Por Daniel Jorajuría*
Con la idea de “modernizar, democratizar y transparentar” los sindicatos, unos 36 Diputados Nacionales de la oposición elaboraron un proyecto de ley intentando regular las organizaciones sindicales de los trabajadores.
Entre sus puntos salientes, impone a los sindicalistas la obligación de presentar declaración jurada de su patrimonio y de familiares hasta el 4° grado sanguíneo. Además, no permite la reelección indefinida ni que un secretario general sea sucedido por un familiar.
El proyecto también establece incompatibilidades para integrar la comisión directiva, expresamente no podrán serlo: los procesados por delitos de corrupción, los condenados por ilícitos realizados ocupando cargos públicos, las personas que ocupen cargos partidarios o cargos electivos nacionales, provinciales o se desempeñen como funcionarios públicos, perciban sueldos, honorarios, viáticos o comisiones de otras asociaciones civiles.
Por último restringe la representación en los lugares de trabajo; y los representantes se verían obligados a cumplir por lo menos con un 50% de la jornada laboral.
Este proyecto parece más un operativo anti-sindical para ser presentado en un año electoral, con objetivo electoralista, apuntando a juntar votos por el desprestigio de algunos sindicalistas. Sorprende que quienes defienden un sistema liberal a ultranza pretendan violar la autonomía de la voluntad. No pueden ellos, por ley suplir la voluntad de los trabajadores. Peor aún intentan imponer reglas de representación y de legitimidad solo a uno de los sectores o factores de poder, que serían legítimas si esas limitaciones, esas condiciones y esas obligaciones fueran para todo el modelo representativo sindical-obrero, sindical-patronal, cargos políticos de ejecución, de representación, etc.
Si fuera la regla general hasta podría ser una norma constitucional y sería legítimo, pero no, intentan que solo uno de los factores o sectores de poder se sometan a una regla de representación que no le exigen a los demás y lo paradójico más allá de que uno acuerde o no con alguna de ellas, es que no consultan con los trabajadores, ni con el sindicalismo, ni oficialista, ni opositor. Sale por generación espontánea, se les ocurre y avanzan.
Recordemos que algo parecido había presentado Patricia Bullrich, cuando era Ministra de Trabajo en el Gobierno de la Alianza y nuestra Central lo rechazó por ser sólo para los representantes sindicales de los trabajadores y no de los patrones, pero para demostrar que no teníamos vergüenza de nuestro patrimonio presentamos ante el juez la declaración jurada de toda la conducción de la CTA y la presentamos en una conferencia de prensa pública.
Por otra parte, lo primero que deberían saber estos 36 legisladores nacionales de Juntos por el Cambio-UCR, que la actividad sindical y su representación está regida por normas universales aprobadas tripartitamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que deben ser cumplidas por todos sus estados miembros y, en ese sentido, si el estado argentino está en falta y ha sido observado sistemáticamente por los Órganos de Control de la OIT por no adecuarse la ley 23.551 que rige esta materia, con el Convenio 87 de OIT de rango superior a dicha ley, que protege la libertad sindical y el derecho de sindicación.
Ley que también ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en varios de sus artículos por violar el convenio 87 y otorgar el monopolio de representación y derechos exclusivos a las organizaciones con personería gremial y negárselas a las simplemente inscriptas.
Agravado, además, porque el Estado argentino con la misma ley ha otorgado la pluralidad sindical al sector público y negado al sector privado donde aún sostiene el unicato sindical, discriminando a las demás organizaciones. Este proyecto de Juntos por el Cambio-UCR justamente no ataca ninguna de esas violaciones.
Nuestra Central ha bregado desde su constitución por la democratización del movimiento obrero.
La Ley de Asociaciones Sindicales es un traje que nos quedó chico. No contiene la realidad de toda la clase y peor aún con la Resolución 36/98 excluye de la representación sindical al 50% de los trabajadores, cuando el propio convenio 87 establece que “los trabajadores sin ninguna distinción (TODOS) y sin autorización previa, tienen derecho de construir la organización que estimen conveniente”.
En este sentido, el fundador de nuestra CTA y de Unidad Popular, Víctor De Gennaro, junto a nuestra Central, elaboró y presentó oportunamente como vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para una nueva ley de organizaciones de trabajadores/as sindicalizados; proyecto de ley que resolvía todas las incompatibilidades de la ley 23.551 con el Convenio 87 de OIT, contemplando la realidad de la clase, profundizaba la libertad y la democracia sindical, igualaba los derechos de las organizaciones sindicales, terminando con la discriminación de 1.500 gremios simplemente inscriptos; terminaba con el ingreso de plata “envenenada” que entra a los sindicatos vía “cuota solidaria”; los convenios colectivos y aumentos salariales lo aprueban los trabajadores; los dirigentes sindicales no podían ser patrones, entre otras propuestas. Por último excluía al ministerio de trabajo de ser el encargado de disciplinar y convertir la autonomía de los trabajadores en dependencia del poder gubernamental que les impide obtener su reconocimiento y extensiones territoriales.
*Secretario Gremial de la CTA Autónoma
Fuente: www.agenciacta.org