Agencias Territoriales, desfinanciamiento y debilitamiento de la fiscalización del trabajo
Compartimos un nuevo informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) donde analizamos el proceso de debilitamiento de la administración laboral nacional durante el gobierno de La Libertad Avanza. La hipótesis central del trabajo es que no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino ante un proceso de desarme de capacidades estatales que afecta la posibilidad de diseñar, coordinar, implementar y fiscalizar políticas laborales en todo el territorio nacional.
El intento de cierre o reconversión de las Agencias Territoriales, el ajuste presupuestario, el recorte de programas de empleo y la redefinición de la fiscalización laboral forman parte de una misma orientación: una política laboral más centralizada, con menor presencia territorial y menor capacidad estatal de intervención sobre la informalidad, la precarización y el deterioro de las condiciones de trabajo.
Algunas de las principales conclusiones del informe:
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Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se destruyeron 66.402 puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional y en Empresas y Sociedades del Estado, una caída del 19,3 %. En la administración centralizada la reducción alcanzó el 29,7 %.
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El Ministerio de Capital Humano absorbió funciones de Trabajo, Educación, Desarrollo Social, Niñez y Mujeres, pero reduciendo drásticamente personal: de 15.224 puestos existentes en esos ministerios quedaron 8.509, lo que supone una pérdida del 47 %.
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El intento de cierre o reestructuración de las 43 Agencias Territoriales habría implicado el despido de aproximadamente 1.600 trabajadores/as y una fuerte pérdida de capacidad federal para implementar políticas de empleo, capacitación y fiscalización laboral.
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Las Agencias Territoriales y las Oficinas de Empleo Municipales cumplen un rol clave en la articulación entre Nación, provincias, municipios, sindicatos, empresas y organizaciones sociales. Su debilitamiento implica una “desterritorialización” de la política laboral.
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El contexto laboral no justifica menos fiscalización sino más: entre 2005 y 2022 la tasa promedio de trabajo no registrado detectado en empresas fiscalizadas fue del 30,2 %, superando el 40 % en ocho provincias.
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Los indicadores de trabajo infantil y adolescente muestran mayores niveles en áreas rurales que urbanas, reforzando la necesidad de fortalecer las capacidades inspectivas del Estado.
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La Ley de Modernización Laboral incorpora un nuevo blanqueo laboral con condonación de multas y sanciones para empleadores incumplidores, además de la posibilidad de baja del REPSAL.
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El gobierno impulsa una transformación del sistema de inspección laboral: de un esquema basado en sanciones y control hacia otro centrado en “visitas” de asesoramiento a empleadores antes de aplicar multas.
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En 2026, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuenta con un presupuesto equivalente a apenas el 0,65 % del gasto total de la APN y al 0,10 % del PBI.
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Entre 2023 y 2025 el gasto ejecutado por el área cayó 64,5 % en términos reales aun descontando los programas que fueron transferidos desde el ex Ministerio de Desarrollo Social. Las políticas de capacitación laboral se redujeron 78,8 %, Acciones de Empleo 74 %, Regularización del Trabajo 31 % y Articulación Territorial 28 %. Los programas Potenciar Trabajo / Volver al Trabajo y Monotributo Social —incorporados luego a la órbita de la Secretaría— registraron caídas reales del 80,1 % y 90,9 %, respectivamente.
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El Presupuesto 2026 profundiza el ajuste: desaparece como programa específico Acciones de Articulación Territorial, Volver al Trabajo cae 75 % real y Acciones de Empleo 37 %.
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Las metas físicas también muestran un fuerte retroceso: el mantenimiento del empleo privado pasa de 486.155 a apenas 1.450 beneficios mensuales; la promoción del empleo asalariado cae de 450.000 a 250.000; y Volver al Trabajo reduce su cobertura en casi 143.307 titulares.
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En el Monotributo Social la cobertura pasa de 640.000 beneficiarios/efectores en 2023 a 230.000 en 2026.
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Aunque se mantiene la meta de 192.000 establecimientos inspeccionados, la cobertura de la inspección laboral baja del 25 % al 15 % de los establecimientos registrados.
Se concluye que la política laboral nacional atraviesa un proceso de triple debilitamiento: institucional, presupuestario y operativo. Incluso si el cierre de las Agencias Territoriales se encuentra momentáneamente suspendido, el desfinanciamiento, la reestructuración y el cambio de orientación de las políticas laborales amenazan con vaciar sus funciones sustantivas. Defender esta institucionalidad supone preservar una infraestructura pública federal indispensable para garantizar derechos laborales, fiscalizar incumplimientos empresariales y acercar políticas de empleo y capacitación a los territorios.
Fuente: www.ipypp.org.ar