El intendente genocida de Río Cuarto

Adriana se había enamorado de José Antonio antes de comenzar sus estudios en la Facultad de Medicina. Bailaron por primera vez en el cumpleaños de 15 de ella y nunca más dejaron de verse. Cuando el grupo de tareas se llevó a su hermana Silvia, ella estaba casada y era madre de un varoncito. Su familia recordó que siempre tenía un consejo para dar y un argumento para hallar las mejores soluciones. Desde el sindicato o el trabajo social en los barrios de Mendoza, se revelaba como una mujer convencida, entusiasta y profundamente solidaria.

El 6 de diciembre de 1976, cuando pensaba en una Navidad con los afectos, su casa fue saqueada. Los agentes policiales llegaron en tres vehículos y secuestraron a todos los integrantes. El niño fue abandonado horas después frente a la puerta de acceso a la vivienda de sus abuelos. “Martín parecía un tontito, le habrían dado algo para tomar, algo, no sé, ni lloraba, nada”, manifestó la madre de Adriana. Por la tortura, secuestro y desaparición de la pareja fueron condenados los máximos responsables de la Policía de Mendoza. Entre ellos, el comodoro Alcides Paris Francisca, quien estuvo al mando de la fuerza represiva entre 1976 y 1979.

Francisca había sido nombrado a fines de 1976 y en su legajo, los militares aseguraron que “se caracterizó por una gran capacidad de adaptación, realizando una meritoria labor, animada por una elevada cuota de iniciativa y responsabilidad”.

Unos meses antes, había cumplido con la orden del régimen dictatorial de convertirse en intendente de Río Cuarto. En la ciudad estuvo poco tiempo, aunque suficiente para imponer las condiciones del Gobierno de facto. Ordenó que se investigue a los funcionarios que habían acompañado a la intendenta Delia Castagno Rodríguez Vázquez y se obsesionó por inspeccionar secciones administrativas, en las que decidió algunas bajas de personal, con una celosa cuestión en los números de tesorería y cuestiones horarias. El comodoro fijó las pautas y se dispuso a cumplir las disposiciones en su nuevo destino, donde se convertiría en un eficaz instrumento de la feroz represión.

Como jefe policial mendocino mantenía una comunicación fluida con el Comando de Operaciones Táctico que ejecutaba los procedimientos represivos, y estaba a cargo de todos los departamentos, incluida la D2. Aunque nunca declaró en los juicios por delitos de Lesa Humanidad, el fiscal Dante Vega advirtió que “Francisca, como máxima autoridad policial, no pudo desconocer los operativos que llevaban a cabo sus subordinados, algunos en acciones conjuntas con fuerzas militares”.

El 22 de junio del año pasado, el comodoro Francisca volvió al Liceo Aeronáutico Militar de Funes de Santa Fe, donde fue reconocido por haber sido el primer director de la institución en 1980. Una docente del centro educativo no pudo salir del estupor al confirmar su presencia en la lista de invitados. Un día después denunció la violación de la prisión domiciliaria en la fiscalía que había investigado al represor. El auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó al Tribunal Oral Federal 1 “la colocación inmediata de una tobillera electrónica y la realización de nuevos exámenes médicos, por infringir las condiciones de detención en su vivienda de Rosario”.

Al ex mandatario riocuartense poco le importó que en 2018 se hubiera dictado en la ciudad santafesina una ordenanza que declaró persona no grata a todos aquellos que estuviesen cumpliendo prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. Pareció bastarle el reconocimiento de sus pares y cómplices del genocidio en la noche más larga y oscura de la historia argentina.

Para confirmar la violación de la prisión domiciliaria, la Oficina Fiscal tuvo que receptar testimonios y buscar en las redes sociales las imágenes que corroboraron la presencia de Paris Francisco en el homenaje. En aquel acto del 10 de junio en el Liceo no hubo actividad escolar, aunque se confirmó la participación de funcionarios de la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa y algunos integrantes del plantel civil de empleados. Entre tantos testigos, fue una comprometida docente la que permitió identificar al represor adulado por los nostálgicos de la Dictadura.

“Saben y callan, así perpetúan sus delitos”, afirmó la familiar de unos de los detenidos desaparecidos, durante la sentencia que condenó a Paris Francisca. Como jefe policial mendocino, el represor estuvo bajo la dirección de la Zona 3, que incluía a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. En aquellos años de plomo, las ordenes máximas partían desde las oficinas del General Luciano Benjamín Menéndez, quien fue Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército.

Paris Francisca había llegado desde Río Cuarto a Mendoza para ser parte de los operativos de secuestro y tortura en más de 10 Centros Clandestinos de Detención. La Justicia lo condenó en tres oportunidades a reclusión perpetua acusándolo de ser coautor de privación abusiva de la libertad, homicidio, sustracción de un menor, robos y delitos de lesa humanidad. Su paso por la ciudad casi no tiene registros. Fue un periodo breve, aunque decisivo para que los altos mandos reconocieran en el represor sus cualidades “para imponer el orden”. La fatídica experiencia dictatorial de un tiempo oscuro y doloroso.