“Desde el Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) repudiamos y denunciamos el pedido de elevación a juicio del fiscal Ernesto de Aragón de la imputación a seis dirigentes sindicales y sociales de la Provincia de Córdoba, acusados por ‘delitos por desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción del transporte o servicios públicos en concurso material’. Cabe aclarar que algunos de los imputados son miembros de organizaciones que forman parte de este Consejo Consultivo y que la imputación mencionada está referida a la manifestación realizada en la ciudad de Córdoba el día 5 de abril del presente año.
“Entre las pruebas que utilizó el funcionario judicial para acusar a los dirigentes sindicales y sociales se encuentran una serie de tareas básicas de espionaje, prohibidas por la Ley de Seguridad Interior. Una de ellas es un informe confeccionado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones. Allí se da cuenta de un relevamiento ‘de los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados’ y ‘se adiciona al plexo probatorio, los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO) analizando los antecedentes de la movilización del día 5-4-2023 piquetazo nacional, el lugar del hecho, las publicaciones de prensa de las agrupaciones y de los medios de comunicación, y el lugar que ocupan en la estructura de las organizaciones y gremios cada uno de los imputados’. También fueron secuestrados y peritados los teléfonos celulares de los dirigentes, sin participación de peritos de parte.
“Este tipo de prácticas llevadas adelante por el Poder Judicial se enlazan con las admitidas por la propia Jefa de la Policía de Córdoba, Comisario General Liliana Zárate Belletti, tal lo señalado por ella a distintos medios, donde detalló que la fuerza realiza tareas de inteligencia cada vez que se realizará alguna movilización, que incluye la actuación de infiltrados y personal de civil, como ocurrió en épocas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar-eclesiática.
“Como organismo universitario abocado al monitoreo y la observación de la plena vigencia de los Derechos Humanos; advertimos esta situación, apelamos al accionar de las instituciones democráticas pertinentes en la materia y nos solidarizamos con los imputados y sus organizaciones.
“A 40 años de Democracia, seguimos luchando por su defensa y profundización”, finaliza la declaración del Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC.