Más de 600 organizaciones y referentes de distintos ámbitos que exigen suspender el pago de la deuda advierten que la pandemia “es motivo suficiente para sostener, en términos de soberanía y justicia social, la necesidad y urgencia del reclamo”. Pérez Esquivel y Nora Cortiñas al frente de la campaña.
La plataforma Diálogo 2000, que en Argentina representa a la red mundial de Jubileo Sur, relanzó en los últimos días su campaña por la Suspensión e Investigación de la Deuda Externa. En el marco de la agudización de la crisis global que representa la pandemia del coronavirus, y en medio de la renegociación entre el gobierno nacional y los acreedores privados, el espacio emitió un comunicado firmado por más de 600 instituciones y personalidades de un amplio abanico de sectores, que insiste en su reclamo fundacional pero agrega argumentos de estricta actualidad para sostener la fundamentación de la histórica exigencia.
El gobierno decidió la interrupción solo hasta fin de año del pago de algunos bonos bajo ley argentina. La estrategia le permite disponer temporalmente de casi 10 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, Martín Guzmán formalizó la oferta de canje a los prestamistas privados que tienen en sus manos un 20% de la deuda, unos 66.000 millones de dólares en bonos emitidos en divisas y bajo ley extranjera. La propuesta fue rechazada por los acreedores y el tironeo se extenderá hasta la próxima semana, cuando se cumplen 30 días de un vencimiento que, de no haber acuerdo, colocaría al país en default
Los bonistas son, en su mayoría, fondos de inversiones que en varios casos manejan una suma de recursos más grande que la economía argentina completa.
La propuesta, titulada “El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, para no pagar lo que no debe”, inicia señalando que “Las negociaciones en curso muestran a las claras el poder económico-financiero, político y mediático que se alinea en defensa de una supuesta necesidad de pagar. Ni el FMI –que sí avala una quita a los privados- , el Club de Paris o la mayoría de los especuladores privados han aceptado las propuestas de reestructuración presentadas por el gobierno. Sin embargo, todos coinciden, gobierno incluido, en pagar”
“No aceptamos que sólo exista la opción de pagar. Lo que nos reclaman pagar nunca fue para beneficio nuestro, sino que responde a una exacerbada explotación, especulación y saqueo que atenta contra nuestros derechos y soberanía”, discute el texto. Y agrega: “Más que deuda, es una estafa que solo sirvió para la fuga de capitales, la especulación y la corrupción, aumentando en casi 100.000 millones de dólares los reclamos de deuda pública durante los cuatro últimos años de gestión de Mauricio Macri y agravando el ciclo iniciado en 1975/76”.
Como novedad, las organizaciones participantes suman que “la pandemia que agudizó una crisis económica y social que castiga a la clase trabajadora y al pueblo en su conjunto, es motivo suficiente para sostener, en términos de soberanía y justicia social, la necesidad y urgencia del reclamo por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Porque cada peso que va a las arcas del FMI – como el pago de 320 millones de dólares que se le hizo el pasado 7 de mayo, en plena cuarentena- , demás instituciones financieras internacionales y fondos especulativos como Blackrock, Fidelity, Pimco, Templeton, Greylock y otros, es un recorte a la inversión en políticas públicas esenciales para garantizar derechos básicos como salud, vivienda, alimentación, agua, empleo, jubilaciones, contra la violencia de género, entre otros que permitirían cubrir necesidades urgentes”.
Durante la actividad virtual en la que se realizó el lanzamiento de la proclama, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presidente de Diálogo 2000, dijo: “no toda ley es justa y las leyes injustas – de las que la historia de la deuda está repleta – tienen que ser resistidas hasta ser cambiadas”.
Por su parte, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, integrante de la plataforma, recordó que “Hay muchos países, como Alemania, que no pagaron las deudas reclamadas. El presidente pasaría a la historia si tomara la decisión digna de priorizar en serio los derechos humanos y no pagar lo que el pueblo no debe”.
Entre las primeras firmas, aparecen nombres como Claudio Lozano, director del Banco Nación y referente de Unidad Popular; Leonardo Del Grosso, diputado nacional FDT; Norman Briski, actor; Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma; Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General ATE y Secretario Adjunto de la CTA-A; Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta de la CTA-A; la economista Beverly Keene; Guillermo Robledo, Observatorio de la Riqueza; Víctor De Gennaro, Unidad Popular; Roberto Perdía; y organizaciones como ATTAC-Argentina; Comité Internacional Lula Libre; IDEP-ATE; Frente Popular Darío Santillán; entre muchos otros.
Ilustración: Marcelo Spotti
Fuente: www.canalabierto.com.ar