El Fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón (foto de portada), pidió la elevación a juicio de la causa incoada contra el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la Marcha contra el Hambre realizada el pasado 5 de abril acusándolo -junto a otros dirigentes sociales- como “coautores de los delitos de Desobediencia a la Autoridad e Impedimento u Obstrucción de Transporte o Servicios Públicos en concurso material (arts. 45, 239, 194 y 55 del Código Penal)”.
Junto a Giuliani fueron citados a juicio Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano.
A la hora de describir los hechos el Fiscal asegura que “en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna ‘Piquetazo Nacional’ que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires el día tres de marzo de 2023, los imputados (con diferente grado de participación -Giuliani figura como adherente a la medida-) lideraron la protesta en la ciudad de Córdoba”.
A renglón seguido y en un claro ejercicio de la remanida máxima de actuar como juez y parte, el Fiscal de Aragón cita: “El cuadro probatorio se integra con Testimonial de Waldo Marcos Fernández Feddy; Comisario Mayor Iván Alejandro Rey, Gustavo Ramón Ceballos, Osvaldo Alejandro Moyano, Cabo Primero Néstor Daniel Amin, Sargento Pablo Roberto Torres, Cabo Ezequiel Oliva, Sargento Hugo Flores, Comisario Javier Adolfo Ercoli”.
Los principales testigos de la Fiscalía son los propios policías entrenados para reprimir los piquetes y recurrentes protagonistas de casos de “Gatillo Fácil”. Por otra parte, “se incorporó a la investigación un informe de ‘Fuentes Abiertas’ confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones relevando los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados” y “se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policia Judicial (DIO) analizando: Los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 ‘piquetazo nacional’, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados”.
El espionaje a las organizaciones libres del pueblo para reprimir la movilización y el reclamo colectivo va de la mano con lo afirmado oportunamente por la Jefa de la Policía, Liliana Zárate, quien confirmó que la Fuerza realiza en la previa de cada marcha un seguimiento de los perfiles de redes sociales de los dirigentes, y que la identificación in situ de los organizadores no es inconveniente ya que despliegan policías de civil y cuentan con el registro de cientos de cámaras dispuestas en la mayoría de las esquinas del casco céntrico de la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para sofocar el conflicto social que atenta directamente contra el estado de Derecho.
La CTA-A rechaza y repudia el asedio judicial
La CTA-A Córdoba repudió en un comunicado de prensa la ofensiva política, judicial y mediática contra los movimientos populares y remarcó que “en lugar de atender la agenda de necesidades que plantean la pobreza, la falta de trabajo, el hambre y la inseguridad, el Gobierno -a través de la Justicia adicta- persiga y procese a los que salimos a la calle para denunciar la crisis económica y social que se lleva puesto los derechos básicos a una vida digna que padece la inmensa mayoría de la población”.
“Es inaceptable que ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha necesariamente se profundiza, las prácticas persecutorias y criminalizadoras de la protesta social se refuercen. Una decisión de estas características pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para quienes luchan frente a tantas injusticias”, enfatiza la nota.
Y agrega: “Seguiremos denunciando e interviniendo cada vez que los reclamos genuinos y legítimos de la clase trabajadora se resuelvan criminalizando y judicializando la protesta. Ni luchar ni protestar es delito. Desde nuestra organización no claudicaremos en este reclamo, menos aún cuando tocan a un compañero, y seguiremos exigiendo el cese de la persecución política. Rechazamos la imputación y nos convocamos a redoblar fuerzas para poner freno al destino que quieren imponer a dirigentes y luchadores populares”.
“El Gobierno y la Justicia de Córdoba tienen que tener ‘tolerancia cero’ con la corrupción, la inseguridad que golpea a los que menos tienen, la violencia institucional de la Policía, el hambre y la marginalidad crecientes, en lugar de asediar a los que luchan para que vuelva a imperar la Justicia Social en la provincia y el país”, remata la declaración de la CTA-A de la provincia de Córdoba.