Liberales conservadores y fraude en Villa María

Por Jesús Chirino*

A lo largo de la historia de nuestro país, muchos se han presentado como quienes tienen la receta para salvarnos de los “malos gobiernos”, pero en realidad terminaron cometiendo atropellos contra la mayoría de la población. Un ejemplo es el de los liberales conservadores que llevaron adelante el primer golpe de Estado exitoso

“Década infame”

En la primera década del siglo pasado, los liberales conservadores del Partido Autonomista Nacional (PAN) se diferenciaron en dos líneas internas. La más moderada, influenciada por las protestas y planteos de la Unión Cívica Radical y los anarquistas, llevó a la Presidencia a Roque Sáenz Peña, quien sancionó, en 1912, la Ley del Voto Universal, Secreto y Obligatorio (que no contemplaba el voto femenino). En 1916, el radicalismo, mediante elecciones, llegó al poder, pero en 1930, los liberales conservadores del país consideraron que ya era suficiente de “excesos” y derrocaron al Gobierno que había surgido de la voluntad popular.

A partir de ese golpe de Estado, nuestro país quedó inmerso en lo que se conoce como la “década infame”. Esta designación fue propuesta por el periodista José Luis Torres y refiere a la época que va desde el derrocamiento del Gobierno radical hasta 1943. Ese período de  la historia argentina se caracterizó por la proscripción de la Unión Cívica Radical y el fraude electoral como método para hacerse de los cargos de Gobierno.

Fraude por “la Patria”

A lo largo de la historia pueden verificarse innumerables atrocidades y matufias realizadas tanto en nombre del bienestar general como de la Patria. Un claro ejemplo es el fraude electoral cometido en la década infame, dado que aquellos que lo llevaban adelante lo defendían diciendo que se trataba de un “fraude patriótico”.

En Villa María, las prácticas del poder local no se diferenciaban de las que se daban a nivel nacional. Así tenemos que un decreto municipal, fechado el 31 de octubre de 1931, con la firma del comisionado local, estableció que cada empleado con derecho a votar debía entregar su documento al Poder Ejecutivo, quien lo retendría hasta el día de las elecciones. Era el regreso de una vieja costumbre del conservadurismo, que retenía los documentos hasta concurrir a las urnas para que “votaran bien”.

Los defraudadores “patrióticos” locales

Luego del golpe de Estado de 1930, en la ciudad, varios comisionados estuvieron a cargo de la Intendencia municipal. Entre estos se cuenta el alférez de navío Eliseo Vila y el abogado Juan Carlos Casas, y, el 22 de octubre de 1931, Manuel Arijón asumió ese cargo, que retuvo hasta que llegara al cargo el intendente electo en las elecciones municipales de diciembre de 1931.

La firma de Manuel Arijón está al pie del decreto municipal 165 “A” (1931), en cuyos fundamentos señala: “Debiendo verificarse el próximo domingo 8 de noviembre elecciones nacionales y provinciales de acuerdo a las convocatorias respectivas…, el comisionado municipal decreta”. En el primer artículo designó “el día viernes 6 de noviembre próximo, a las 9 horas, para que todos los empleados dependientes de este D.E. con derecho a voto presente a esta Intendencia sus libretas de enrolamiento, bajo pena de suspensión del empleo al que no lo hiciera”.

Este Decreto es un documento contundente de la concreción, en Villa María, de aquello que los liberales conservadores denominaban “fraude patriótico”.

Primera elección con el “fraude patriótico”

En las referidas elecciones del 8 de noviembre se eligieron gobernador, senadores y diputados de la provincia para el período 1932/1936. En ese acto electoral también se votaron candidatos al cargo de presidente de la Nación (período 1932/1938).

Ese mismo año se había realizado la primera elección importante desarrollada después del golpe de Estado contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen. La misma tuvo lugar el 5 de abril en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato radical se alzó con la victoria. Ante el resultado arrojado por las urnas, el Gobierno nacional anuló las elecciones, alegando que el pueblo “no había aprendido a votar”.

Aquel resultado hizo que el régimen dictatorial entendiera que mediante elecciones democráticas no podría alejar del poder a los radicales y puso en marcha el fraude como método para hacerse con los cargos de gobierno. A partir de allí, el radicalismo, con muchos dirigentes presos o exiliados, no presentó candidatos.

En Córdoba fueron las primeras elecciones bajo el régimen fraudulento, el radicalismo no presentó la fórmula que había proclamado para la Gobernación y fue así que el candidato conservador del Partido Demócrata Nacional, Emilio F. Olmo, se alzó con casi el 75% de los votos en la provincia.

En el decreto municipal se dejó en claro que “las libretas serán devueltas el día de la elección, a las 7 horas, por Secretaría”. Es claro que no se respetaban los derechos de los empleados y mucho menos su opinión política. El tercer artículo de la norma estableció que la “Inspección General vigilará el cumplimiento del presente decreto, de parte del personal a sus órdenes”. Retener los documentos a los ciudadanos, cuando no a los electores mismos, era una práctica que el PAN desarrolló por mucho tiempo. En la época de la restauración conservadora y el “fraude patriótico” volvieron a retener documentos, incluso desde el propio Gobierno local. Lo que no dice el Decreto, pero era habitual, es que, a primera hora, los políticos liberales “acompañaban” a los dueños de los documentos para que “votaran bien”.

Así, una vez más, quienes se presentaron para salvar el pueblo y la Patria de los supuestos “excesos” cometidos por el Gobierno de Yrigoyen, en realidad, sumergieron al país en una época de represión y violación de derechos civiles y políticos.

*Docente. Periodista. Secretario General de la Unión de Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTAA). Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María

Fuente: www.eldiariocba.com.ar