‘Los Monos’ y su marca de sangre en Río Cuarto

Cristian Ortiz y Mariano Rivarola estaban decididos a disputarle el liderazgo a Claudio Torres. La aceitada ruta de compra y venta de estupefacientes daba réditos millonarios. La organización criminal les permitió adquirir departamentos y autos de alta gama que ostentaban sin pudor. Sin embargo, algo se había resquebrajado y creyeron necesario ir por todo. Aniquilar al zar de las drogas se habría convertido para ellos en una obsesión. El Fiscal Fernando Moine pudo determinar que unos meses antes del asesinato, Ortíz y Rivarola se habrían reunido en Rosario para buscar “saldar las desavenencias” con Torres. Tenían un objetivo y necesitaban un plan. La logística quedó en manos de sicarios relacionados a la banda narco de Los Monos, la organización criminal que convirtió a la tercera ciudad del país en un reducto de lujos indecentes, tiroteos a plena luz del día y cadáveres que se cuentan por centenares cada año.

En su requisitoria de elevación a juicio, el fiscal precisó que Ortíz y Rivarola optaron por contratar a expertos a sueldo “para evitar ser reconocidos de la víctima y para despejar cualquier hipótesis de sospecha sobre sus personas”. El acuerdo homicida se negoció tras varias reuniones en antros de las bandas narcos rosarinas. La logística para la ejecución del homicidio habría quedado en manos de cuatro sospechosos, aunque en la causa solo aparecen imputados Néstor Nicolás Robledo y Jonathan Daniel Palacios.

A las 20,32 del 16 de enero del 2018, dos sujetos aguardaron pacientes el arribo de Torres a su vivienda en calle Laprida 1264. Uno de los hombres estaba sobre la plaza pública frente a la casa de Torres. El otro, disimulaba esperar un colectivo en la garita de colectivos. A las 21,01, Torres llegó junto a Gabriel Bossi en un Audi TT y en el lugar se encontró con Jorge Luis Etcharren y Gustavo Germán Salinas. Con gestos sigilosos y sangre fría, los asesinos desenfundaron dos pistolas calibre 11.25 mm y 9 mm y caminaron amparados por la oscuridad. En apenas segundos, ejecutaron al menos 15 disparos.

La autopsia sobre el cuerpo de Torres reveló el ingreso de seis impactos de bala en el rostro, el cuello y las extremidades. También Salinas sufrió heridas de consideración. Con la certeza de haber cumplido con lo acordado, los sicarios huyeron hacia la esquina de Laprida y Tomás Guido donde los esperaba el conductor de una Renault Kangoo. El vehículo se dirigió por ruta 8, hasta alcanzar el kilómetro 598. Allí se deshicieron del utilitario y lo prendieron fuego “para borrar todo posible rastro del delito”. Un cuarto integrante de la banda los esperaba en otro rodado que no pudo ser rastreado. En la casa de Torres, la evaluación de las pruebas estaba en manos del oficial Gustavo Oyarzábal, el Jefe de Investigaciones de la Policía condenado tres años después por ser cómplice y encubridor de la organización narco.

Moine consideró probada “la existencia de un pacto para encomendar un homicidio con una promesa de pago” y advirtió que “la responsabilidad penal como autores del crimen debe ser igual para quien mata, como para quien ordena matar”. En los fundamentos, el fiscal sostuvo que Ortíz y Rivarola “contaron con el aporte de la banda narco-criminal rosarina ‘Los Monos’ y encomendaron la ejecución del plan a cuatro mandatarios, entre los que se encuentran identificados Néstor Nicolás Robledo y Jonathan Nicolás Palacios”.

La pesquisa sobre la disputa por el liderazgo de las operaciones narcos en Río Cuarto determinó que en noviembre y diciembre del 2018, Torres y los imputados por el homicidio mantuvieron una pelea por un cargamento de estupefacientes. Moine sostuvo que Ortíz y Rivarola comenzaron a crear una red de contactos en la ciudad de Rosario, con distintas personalidades que podían brindarles medios y experiencia”. Para avanzar, necesitaban ser quienes tomaban las decisiones y al parecer, eso incluía “saldar cuentas” con Torres.

Unos días antes de asesinar al Zar de las drogas, los sicarios “prepararon el terreno de actuación, liberando el espacio de la presencia de la fuerza policial aeroportuaria que vigilaba” desde hacía un tiempo los movimientos de Torres. El juez Federal Carlos Ochoa había optado por convocar a la FPA debido a las complicidades de otras fuerzas federales con los narcos locales. Los asesinos “conocían los movimientos de la víctima y el horario exacto de llegada a su domicilio”. Eso les permitió analizar y elegir “vías de escape rápidas y evitar que Torres pudiera sospechar de la presencia de los homicidas en cercanías de su propia casa. Los autores materiales, “sabiendo que Torres estaba completamente desprevenido, actuaron con rapidez y determinación, no le dieron tiempo a él ni al resto de las personas con las que se encontraba, de intentar algún tipo de defensa”.

Ortiz y Rivarola no sólo habrían participado de “la planificación, preparación y organización del homicidio”, sino que habrían “tomado las decisiones e impartieron las órdenes, asegurándose de que fueran cumplidas. Los investigadores sospechan que Ortiz “siguió con especial recelo la ejecución del plan y posiblemente haya estado en un lugar cercano a donde finalmente fue hallado el vehículo utilizado por los autores materiales”.

En el juicio a los implicados en la banda que lideraba Torres se determinó que el zar de la droga riocuartense estaba relacionado a un “narcolavador” porteño al que apodaban “Patán”, un sujeto ligado al empresario Luis Medina. Las crónicas judiciales precisaron que Medina fue masacrado a balazos en Rosario “de un modo similar a Torres”.

Para la Justicia Federal riocuartense, el nombre de Claudio Torres no pasaba desapercibido. El juez Carlos Ochoa había tenido severas dificultades para profundizar su investigación sobre la banda de narcolavado debido a las sospechas de encubrimientos y complicidades con organizaciones criminales que habían incluido a agentes de Gendarmería y jefes policiales de la Unidad Departamental. Ochoa no tuvo más remedio que convocar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En 2016 los agentes fueron reconocidos por Torres mientras lo perseguían. En una demostración de poder, el líder narco se bajó de su auto y fotografió al automóvil en el que se trasladaban los efectivos. El Juez Federal había logrado determinar que la banda obtenía los estupefacientes a través de organizaciones en Santa Fe, Buenos Aires, Bolivia y Paraguay. La droga era transportaba en camiones y otros vehículos hacia Río Cuarto. En la ciudad se las ocultaba “en galpones, quintas o viviendas bajo control de los imputados. En estos lugares se “la fraccionaba y acondicionaba, antes de ser almacenada y enviada a otras provincias y a Chile”.

El dinero obtenido se invertía en inmuebles y automóviles con testaferros para permitir su blanqueo, con el aporte técnico de expertos contables. Para evitar ser captados, no compartían una misma estructura de funcionamiento, sino que cada uno de los implicados desarrollaba su propia estrategia de lavado. El negocio parecía generar cada vez más lazos con la cobertura de los vínculos policiales, aunque algo comenzó a desmoronarse en la ambición por conducir la millonaria ruta de comercialización. ‘Los Monos’ ya habían extendido sus lazos en Río Cuarto para saldar el pacto criminal que sacudió la tranquilidad de aquella noche de verano.