El presente informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTAA) explica los alcances en materia de criminalización social del proyecto de Ley Ómnibus del Gobierno.
El Proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación incluye una modificación del Código Penal que lleva la criminalización de la protesta social a niveles no vistos desde la última dictadura militar. Para ello, modifica el artículo 194 de ese código, imponiendo sanciones muy severas contra los organizadores y participantes de manifestaciones y reuniones en el espacio público.
Se trata de una norma muy amplia que fue utilizada en forma generalizada durante la década del ’90 para abrir causas penales contra quienes llevaban adelante cortes de ruta en el marco de la resistencia a las políticas económicas de los gobiernos de Menem y De la Rúa.
En los últimos años esta figura volvió a utilizarse como mecanismo de persecución de las luchas sociales que se expresan en el espacio público y está en el centro de la argumentación del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” lanzado por la gestión actual.
Las restricciones al derecho a reunirse y manifestarse no se quedaron ahí, y en el caso de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo se los enfrentó a la disyuntiva de renunciar a su ejercicio como condición para no ser excluidos de su alcance.
Ver informe completo: Documento IEF a propósito del capítulo seguridad interior del proyecto de ley ómnibus
Fuente: www.ctaa.org.ar