Las versiones de redes sociales que el gobierno de Javier Milei promueve sobre el cierre de las 59 oficinas que los Centros de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo social conlleva, en el caso de concretarse, la pérdida del acceso directo de la población vulnerable a trámites indispensables, para hacer efectivos los derechos que establece la normativa vigente.
Así, como pudo verse estos días respecto a la distribución de remedios específicos de enfermedades con tratamientos de alto costo, como el caso del ‘cáncer’, que el Estado no garantiza a los pacientes que ya venían recibiendo las drogas, inaccesibles para la mayoría de la población, con el saldo lamentable de pacientes que fallecieron por no recibir medicamentos oncológico -como el caso de una joven de Villa María-, estos sectores solo tienen en los CDR, a través de su inmensa rede federal, la ventana para poder gestionar sus derechos.
Para eso, los CDR cuentan con personal altamente calificado que se ocupa de llevar adelante dichas gestiones. En Córdoba son 53 los profesionales dispuestos para tal fin que el gobierno pretende no renovar contratos (su inmensa mayoría, con largos años de antigüedad) o trasladar compulsivamente en el caso del personal de planta.
Qué derechos
Entre la enorme gama de trámites y gestiones que realizan las y los trabajadores de los CDR, podemos enumerar:
1- Pensiones no contributivas.
2- Monotributo social.
3- Tarjeta Alimentar.
4- Programa Acompañar.
5- Potenciar Trabajo.
6- Gestión de medicación oncológica y tratamiento de alto costo.
7- Cambio de titularidad de Asignación Universal por Hijo y Salario familiar.
8- Asistencia y financiamiento a los centros de desarrollo infantil y comedores comunitarios.
9- Acompañamiento y asistencia económica a las situaciones de Violencia de Género.
Infancias vulneradas
El personal afirma que con el cierre de los CDR se verá debilitado el sistema de protección de derechos para las infancias y adolescencias en barrios y localidades de la provincia.
Se trata de políticas públicas que el Presidente Javier Milei, y su séquito de funcionarios neofascistas, pretende dejar a la deriva, potenciando la vulneración de sectores ya castigados por la crisis y la pobreza estructural que azota nuestra Argentina. De recorrer el listado queda claro que son todas políticas que el Estado implementó para hacer valer derechos para que no sean papel mojado.
Desde ATE están dando la pelea necesaria para que estas políticas de Estado sigan vigentes, en el marco del compromiso gremial de fortalecer el Estado para liberar la Nación.
Fuente: www.atecordoba.org