A 40 años del retorno democrático, un relevamiento financiado por la Unión Europea entre personas de 16 a 29 años de todo el país arrojó cinco ejes prioritarios a los que, consideran, deben apuntar las políticas públicas. A contramano de los libertarios, las propuestas resaltan el rol del Estado.
Desde una perspectiva local, y en las vísperas de la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina,una consulta realizada a jóvenes de entre 16 y 29 años de todo el país —y cofinanciada por la Unión Europea (UE)— relevó sus prioridades, preocupaciones y demandas en base a cinco ejes fundamentales: educación, matriz productiva, pobreza, transición verde justa y política exterior. Para todos surgieron propuestas que dan cuenta de una mirada de fuerte intervención estatal en articulación con la sociedad y la academia.
El relevamiento se realizó a partir de foros virtuales, realizados en 2022, en el marco del proyecto “40 años de democracia. Consensos y prioridades de las juventudes y la dirigencia política”, liderado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE), y cofinanciado por la Unión Europea. Lo que surgió de allí fue debatido entre marzo y julio de 2023 en cinco mesas regionales, de las que participaron más de 250 especialistas, académicos y funcionarios.
Durante este proceso se identificaron cinco prioridades de políticas públicas: justicia educativa y articulación con el mundo del trabajo, empleo joven, lineamientos para un plan nacional de energía, política integral de mejoramiento de viviendas y estrategia de política exterior al servicio del desarrollo local y nacional.
Justicia educativa y articulación con el mundo del trabajo
En un contexto en el que sólo el 13% de los y las estudiantes que ingresan al primario llega al último año de secundaria a tiempo y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática, el relevamiento tuvo a la educación como uno de los ejes.
De los jóvenes encuestados, el 63% manifestó que la escuela secundaria no responde a los intereses de los y las estudiantes, el 67% opinó que tampoco acompaña a aquellos y aquellas en situación de riesgo de exclusión y el 70% advirtió que la educación secundaria no facilita la transición hacia el mundo del trabajo.
Como contrapartida, las propuestas de transformación de la escuela secundaria se apoyó en tres pilares: 1) implementación de Sistemas de Alerta Temprana para prevenir la exclusión escolar; 2) extensión de la jornada escolar y; 3) estrategias de vinculación de la escuela secundaria con el mundo del trabajo.
Empleo Joven
En 2022, la tasa de desocupación fue tres veces mayor en jóvenes (21.2%) que en el promedio poblacional (7.1%) y alcanzaba un 22.5% en el caso de las mujeres de entre 18 y 24 años, según los datos que arroja la última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Por otra parte, la informalidad en jóvenes (68,3%) se ubicó más de 30 puntos porcentuales por encima del promedio (37,4%).
En esta línea, se propuso impulsar una política de empleo joven —consensuada entre el Estado, el sector empresarial y los sindicatos—, que mejore la situación laboral de los y las jóvenes al mismo tiempo que vele por el respeto de sus derechos.
Política integral de mejoramiento de viviendas
En un contexto donde uno de cada tres hogares de Argentina no es una vivienda adecuada, 1,3 millones necesitan una vivienda nueva y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y mejoras clave en las suyas —según datos del Observatorio Federal Urbano—, se debatió una propuesta también en este sentido.
La misma se basa en tres ejes: asistencia financiera a hogares para poder mejorar las condiciones de habitabilidad; asistencia técnica obligatoria que corrobore la necesidad de refacción y garantice su viabilidad; y articulación interjurisdiccional entre los distintos niveles del Estado para una aplicación efectiva que contemple la integración socio-urbana, la planificación territorial y la provisión de infraestructura.
También se destacó la importancia de involucrar a la comunidad, cooperativas, academia y organizaciones civiles en la ejecución de la mejora de viviendas, aprovechando su conocimiento y redes, así como la posibilidad de establecer acuerdos entre gobiernos locales e instituciones educativas o profesionales para brindar asesoría técnica.
Lineamientos para un plan nacional de energía
Segmentación tarifaria mediante, en la actualidad el 70% de los hogares abona menos de 20% del costo real de la energía. Según el análisis de CIPPEC y REDAPPE, estos subsidios significaron el 2% del PIB y representaron el 82% del déficit primario. “Este escenario va en detrimento de la planificación e inversión a largo plazo, el desarrollo de infraestructura, y dificulta el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de los compromisos asumidos por el país”, sostienen.
Como propuesta, desde la Región Patagonia se señaló a la transición energética como una oportunidad para la formación, capacitación y generación de empleos. También hubo consenso en lo referente a una política energética enmarcada en un plan integral de desarrollo, atendiendo criterios de sostenibilidad ambiental y económica.
Estrategia de política exterior al servicio del desarrollo local y nacional
En la consulta a jóvenes, se halló que, en relación a la Cuestión Malvinas, el 84% de quienes fueron consultados cree que puede aportar a través de la generación de estudios, actividades de concientización, elaboración y difusión de propuestas.
Por otro lado, más del 54,20% de las juventudes cree que la integración y la cooperación regional son procesos claves para la recuperación económica pospandemia de Argentina.
En lo que refiere al grado de federalismo, el 77% manifestó que considera que la política exterior argentina sólo tiene en consideración a algunas provincias (mayormente CABA, Buenos Aires y Córdoba).
Se señaló la necesidad de promover instancias de participación ciudadana y diálogos intersectoriales en el diseño y ejecución de la política exterior; trabajar por una mayor participación de los gobiernos subnacionales en la toma de decisiones en las estrategias de inserción internacional; fortalecer las capacidades y recursos estatales en relaciones internacionales; consolidar la articulación del sector público/privado/academia y elaborar estrategias para potenciar el desarrollo productivo local y regional orientado a aumentar las inversiones y el comercio exterior.