Por Juan Yacobs*
Por segunda vez en menos de 15 días, y a pesar de las denuncias realizadas que tuvieron alcance nacional, la Policía de Córdoba realiza tareas de espionaje interno a la población civil. En este caso, la actividad convocante era el lanzamiento del “Operativo Seguridad” del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, el 3 de enero pasado, donde estaban presentes el Ministro del área, Juan Pablo Quinteros, distintos intendentes y autoridades de Punilla, y hasta el propio Gobernador Martin Llaryora.
En este caso, dos efectivos policiales que no participan del Área de Prensa del Gobierno de Córdoba, ni son identificados como trabajadores de prensa, estuvieron fotografiando a los distintos asistentes al acto realizado en Villa Carlos Paz, lo que claramente, y ante los hechos que fueron de público conocimiento, podría calificarse como un nuevo caso de espionaje interno a cargo del Gobierno a manos de la Policía provincial.
Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, realizó -con el patrocinio letrado del doctor Claudio Orosz- una presentación judicial para que se investigue las responsabilidades sobre quién autorizó a la Sargento Claudia Melián a realizar tareas de espionaje en la última marcha del 20 de diciembre en Córdoba Capital. Un día antes había hecho lo propio la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Fue el propio Quinteros el que reconoció a la Secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic, que Melián “estaba haciendo un trabajo de comunicación institucional en el lugar de la protesta”. Así, confirmó que la Sargento actuó por órdenes emanadas por la jerarquía policial y con conocimiento del Ministerio de Seguridad.
En esta oportunidad, nuevamente son funcionarios públicos de la Policía provincial quienes fotografiaron a la población civil en flagrante violación a la Ley Nacional que regula las tareas de inteligencia, que no pueden ser realizadas de manera autónoma por la Policía, sino bajo la supervisión y órdenes de un Fiscal o un Juez. Para el Dr. Orosz, “esto viola claramente el artículo 4, inc 1,2 y 3 de la ley 25520 y sus reformas y establece una pena en el artículo 42 que va de tres a 10 años”.
A pesar de que le denuncia realizada por Giuliani fue realizada el 29 de diciembre, no sólo la Fiscalía del Distrito 1 Turno 4 de Córdoba Capital -a cargo de Rubén Caro- mira para otro lado y ejecuta un estruendoso silencio, sino que además las tareas de inteligencia y espionaje interno se reiteran a pocos días de los últimos hechos denunciados lo que podría hacer sospechar que se trata de un plan sistemático de espionaje interno a cargo del Ministerio de Seguridad que buscaría naturalizarse en la vida cotidiana de los cordobeses en el marco de una creciente conflictividad social producto del brutal ajuste que recae sobre la población.
Todas estas prácticas realizadas por la Policía de Córdoba, además de ilegales, invaden el marco laboral de los trabajadores de prensa quienes se nuclean en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA) y son identificados en el Registro de Trabajadores de Prensa (RETRAPEN).
En este caso, la Policía de Córdoba denigra la labor periodística y embarra la ética de la genuina prensa cordobesa. ¿Qué pasaría en Córdoba si un periodista se disfrazara de policía?
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla