OPINIÓN
Por Jesús Chirino*
Al poder político no le gusta que le digan las malas cosas que hace, pero los trabajadores no somos de callarnos y levantamos la voz por nuestros derechos. Es por ello que tratan de amedrentarnos y realizan acciones que intentan disciplinarnos para lograr el silencio. En esa lógica se enmarcan las imputaciones a trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, incluidos dirigentes de ATE.
En este caso la Justicia actuó con la celeridad que le falta cuando reclamamos los trabajadores. Se los acusa de daños e instigación a la violencia por lo sucedido en una manifestación pública llevada adelante luego de 78 despidos en la mencionada unidad fabril. Fue una marcha que se produjo luego de la violencia que significa la mentira de la vicepresidenta de la Nación que, en octubre, dijo “no habrá despidos en la Fábrica Militar” y a los pocos días un grupo de trabajadores fue dejado en la calle.
Durante todo 2018 fueron despidiendo trabajadores con varios años de antigüedad, el último grupo de ellos recibió la noticia a las puertas de la celebración de año nuevo. Resulta difícil pensar la razón que lleva a despedir gente en medio de las tradicionales celebraciones familiares. Es claro que no existe un momento adecuado para dejar sin trabajo a alguien pero ¿es necesario hacerlo en estos momentos?.
Uno se pregunta ¿Por qué tanto ensañamiento de parte del “mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años”? ¿Por qué construir esperanza con la mentira de la vicepresidenta y luego golpear echando trabajadores? Es claro que podrían haber optado por una reactivación integral de la Fábrica, pero no, prefirieron estos golpes.
Y luego de eso las denuncias del Pro y los procesamientos judiciales a los trabajadores. Está claro que cultivan el miedo. Todos estos actos violentos, desde la institucionalidad del gobierno, pretenden amedrentar para lograr que se silencien las voces de protesta. De estas violencias, desgraciadamente, conocemos los villamarienses.
Por ir a un par de ejemplos bastante cercanos podemos recordar que en enero del año 2000, militantes del MTS-Izquierda Unida pintaron el puente Alberdi (el que ahora luce un costoso jardín vertical para que nadie lo vuelva a pintar). Habían escrito denunciando las iniciativas del gobierno de José Manuel de la Sota para privatizar el Banco de Córdoba y la Empresa Provincial de Energía Eléctrica. El entonces funcionario de la intendencia municipal de Eduardo Accastello, José Escamilla, junto al abogado de la UCD, Pilar Monesterolo, denunciaron a los jóvenes militantes.
La Justicia los procesó por destrucción de la propiedad pública. Pero no callaron las voces de protestas, por el contrario muchas organizaciones y vecinos denunciamos el atropello. Hasta el recordado Padre Hugo Salvatto se pronunció en el mismo sentido. Gracias a esos apoyos y el gran trabajo de la abogada María Elba Martínez del SERPAJ, a los ocho meses resultaron absueltos.
Viniendo más cerca en el tiempo también encontramos otro acto violento del poder político (de los tantos). En diciembre de 2011 el municipio, otra intendencia de Accastello, también eligió las festividades de fin de año para despedir medio centenar de trabajadores contratados bajo la excusa de que la medida obedecía “a una reestructuración del funcionamiento y operatividad del gobierno municipal”.
Era otro intento de disciplinar los trabajadores, es tan así que luego de conocerse los despidos, cuenta una compañera que entonces trabajaba contratada en salud, llamaron a una reunión: “todos entrábamos temblando pues creíamos que también seríamos despedidas”. Cuando entraban a la sala de reunión les aseguraban que podían seguir trabajando, eso las aliviaba y así terminaban aceptando que en lugar de contratos mantuvieran una relación laboral más precaria con el Municipio.
Podríamos seguir con ejemplo de este tipo, también continuar señalar situaciones donde aquellos que se niegan a ver los actos de violencia de parte de los gobiernos e intentan magnificar, y descontextualizar, las reacciones de los trabajadores, supieron estar del lado de quienes usaron su poder económico para organizar cortes de rutas, no pidiendo trabajo sino para que el Estado no contara con mayores recursos.
Los intentos disciplinadores de los gobernantes casi que es una constante en nuestra historia, pero también lo es la solidaridad entre los trabajadores. Es claro el grito que los compañeros y compañeras de ATE han pronunciado diciendo que no les tienen miedo ni al gobierno nacional de Mauricio Macri ni a las denuncias de sus representantes locales.
Como también es contundente la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la Fábrica Militar que necesita una reactivación para reincorporar todo el personal despedido, en eso debe trabajar seriamente lo/s político/as, ellos manejan resortes del poder político. No hace falta que se escondan detrás de discursos altisonantes, sino trabajo concreto para que todos los despedidos vuelvan a trabajar y los manifestantes dejen de ser procesados políticos por actos de protesta.
*Secretario General de la Unión de Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTA): Secretario Gremial de ela CTA Autónoma Regional Villa María