpelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Apenas un mes después, la madrugada del miércoles 27 de agosto, en el Pabellón 33 del módulo MX1 de Bouwer, entraron las “las tortugas” del Servicio Penitenciario para llevarse capeados a los “plumas” del pabellón. Volvieron a eso de las 10, esta vez con cuatro “coches-bomba” programados para actuar.
Ante la CIDH, en una fría y lejana audiencia virtual, Wilfrido Pérez, director vitalicio de la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dijo sin ruborizarse que “el 66% de las personas detenidas en la provincia ya cuenta con una condena firme”. “La prisión preventiva se dicta cuando existen peligros concretos de peligrosidad procesal… independientemente del delito de base”, agregó, presurosa, Bettina Croppi, Fiscal General Adjunta de la Provincia.
Sabrá perdonar este teclado, pero no queda otra que reseñar lo que dijeron los representantes de Córdoba ante la CIDH. Aseguraron que la Provincia “siempre se ha distinguido por el respeto a los derechos y la formación del quehacer jurídico”, para luego ofrecer un abanico de respuestas indolentes.
El contrapunto fue inevitable. Cuando llegó el turno de los abogados que integran la Asociación Civil Pro Homine, que –junto a otras organizaciones– llevaron el planteo hasta el máximo organismo continental, dijeron que Córdoba era “un lugar donde el abuso de la prisión preventiva no es una excepción, sino la regla de un derecho penal del enemigo”.
En la pantalla compartida por unos y otros se hizo un pesado silencio.
Circo romano
Venían al pabellón con facas y lanzas tumberas, con palos y las manos envueltas en medias gruesas para favorecer su posición en la lucha. Eran cuatro “coche-bomba”, nombre con el que designan a los “perros” del Servicio Penitenciario. “Son los tipos que te mandan para pudrirla”, le contó a Revista El Sur un infidente de ese pabellón, a horas de lo sucedido.
La batalla fue territorial. Una vez sacados los “plumas”, había que tomar el control y gatillar –metafóricamente– a cualquiera que intentara tomar posesión por sucesión natural. Para eso los liberan así, de sorpresa, en medio de un pabellón, armados hasta los dientes, como quien suelta leones en la arena del circo romano. No ha cambiado mucho la historia de la humanidad.
Un mes antes, a escasos kilómetros del penal de Bouwer, los abogados Jorge Cardozo y Francisco Lavisse –en representación de Pro Homine y el Colegio de Abogados de Córdoba–, dejaron al desnudo la realidad carcelaria como la venimos denunciando desde estas páginas desde hace años, con resultados casi nulos.
Si bien los comisionados de la CIDH les arrojaron una primera soga a los atribulados funcionarios, al admitir que se trataba de un “problema endémico” de la región, no esquivaron luego las preguntas, que fueron bastante más allá del mero formalismo. Una a una, fueron como puñaladas a un sistema que lleva décadas burlándose de la legalidad, tendencia que se acentuó en el último decenio.
En Córdoba, afirmó Cardozo, “el principio de inocencia no solo se ha revertido en principio de culpabilidad, sino que los imputados tienen que elegir entre declararse culpables en juicios abreviados o enfrentar juicios abiertos con amenaza de mayores condenas”.
Describió así una situación en la que “defenderse es una especie de delito”. Quien osa hacerlo –advirtió–, aunque se valga de las herramientas que le da la ley, se arriesga a castigos mayores en un territorio en donde los fiscales ofrecen juicios abreviados y amenazan con penas severas si los presos optan por los juicios “abiertos”. Los fiscales cordobeses actúan como jueces, preanunciando un futuro que no debería estar en sus manos resolver, insistió Cardozo.
Esta virtual “ruleta rusa” procesal en la que los imputados deben “levantar la mano” y aceptar una condena anticipada para evitar un calvario aún peor no es otra cosa que “coacción” y “tortura”, según los denunciantes. “La Justicia odia que se defiendan”, remató Lavisse.
Batalla campal
Uno atrás del otro, fueron estallando los “coches-bomba”. La batalla fue campal. Mucho más luego de que los sorprendidos moradores del Pabellón 33 decidieran ofrecer resistencia. Fue luego de que uno de los primeros en darse cuenta de la maniobra lanzara el grito de aura, vociferando varias veces la señal que todos temían: “¡Coches bomba!”
En el acto el corredor central se convirtió en el mismo infierno: los internos salieron a oponer feroz resistencia contra los perros enviados por los de uniforme. Cuchillos, lanzas, puntas, banquetas, mesas, botellas de aceite, ladrillos. Todo voló por los aires y dio contra la humanidad de ambos bandos. Del otro lado de la reja, los instigadores de la pelea entre reclusos contemplaban la reyerta. Asociados en el horror, artífices en el espanto.
También de “asociación ilícita” hablarían los denunciantes que llevaron el caso Córdoba ante la CIDH. Una figura ya clásica del Código Penal, un comodín utilizado a destajo desde la época de la dictadura cívico militar, cuando el juez Adolfo Zamboni Ledesma se cargaba grupos enteros de militantes bajo esta vidriosa tipificación penal.
Lavisse sostuvo que la controvertida figura les permite a los fiscales dictar sin control prisiones preventivas prolongadas, muchas veces injustificadas. ¿El truco? Dividir las causas como si fueran capítulos inconexos: primero por asociación ilícita, luego por estafa, luego por lo que sea, extendiendo artificialmente la prisión preventiva de dos o tres años a cinco o seis. La cuenta se renueva y nadie da ni exige explicaciones.
El hacinamiento carcelario fue otro de los puntos tratados en la audiencia virtual. “Hoy hay miles de inocentes detenidos que están sufriendo por el hacinamiento”, denunciaron los letrados. Las cifras lo confirman, como ya hemos contado en estas páginas. Los casos de Bouwer y la UCA aparecen como los más flagrantes, con celdas diseñadas para una persona donde duermen entre cuatro y cinco internos, varios los cuales terminan lógicamente en el suelo. Cruz del Eje, Río Cuarto y Villa María repiten el esquema, donde el hacinamiento suma “cortes diarios de agua por más de 12 horas”, “ausencia total de alimentación sana”, y “requisas vejatorias, con desnudos completos sin justificación proporcional”, incluyendo a las visitas.
¿Las respuestas del Estado cordobés? Un ejercicio de caligrafía con números dibujados y promesas inverosímiles. El mencionado Wilfrido Pérez (DDHH del TSJ) afirmó que, al 30 de junio de 2025, el 66% de las personas detenidas en Córdoba ya tiene sentencia firme, intentando refutar las cifras del propio SPC que admiten estar alojando un 60% de procesados sin condenas cerradas.
La injustificada demora del TSJ para ponerle fin a causas que se dilatan por más de cinco años empuja a un limbo jurídico a quienes no son “ni procesados ni condenados”. El desconocimiento funcional de los plazos máximos de prisión preventiva es una tentación para que el máximo órgano judicial de la provincia termine confirmando cualquier sentencia para no hacerse responsable de su propia mora.
Bettina Croppi, con largos años frente al Ministerio encargado de la acusación, negó la “automática” imposición de la prisión preventiva y juró que la misma se basa en “riesgos procesales concretos”. Sobre los juicios abreviados, dijo que se realizan con “consentimiento libre e informado del imputado ante un juez de garantías”.
¿Libre e informado equivale a “levantar la mano” bajo amenaza de pudrirse en la cárcel? La pregunta parece retórica, pero se trata de una tortura a cambio de una declaración. Ni más ni menos. Al menos eso sostuvieron los denunciantes, que deslizaron que la funcionaria pareciera vivir en una realidad paralela a la que se vive en las cárceles.
El colmo de la siesta del cordobesismo judicial es el tiempo que se tomaron jueces y fiscales para implementar la ¡ocho años postergada! oralidad en la resolución de las prisiones preventivas, reforma legislativa de 2017 que establecía que los jueces –y no los fiscales– eran quienes debían dictarlas, y en audiencias públicas y orales. La reforma implicaba que un juez tendría que recibir cara a cara y escuchar al acusado y a las partes antes de poner el gancho para determinar su prisión. No es lo mismo que la frialdad de los papeles que hoy rige y que se resolvió mantener por fuera de la ley.
De eso es responsable el TSJ con su acordada de dudosa legalidad, cuando decidió “posponer” (ya van ocho años), argumentando que no estaban “preparados los jueces”. Ante la CIDH, Croppi se jactó de la “implementación progresiva” del TSJ.
Manotazo
La presión de la CIDH no tardó en hacer efecto. Apenas unos días después de la audiencia, el TSJ de Córdoba anunció que, a partir de ahora, sólo los jueces definirán las prisiones preventivas, aunque únicamente en casos de “flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia ficta”.
Este “plan piloto”, que se extenderá a toda la provincia, suena más a respuesta de urgencia para apaciguar a los organismos internacionales que a un cambio estructural genuino. ¿La letra chica? La medida “no contempla otros delitos, como la figura de asociación ilícita”. Gatopardo cordobesista: el nuevo mecanismo no alcanza a la figura que Pro Homine y el Colegio de Abogados denuncian es utilizada para extender detenciones arbitrariamente.
El Estado también prometió la adquisición de 500 tobilleras electrónicas, una medida alternativa a la prisión que, los denunciantes recordaron con ironía, suelen quedar “reservadas a personas de alto estatus social y económico”. También anunciaron que en la UCA, donde la sobrepoblación es escandalosa, se inaugurarán dos nuevos módulos que “van a contener a 300 personas cada uno”. Una noticia no muy alentadora para los 1.300 internos que conviven en una cárcel pensada para 400.
La CIDH ofreció su “visión colaborativa y de apoyo” para superar las “fallas estructurales” de las cárceles de Córdoba. Su escrutinio no suele ser mitigado por promesas vacías. Los ojos del mundo están ahora puestos en Córdoba. Y las acciones que la Provincia tome –o deje de tomar– determinarán si está dispuesta a abandonar el “derecho penal del enemigo” y cumplir con los derechos humanos, o si seguirá atrincherada en su isla de fantasía.
El enfrentamiento en el Pabellón 33 fue durísimo y se extendió por varios minutos. Hubo golpes, patadas, puntazos, trompadas y todo lo que se pueda imaginar en una pelea de ribetes medievales. Finalmente ganó el grupo más numeroso: los que defendían el propio pabellón, los invadidos por la gente enviada por el Servicio Penitenciario. Cayeron derrotados los instigadores de una batalla que por milagro no terminó en un baño de sangre. Silenciosamente salieron con sigilo los “coches bomba” enviados por el poder fáctico. Abollados, inundados en la confusión, derrotados.
Un final similar a lo sucedido con los emisarios del mismo poder en la audiencia ante la CIDH, donde fueron a plantar bandera y se comieron una paliza.
Preguntas al hueso
Hacinamiento y alternativas: El comisionado Estuardo Ralón preguntó por la tasa exacta de hacinamiento y los obstáculos para las medidas alternativas. Pérez, con su 66% de condenados, intentó desviar el foco, pero los datos oficiales demuestran que Córdoba tiene la tasa de encarcelamiento más alta del país (375.3 por cada 100 mil habitantes). Con cárceles superpobladas y carencia de personal para la resocialización, negando sistemáticamente avances de fases y libertades condicionales, poco es lo que se puede responder cuando se buscan alternativas.
Compensación por detenciones injustas: El comisionado Arif Bulkan preguntó si se pagaba compensación por “mal encarcelamiento”. Fue complicado contener las risas. La respuesta estatal fue el silencio, mientras los abogados afirmaron que es “casi imposible” obtenerla, ya que las absoluciones suelen ser “por la duda” y no por “no comisión del delito”.
Vehículos incautados: Bulkan no dejó pasar el explosivo tema de los vehículos incautados a los imputados y usados por funcionarios (Oscar González terminó siendo el caso más escandaloso). La defensa se limitó a decir que estaba “regulada por la Ley 8.550”. Los denunciantes recordaron los “grandes escándalos” y las “chapas falsas”.
Prisión preventiva oficiosa y discrecionalidad judicial: Roberta Clark y José Luis Caballero Ochoa inquirieron sobre la existencia de delitos para los cuales la prisión preventiva es obligatoria. Croppi juró que no existe la prisión preventiva “oficiosa” para ningún delito en particular, pero los abogados ya habían explicado el “abuso” de la figura de la asociación ilícita para justificar detenciones prolongadas.
Cómo sigue: Tanto los denunciantes como el Estado denunciado están cumpliendo los plazos para enviar respuestas y ampliaciones sobre lo expuesto en la audiencia. Se espera que antes del finalizar el año, la CIDH emita un dictamen que podría ser bastante comprometedor para la provincia de Córdoba.
Fuente: www.revistaelsur.com.ar