Transformar a policías municipales en guardias pretorianas o dotar de ‘armas no tan letales’ a la seguridad privada, son medidas que implican una avanzada peligrosísima que atenta contra la vigencia de los derechos humanos y responde al discurso retrógrado y de ultraderecha que bajan los socios del Gobernador Llaryora desde el Gobierno Nacional.
La obsesión por el control policial de la población llega al colmo con la reiteración -en menos de quince días- de sendos episodios de espionaje ilegal. Por el primero de los casos, ocurrido durante la Marcha multitudinaria del 20 de diciembre en conmemoración del “Argentinazo”, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, presentó en la Justicia junto al abogado Claudio Oroz, una denuncia penal por “tareas ilegales de inteligencia y espionaje” violatorias de artículos de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional y del artículo 37 de la Constitución Nacional contra la Sargento, Claudia Melián, y el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Un día antes, había hecho lo propio la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
En este contexto de violencia institucional, despidos de trabajadores con años de contratos en negro, alta inflación, permanente aumento de la Canasta Alimentaria y consecuente pérdida de poder adquisitivo, los estatales llevarán a cabo la medida de fuerza de este martes que, aparte de condenar las cesantías de personal precarizado del Estado Provincial, servirá como un peldaño en el Plan de Lucha que tendrá nuevas estaciones el 15 y 24 de enero, para rechazar la ofensiva política, judicial, policial y mediática contra el pueblo trabajador y los sectores medios que no van a esperar de brazos cruzados ser ‘carneados’ por las políticas de sometimiento dictadas por el FMI que los arroja a la banquina y los deja sin futuro.
Se ha convocado a los sindicatos combativos, organizaciones piqueteras y políticas, movimientos sociales y a la comunidad en su conjunto, a defender los derechos, de los trabajadores y ciudadanos, que el actual Gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, ataca ejecutando despidos masivos en todos los organismos esenciales para la sociedad cordobesa.