Difundimos el Informe sobre los datos al 2do. trimestre 2020, “El peor momento de la pandemia y la necesidad imperiosa de universalizar ingresos”, elaborado por Claudio Lozano, Agustina Haimovich y Ana Rameri, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).
Para Lozano, “en solo un trimestre hay 5 millones de pobres más y dos millones de indigentes más. Al segundo trimestre del año 2020 y sin haber un horizonte claro de resolución de la situación epidemiológica, los niveles de pobreza treparon al 47,2% y la indigencia al 12,4%”.
Concretamente, el período que aquí se analiza contiene, por lo tanto, los meses más críticos que fueron abril y mayo, cuando la caída de la actividad tuvo una variación del orden del -26%.
No obstante, los esfuerzos fiscales realizados las cifras de pobreza y hambre dan cuenta que actualmente estamos orillando el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza y a pesar de los refuerzos alimentarios (a través de la tarjeta Alimentar) el hambre afecta al 12%.
Es inevitable entonces concluir que, si bien la intervención del gobierno fue activa, ésta fue insuficiente. Entre las limitaciones más importantes podemos señalar el carácter bimestral que ha adquirido el IFE que se disponía en principio a ser una transferencia mensual de $10.000 pero que en la práctica transfirió a lo sumo $5.000, valor que por otra parte apena cubre una porción muy mínima de una Canasta Básica.
Es preocupante que en el proyecto de ley del Presupuesto para la Administración Pública Nacional del año 2021 se asuma la detracción de los refuerzos brindados por el COVID-19.
Resulta imprescindible, por lo tanto, pararse sobre la novedad que resultó ser el IFE para robustecer su alcance y mejorar la calidad de la contención social brindada por el estado.
Hoy con mayor énfasis, proponemos establecer una Renta Básica Universal para la Emergencia, y también extenderla durante la postpandemia, compuesta por un Salario Universal y la Asignación por Hijo que permita conformar un umbral de dignidad social, un piso salarial efectivo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y darle impulso al mercado interno para que ponga en marcha la capacidad ociosa y reactivar la economía.
Hacia un umbral de dignidad social
En solo un trimestre hay 5 millones de pobres más y dos millones de indigentes más. Durante el semestre completo, por efecto de la pandemia, se sumaron 4,1 millones de personas a la pobreza y 1,7 millones no logran alimentarse adecuadamente. Al segundo trimestre del año 2020 y sin haber un horizonte claro de resolución de la situación epidemiológica, los niveles de pobreza treparon al 47,2% y la indigencia al 12,4%. Estos son los números que describen una de las crisis más importantes de las últimas décadas. El hundimiento de las condiciones de vida de la población en un período de tiempo extraordinariamente breve hizo retroceder 17 años en el tiempo para ubicarnos en un escenario similar al experimentado unos meses después de la última gran crisis ocasionada por la salida de la convertibilidad.
No pueden comprenderse la magnitud del empobrecimiento del segundo trimestre 2020 sin considerar el contexto de la pandemia a escala mundial y los efectos de la única medida efectiva para el cuidado de la salud de la población, la cuarentena, hasta tanto no se descubra vacuna o tratamiento adecuado. Con la población recluida se produce un shock simultáneo de oferta y demanda, donde se desploman ingresos y se paraliza la producción con la sola excepción de ciertas actividades esenciales, y se coloca a la economía bajo las condiciones de una espiral depresiva. La caída de la actividad económica, del empleo, del comercio exterior, la parálisis de sectores de actividad enteros durante los meses del confinamiento social más estricto e incluso un posterior relajamiento de la cuarentena que no termina de consolidarse en un repunte efectivo, forman parte de las razones de estos números. Concretamente, el período que aquí se analiza contiene, por lo tanto, los meses más críticos que fueron abril y mayo, cuando la caída de la actividad tuvo una variación del orden del -26%.
Sin embargo, la información sobre la magnitud que asume el deterioro del tejido social también da cuenta de la efectividad que ha tenido el estado para afrontar los efectos nocivos de la crisis pandémica, aspecto que brinda singularidad a los distintos países en el tratamiento del problema global. En nuestro país, desde el inicio se puso en práctica de manera inmediata una red de contención para el sector más vulnerable de la población (jubilados, asignación universal, desocupados y trabajadores informales) dando lugar a la experiencia del Ingreso Familiar de Emergencia que generó un salto de calidad en materia de política de ingresos extendiendo el acceso a un ingreso a casi nueve millones de personas con inserciones laborales endebles. Asimismo, el programa ATP fue decisivo para contener el empleo asalariado formal.
No obstante, los esfuerzos fiscales realizados las cifras de pobreza y hambre dan cuenta que actualmente estamos orillando el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza y a pesar de los refuerzos alimentarios (a través de la tarjeta Alimentar) el hambre afecta al 12%. Es inevitable entonces concluir que, si bien la intervención del gobierno fue activa, ésta fue insuficiente. Entre las limitaciones más importantes podemos señalar el carácter bimestral que ha adquirido el IFE que se disponía en principio a ser una transferencia mensual de $10.000 pero que en la práctica transfirió a lo sumo $5.000, valor que por otra parte apena cubre una porción muy mínima de una canasta básica familiar, cerca del 10%. Por otra parte, el diseño de ampliación focalizada que adquirió el programa terminó por dejar afuera a una parte importante de población que incluso denotaba inserciones laborales informales o precarias. En este marco, el estancamiento de las jubilaciones y pensiones y los retrasos salariales agravan aún más la condición de ingresos de la población configurando una demanda por demás debilitada e incapaz de motorizar un proceso de recuperación de la actividad económica.
Lo curioso es que, en este marco, el gobierno haya descartado la alternativa de garantizar ingresos al conjunto de la población por la vía de transferencias universales, ya que incluso de producirse una eventual salida de la pandemia, el problema sanitario terminaría, pero la pobreza queda. Es preocupante que en el proyecto de ley del Presupuesto para la Administración Pública Nacional del año 2021 se asuma la detracción de los refuerzos brindados por el Covid-19. No es suficiente la aclaración a favor de la voluntad de sostenerlo en caso de continuar la emergencia pandémica porque el nivel deterioro social alcanzado, independientemente de la pandemia, precisa en realidad de la multiplicación de las medidas desplegadas.
Resulta imprescindible, por lo tanto, pararse sobre la novedad que resultó ser el IFE para robustecer su alcance y mejorar la calidad de la contención social brindada por el estado. Hoy con mayor énfasis, proponemos establecer una Renta Básica Universal para la Emergencia, y también extenderla durante la postpandemia, compuesta por un Salario Universal y la Asignación por Hijo que permita conformar un umbral de dignidad social, un piso salarial efectivo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y darle impulso al mercado interno para que ponga en marcha la capacidad ociosa y reactivar la economía.
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